La sala de urgencias de un hospital no es el lugar más propicio para que una pareja de adolescentes solucione un condón roto. Así lo consideran los especialistas de la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) que exigen al Gobierno la creación de una red de centros de apoyo a los jóvenes como el primero de los problemas a resolver en materia de educación sexual.

Los jóvenes de 23 provincias españolas, entre ellas todas las de Castilla y León, carecen de un centro de apoyo exclusivo para jóvenes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda abrir uno de estos centros por cada 10.000 jóvenes. En España habría que duplicar los recursos para llegar a ese nivel.

"En la región no los llamamos centros de planificación familiar, sino Unidades Ginecológicas de Apoyo", explica un portavoz del Gobierno de Murcia. Esta comunidad autónoma es una de las cuatro que según la FEPE carecen de centros adecuados para la atención a jóvenes junto con Castilla y León, Extremadura y La Rioja.

Los adolescentes de estas comunidades no pueden acudir a la unidad ginecológica sin un paso previo por un médico de familia convencional. Ese es uno de los errores básicos de la prevención sexual para jóvenes en España, según los expertos. Muchos de los adolescentes siente pudor a la hora de consultar sus dudas mezclado con pacientes de todo tipo. Esos reparos provocan muchos embarazos no deseados entre menores que en un amplio porcentaje derivan en una interrupción voluntaria del embarazo.

La FPFE calcula que sólo existen en España 169 centros que cubran las funciones necesarias. "Son centros, servicios o consultas de carácter público, u organismos subvencionados por entidades públicas, que prestan una atención específica a jóvenes, con un horario y espacio para ellos y que cuentan con presencia médica de forma permanente", definen.

La subvenciones del PP

El 83% de estos centros está concentrado en cuatro comunidades: Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía. Ese dato no significa que garanticen una educación sexual y prevención adecuadas. La federación atribuye a la descentralización de las competencias de la Sanidad un descontrol por parte del Estado sobre las políticas de prevención sexual.

En el punto de mira de la crítica aparece la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP). Según los expertos, los madrileños lo tienen más difícil para acceder a la píldora del día después. Denuncian que los servicios de Urgencias de los hospitales públicos tienen orden de no dispensarla.

Es ahí donde aparecen las asociaciones ultra conservadoras que se autodenominan pro-vida. Un 70% de las subvenciones a centros para jóvenes en Madrid ha ido a para a estas asociaciones.