Cuando hace unos días la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, anunció en el Congreso su intención de poner en marcha un pacto de Estado contra las violencias en la infancia, muchos se sorprendieron que lo hiciera poniendo dos temas sobre la mesa: la necesidad de crear una subcomisión para llevarlo a cabo y que dicho pacto incluyera el debate sobre la custodia compartida en los casos de separación o divorcio.

Las expertas, expertos y miembros de grupos parlamentarios consultados por Público coinciden en afirmar que que ni una cosa ni la otra tienen sentido en este contexto y que incluir la custodia compartida en la negociación es, cuanto menos, "inapropiado".

La creación de una subcomisión dentro de la propia comisión de Infancia del Congreso es, para muchos, una medida poco eficaz y que sólo se explica si de lo que se trata es de extender los plazos sin tomar medidas concretas. En cuanto a la inclusión del debate sobre la custodia compartida, es considerada como una clara amenaza para conseguir el consenso de las fuerzas parlamentarias.

Justo un día antes del anuncio de la ministra, la organización Save the Children había hecho público un informe en el que denunciaba que 100 menores habían sido asesinados en los últimos cinco años en España, un 36% de ellos como consecuencia de la violencia de género. 

Una de las peticiones clave de esta organización es que se apruebe lo antes posible una ley integral contra la violencia en la infancia, que el Gobierno se comprometió a tener lista el próximo mes de septiembre, pero que sin embargo no figura en el plan normativo que el pasado mes de diciembre aprobó el consejo de ministros para este año. Es decir, la aprobación de esta ley que el Congreso en pleno acordó tener lista en septiembre de este año, no figura en los planes del Gobierno para 2018.

"Creemos que es importante que haya un acuerdo, llámese pacto de estado o de otra forma, pero no creemos que tenga que hacerse en una subcomisión, que es un órgano no legislativo, sino en otro que tenga mucha más entidad, como tiene el Pacto de Toledo, por ejemplo, y que debería centrarse en la inversión en infancia", afirma Catalina Perazzo, responsable de programas de la Infancia de Save the Children.

"Nosotros creemos que la custodia compartida no debería ser impuesta, sino que debería analizarse caso por caso y teniendo siempre en cuenta el bien superior del menor, pero es un tema que no tiene nada que ver con este pacto y que debería ser tratado en otro entorno", añade Perazzo.

Custodia Compartida impuesta, un arma de violencia

Todos los expertos consultados coinciden en que la custodia compartida es la medida idónea en una separación, siempre que haya mutuo acuerdo entre las partes, pero que se convierte en una arma de violencia y opresión si ésta es impuesta, o si la separación es una forma de poner fin a la violencia de género.

Ángeles Álvarez, portavoz de igualdad del grupo Socialista, afirma que la discusión de una ley o un pacto por la infancia no es el ámbito adecuado para abrir este debate y que éste debería estar en el marco de las políticas de igualdad o de justicia. 

"Quienes reivindican de forma más beligerante y quienes han presionado a las autoridades para que la custodia compartida se imponga de forma vinculante son, prioritariamente, las asociaciones de padres vinculadas a la crítica al feminismo y a la ley de violencia de género, los que difunden el bulo de las denuncias falsas y los que propugnan la necesidad de acabar con la ideología de género", afirma Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la violencia de género.

Para este experto no se puede vincular la custodia compartida a un marco de violencia en la infancia, porque es un entorno equivocado. 

Recuerda que el 73% de las mujeres que sufren violencia de género en nuestro país (según la macroencuesta de 2011) salen de ella a través de la separación o el divorcio y que por tanto imponer la custodia compartida en este contexto "va a suponer de hecho la imposibilidad de que tanto la mujer como sus hijos e hijas puedan salir de esa violencia", afirma Lorente.

Sofía Castañón, diputada de Unidos Podemos y vocal de la comisión de la Infancia, asegura no entender el interés por realizar esta modificación en el Código Penal en este momento y denuncia que calificar de "preferente" la opción de la custodia compartida, tal como aprobaron en el Congreso el Partido Popular y Ciudadanos, significa, de hecho, imponerla. 

El pasado mes de junio, el Partido Popular apoyó una moción de Ciudadanos para que la custodia compartida se estableciera como "fórmula preferente" en las separaciones, con la salvedad de los casos en los que existiera violencia de género. Según Castañón, es absurdo que se obligue a las mujeres a denunciar para que este tipo de custodia no se considere como la preferente. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que se deciden a presentar una denuncia sigue siendo ínfimo.

"No existe ningún estudio sobre los efectos de la custodia compartida en los niños y niñas. Desde la sociedad civil estamos pidiendo desde hace mucho tiempo que se realice un estudio serio sobre el efecto en los menores porque nos consta que este tipo de custodia impuesta incrementa la violencia de género", afirma Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis,

"Muchas mujeres saben ahora que separarse puede implicar obligatoriamente la custodia compartida y que por tanto la mitad del tiempo los hijos van a estar con el padre maltratador. Y que lo van a utilizar como forma de continuar con la violencia. Hay que tener en cuenta estos factores para tener cuidado con esa toma de decisiones que en apariencia quedan muy bien, que parecen muy justas y equitativas, pero que en el fondo no lo son", añade Lorente.

Para este experto, se ha construido la idea de que la custodia compartida es una medida de igualdad, y que la no compartida supone el intento de las mujeres de chantajear a los hombres para quedarse con los hijos, la casas y la paga, que ellas tratan de chantajear a los hombres. "Se perpetúa el mito de la perversidad de las mujeres, al igual que en el tema de las denuncias falsas, cuando la realidad es que la mayoría de las resoluciones judiciales de basan en la demostración objetiva de quién ha estado más pendiente del cuidado y atención de esos niños, quién los llevaba al pediatra, quién acude a las reuniones del colegio, son ellas.