En pleno debate parlamentario por la legalización de la eutanasia, el gran símbolo reciente de esta lucha en España se enfrenta a un nuevo revés judicial. Ángel Hernández, que ayudó hace casi un año a morir a su mujer María José Carrasco –enferma terminal de esclerosis–, ha visto como su recurso al Supremo ha sido rechazado, lo que supone que su caso regrese a un juzgado de Violencia contra la Mujer.

Este contratiempo ha trascendido el mismo día en el que Hernández ha donado 300.000 euros del legado de su esposa a los fondos del Proyecto M1 de investigación de Esclerosis Múltiple España. El viudo ha detallado que la decisión de donar el legado de su mujer esta tomada "desde hace muchos años" y ha destacado que su historia "no es una historia de amor sino de lucha".

En lo referente al rechazo judicial –que se debe a una cuestión formal y no de fondo, según el Supremo–, este lleva a Herández al punto de partida. En primera instancia, la Audiencia de Madrid defendió que esta cuestión –en la que se juzga un delito de cooperación al suicidio– era competencia del juzgado número 5 de Violencia sobre la Mujer, alegando que faltaban pruebas para descartar un posible caso de violencia machista. Una hipótesis que Hernández niega tajantemente y trató de probar mostrando los cuidados que proveía a su mujer. 

El Supremo señala un defecto formal

El Supremo indica que esa decisión no es recurrible porque el caso de Hernández no cumple los requisitos formales para ello, lo que en la práctica implica que seguirá instruyéndose por el momento en dicho juzgado especializado, que ya ha tomado declaración a varios testigos y cuenta con un informe psicosocial que indica que María José Carrasco era consciente de su voluntad y capaz de decidir, según las fuentes.

La defensa de Hernández, ejercida por la abogada Olatz Alberdi, se muestra "decepcionada" con la decisión, a su juicio errónea, del Supremo y cree que era "importante" que hubiese mostrado su postura sobre un caso en el que, insiste, falta ese requisito de violencia necesario para que fuese competente dicho juzgado.

Vuelta al punto de partida

También se opuso en su día la Fiscalía, que vio un trato de "cooperación y auxilio a un deseo expreso, manifiesto y patente" de la mujer. Sin embargo, en el procedimiento en el Supremo, el fiscal pidió la inadmisión al estimar también que el asunto no era recurrible pese a que en un primer momento consideró que Ángel Hernández estaba legitimado para recurrir.

La investigación recayó en un principio en el juzgado de instrucción 25, si bien se inhibió al de Violencia sobre la Mujer, cuya titular rechazó asumirla al considerar que la fallecida expresó a su marido "de forma seria e inequívoca" su intención de poner fin a su vida.

Sin embargo, la Audiencia le volvió a enviar en caso. Según aquella resolución, en ese momento no constaba entre la documentación información como el "pen-drive" con las imágenes en las que Carrasco manifiesta su deseo de morir y el consentimiento expreso a ingerir una sustancia.