La asistencia jurídica gratuita, en apuros: ¿por qué baja el número de abogados del turno de oficio si la demanda crece?
La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales.
El Ministerio de Justicia se remite a las recientes declaraciones de Bolaños en las que se comprometió a aprobar la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita "en los primeros meses de 2026".
Madrid--Actualizado a
Hay muchos motivos para defender la asistencia jurídica gratuita, pero el principal es que se trata de un derecho recogido en la Constitución. "La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", sostiene el artículo 119 de la Carta Magna.
Pero, como la sanidad, la educación o la dependencia, no es la primera vez que la salud de este servicio público está en cuestión. De hecho, a ojos de quienes lo sostienen, "la situación siempre ha estado deteriorada", comenta a este medio Alejandra Jacinto, abogada del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y adscrita al turno de oficio de la rama Penal por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Si bien, la tendencia descendiente del número de abogados inscritos en los últimos años hace sonar las alarmas. En 2024, la cifra se situó por primera vez por debajo de los 40.000. Y no solo eso, esta bajada se produce en un contexto de aumento de la demanda de este servicio y de crecimiento del censo total de abogados. Es decir, cada vez son menos los letrados que componen el turno de oficio pese al aumento de las solicitudes realizadas por los ciudadanos.
"Con la excepción de Andalucía y Valencia, los abogados del turno de oficio bajaron en 2024 en todas las comunidades, con lo cual cada vez son menos abogados atendiendo un número de asuntos cada vez mayor. La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial", destaca el XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-La Ley sobre el servicio prestado en 2024.
Este documento recuerda que el descenso en las cifras del turno de oficio lleva produciéndose varios años. En 2019 estaban adscritos al turno 45.868 abogados en toda España (el 31,2% de los 146.978 ejercientes), mientras que en 2024 eran solo 39.941 (el 26,8% de los 148.867 colegiados). En cinco años, el número de profesionales de oficio se ha reducido un 13%.
Por contra, las peticiones de asistencia jurídica gratuita a lo largo de 2024 ante los 83 Colegios de la Abogacía o en los juzgados siguieron la tendencia al alza de los últimos años hasta alcanzar los 1,1 millones en 2024, lo que supone un aumento del 5%. "Se confirma así la demanda creciente de este servicio, esencial para garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los sectores más vulnerables de la población", apostilla el informe.
Baja remuneración, la principal causa
Las condiciones en las que se presta el servicio explican por qué cada vez son más los letrados que se dan de baja del turno de oficio. "El problema que tenemos es, por desgracia, la precariedad que sufrimos a todos los niveles, pero especialmente en el tema la retribución", resume Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de la Abogacía Española.
Este letrado del turno de oficio, decano del Colegio de Abogados de Cartagena, pone el foco en el Ministerio de Justicia, encargado de asumir el coste del servicio en aquellas autonomías que no tienen transferidas las competencias en materia de medios de la justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Illes Balears, Murcia, Ceuta y Melilla), así como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional (AN).
"Somos prácticamente los que tenemos los parámetros de retribución más bajos", apostilla Méndez en unas declaraciones a Público. Tal como refleja la comparativa por CCAA de los procedimientos más comunes incluida en el último informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, las retribuciones del ministerio se encuentran en los últimos puestos en la mayoría de asuntos. Como ejemplo, por un procedimiento penal abreviado, el departamento que dirige actualmente Félix Bolaños paga 291,60 euros frente a los 440 euros que abona el País Valencià.
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Cabe señalar que esta brecha se ensancha todavía más si se compara un mismo procedimiento llevado por un abogado del turno de oficio y uno perteneciente a un despacho particular. "Por un procedimiento ordinario, podemos estar hablando de cobrar de 280 a 300 euros frente a los 3.000 o 3.500 euros que puede cobrar un abogado independiente en casos como una reclamación de cantidad".
Pero sin duda, el ejemplo más paradigmático es el de los abogados del turno de oficio de la Audiencia Nacional, donde se juzgan delitos de terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales y corrupción a gran escala. "Si te toca una macrocausa, a la que le tienes que dedicar un mes entero, por ejemplo, teniendo vistas todas las semanas, pues al final del procedimiento, con suerte, a lo mejor te pagan 500 euros. Eso puede ser la ruina para cualquier abogado", comenta Méndez.
La Audiencia Nacional se enfrenta a una renuncia masiva
Aunque los órganos centrales son competencia del Ministerio de Justicia, los letrados que pueden actuar ante la Audiencia Nacional son del turno de oficio del Colegio de la Abogacía de Madrid, el colegio profesional con más abogados de Europa. El pasado mes de diciembre, el ICAM se unió al llamamiento de renuncia masiva al turno de oficio de la AN promovido por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo).
