El Tribunal Constitucional (TC) ya tiene fecha para intentar dictar la sentencia del Estatut de Catalunya, aunque parece difícil que lo logre. El próximo miércoles, día 19, los diez magistrados que participan en las deliberaciones de la resolución más importante que tiene pendiente el alto tribunal volverán a reunirse para estudiar en detalle la última propuesta, la primera del vicepresidente, Guillermo Jiménez, que es bastante más dura que la que se sometió a votación el pasado 16 de abril y que fue rechazada por seis votos frente a cuatro.

El nuevo ponente disponía de 15 días plazo que ya ha sobrepasado para presentar un nuevo texto a sus compañeros con un objetivo: lograr más apoyos, los suficientes para dictar sentencia. Ahora todas las opciones pasan por haber encontrado un acuerdo entre los magistrados más conservadores del alto tribunal y Manuel Aragón, nombrado a propuesta del Gobierno y hasta el pasado 16 de abril considerado más afín al sector de magistrados progresistas del TC. Los cuatro magistrados que votaron a favor de la propuesta de la anterior ponente, Elisa Pérez Vera, no están dispuestos a admitir más inconstitucionalidades que las que contenía ese borrador.

Por eso, el conciliar tan dispares voluntades parece una labor complicada, teniendo en cuenta que Aragón contribuyó, junto a la presidenta, María Emilia Casas, a enriquecer el texto de la anterior ponente, aunque luego votó en contra. Por su parte, uno de los magistrados más conservadores, Javier Delgado, consideraba inconstitucionales la mitad de los preceptos impugnados por el PP (112 artículos y 12 disposiciones). Entonces se informó que el reparo de Aragón al texto pasaba porque no incluía en el fallo la primacía de la soberanía española por encima de la nación catalana mencionada en el preámbulo del Estatut.

El borrador que el miércoles estudiará el Pleno del Constitucional y que desde esta semana tienen todos los magistrados, después de que Jiménez rehiciera los tres fallos que distribuyó a finales de abril entre los más conservadores, tiene que ser mucho más duro que el de la anterior ponente Pérez Vera, que preveía declarar inconstitucionales 15 artículos del Estatut e interpretar otros 24.

El contenido y resultado del próximo Pleno dependerá del acuerdo que el texto de Jiménez haya provocado. Si no cuenta con seis votos, no se convertirá en sentencia. Y, en ese caso, se abrirá un abanico de posibilidades que dependerá de las peticiones que formulen los magistrados durante la reunión. Podrían consistir en un nuevo cambio de ponente o en buscar otra fórmula para redactar la sentencia en la que llevan trabajando más de tres años y medio.