Los perjudicados en el llamado Caso Urbanor (28 accionistas vinculados al Grupo San Martín y Grupo Astor) recordaron hoy en un comunicado que Alberto Cortina y Alberto Alcocer ("Los Albertos") tienen pendiente el pago de 40 millones de euros.

El Tribunal Constitucional estimó ayer parcialmente el recurso de amparo presentado por "Los Albertos" contra la decisión del Tribunal Supremo y concluyó que los hechos habían prescrito.

"La decisión de la Sala II del Tribunal Constitucional no modifica las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo que declararon que "Los Albertos" habían estafado a sus socios minoritarios de Urbanor en la venta de los solares de Plaza Castilla", según los afectados.

"Los dos financieros condenados tienen pendiente el pago de más de 40 millones de euros en indemnizaciones a las víctimas de la estafa y se sentarán otra vez en el banquillo por los nuevos delitos de falsedad documental, denuncia falsa y estafa procesal en grado de tentativa, cometidos en el 'caso de la carta falsa'", según el comunicado.

A pesar de que la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha otorgado parcialmente el amparo solicitado por "Los Albertos", en cuanto a la prescripción de los delitos cometidos, ha desestimado la demanda de amparo en todo lo demás, recuerdan los afectados.

El Tribunal Constitucional ha ratificado que Cortina y Alcocer cometieron los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, con ocasión de la venta al Grupo KIO de los terrenos de Urbanor en la Plaza Castilla de Madrid, según el comunicado.

Los afectados destacaron que la sentencia del Tribunal Constitucional libra a los condenados Cortina y Alcocer de ingresar en la cárcel, mientras que confirma la Sentencia del Tribunal Supremo en cuanto al resto de pronunciamientos, incluyendo la obligación por parte de los condenados de indemnizar a los estafados.

Este grupo recuerda que 'Los Albertos' sólo han satisfecho a los perjudicados la parte que corresponde a los intereses del dinero estafado, mientras que tienen pendiente el pago del principal de la indemnización a la que fueron condenados, y que asciende aproximadamente a 40 millones de euros.