Altodo, creada en 2020, hizo esta llamada de auxilio hasta que se garantice una retribución "digna" y "acorde con la responsabilidad" que asume el colectivo. En palabras de Luis Álvarez, tesorero de la organización a la que también pertenece el decano del ICAM, Eugenio Ribón, la situación no puede esperar más.
"Nuestras renuncias entrarán en vigor en el mes de febrero y veremos qué pasa", afirma, además de asegurar que, según las cifras que manejan desde Altodo, al menos un 25% de la plantilla del turno de oficio ha causado baja. Este diario se ha puesto en contacto con el colegio madrileño para conocer el número exacto de bajas, pero al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.
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Aunque la inscripción en el turno de oficio es voluntaria, asegurar este servicio público es de carácter obligatorio. "No sabemos cómo va a hacerlo el colegio [ICAM] con respecto a cómo va a turnarlo si no hay suficientes letrados para llevar el turno, pero el colegio nos apoya", añade Álvarez.
Ante esta situación, Ribón trasladó por escrito al presidente de la Audiencia Nacional la "precariedad de las condiciones económicas y materiales del Turno, advirtiendo del riesgo para la calidad del servicio, el derecho de defensa y el funcionamiento de la Audiencia Nacional".
De hecho, la Sala de Gobierno de la AN recogió el guante. Según consta en el acta de la reunión del pasado 15 de diciembre, este órgano manifestó "la preocupación por esta situación" y dio "traslado de la comunicación referida a los miembros de la Sala de Gobierno para su conocimiento y a los efectos oportunos".
Otras mejoras más allá de las económicas
Frente a esta posición, el letrado penalista Endika Zulueta, que acumula 38 años de experiencia como abogado del turno de oficio, pide a Ribón que muestre la misma contundencia con la Comunidad de Madrid a la hora de exigir una mejora de las condiciones, ya que el Gobierno autonómico "se encarga de muchos más asuntos" que la Audiencia Nacional. "Ribón ataca solo una parte. Reivindica ante el Gobierno central, y no lo hace frente al Gobierno autonómico que preside su 'amiga' Ayuso", dice Zulueta en declaraciones a Público, ya que ".
El jurista pide otras "reivindicaciones más allá del dinero", que afectan al propio trato "desigual" que reciben también los clientes del turno de oficio. "Se trata de personas que carecen de recursos económicos y son los que más sufren persecución penal", esgrime. Asimismo, cuestiona una de las demandas que piden algunas asociaciones, como que los abogados del turno de oficio sean considerados agentes de autoridad. "Sería sospechar de nuestros propios clientes", apostilla.
Zulueta, que pertenece a la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), recuerda una queja común en la organización relacionada con su pretensión de eliminar las barreras discriminatorias. "Cuando entramos a la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, a nosotros nos hacen pasar por el arco de metal, mientras que el resto de agentes jurídicos que van a trabajar igual que nosotros no tienen que hacerlo".
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Luis Álvarez también recuerda otras situaciones que explican por qué cada vez más abogados rechazan el turno de oficio. "Un ejemplo es que llegas al juzgado, se ha suspendido la vista y no te han avisado". Otras veces, cuando se trata de un detenido en comisaría, "te informan en líneas generales" del caso, lo que incide de manera negativa en la defensa del ciudadano.
Alejandra Jacinto subraya que, más allá de la remuneración, un aspecto que no debería incidir en la calidad del servicio, "el turno de oficio es el último eslabón en la preocupación de la instancia judicial". Por ello, reconoce que, junto a sus compañeros de despacho, "tenemos un debate casi mensual sobre si nos merece la pena seguir en el turno".
Si bien, comenta que, ante esos planteamientos, se impone el "compromiso" con el servicio público de acceso a la justicia. "Hay que defenderlo. Lo mismo que peleamos por la lista de espera de los hospitales y los comedores escolares en la pública, también tenemos que hacerlo con el turno de oficio", clama.
Una reforma "inaplazable"
Para garantizar la sostenibilidad de este servicio esencial para la democracia, Ángel Méndez, como representante del Consejo General de la Abogacía Española, urge al Ministerio de Justicia a sacar adelante una reforma "inaplazable". "Estamos teniendo reuniones con el ministerio al objeto de que salga cuanto antes una nueva ley de justicia gratuita que resuelva todos estos problemas", cuenta.
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Desde el departamento que lidera Félix Bolaños se remiten a las recientes declaraciones del ministro en las que se comprometió a aprobar la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita "en los primeros meses de 2026". La norma, según el ministerio, "modernizará" la regulación del servicio público de asistencia jurídica gratuita, especialmente en lo relativo a "la definición de insuficiencia de recursos para litigar, el ámbito personal de aplicación, los requisitos para tener derecho a esta prestación o la organización de los servicios de asistencia jurídica especializada y turnos de oficio".
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