Moreno Bonilla contenta a la caza con una orden para eliminar los animales que atacan a las presas de los cotos
La medida era una de las promesas que el presidente de Andalucía hizo al sector de la caza en 2022. Afectará al zorro y la urraca, que deberán ser sacrificados "a la mayor brevedad posible" mediante el uso de pistolas de perno o arma de proyectil libre.
El plan de control ha sido elogiado por los cazadores de Andalucía y rechazado por organizaciones conservacionistas por carecer de base científica y atentar contra la biodiversidad.
Sevilla--Actualizado a
La Junta de Andalucía ha aprobado una orden que permite eliminar con trampas y lazos zorros, urracas y otros animales, una exigencia de los cazadores para acabar con los depredadores que matan a las perdices y conejos que ellos abaten en sus cotos. La decisión ha sido muy criticada por organizaciones ecologistas, científicas y defensoras de los animales, al considerarla un grave retroceso en la protección de la fauna silvestre.
La orden, publicada el 30 de diciembre, en plenas fiestas navideñas y a pocos meses de las elecciones autonómicas, era un compromiso del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, que en la campaña para los anteriores comicios andaluces, los de 2022, firmó el Pacto Andaluz por la Caza, cuyo lema era "la caza también vota". Tras la firma, el dirigente popular dijo que había "muchos prejuicios" que quería "derribar" y, para empezar, aseguró que la protección del medio ambiente es una "constante" en el mundo de la caza.
La Federación Andaluza de Caza ha acogido con gran alborozo la orden de la Junta, una normativa que "el sector cinegético andaluz lleva reivindicando 22 años -desde la aprobación de la Ley de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía- como una herramienta fundamental para frenar el declive de la biodiversidad y la caza menor en nuestra región", declaró la organización tras conocer su publicación. "Es un día histórico para la caza andaluza", resumió su presidente, José María Mancheño.
El PP, desde su ejecutiva en Málaga, la provincia de Moreno Bonilla, también saludó con regocijo la orden para eliminar con trampas zorros y otros depredadores, valorando el compromiso del presidente andaluz con los cazadores para saldar "una deuda histórica". Tal satisfacción obedece, también, a que, en la disputa por la captación del voto de la caza, la ultraderecha de Vox había exigido a la Junta que "cumpliese de una vez" los compromisos que había adquirido con ese sector.
Y la caza es un sector que mueve mucha gente y mucho dinero, según los datos del Plan Andaluz de Caza aprobado por la Junta para el periodo 2023-2033: más de 160.000 licencias para cazar en 7.500 cotos que abarcan el 81% del territorio de la comunidad, con un sector que genera 71 millones de euros de beneficios directos y un impacto en el PIB andaluz de 3.500 millones, dando empleo a unas 45.000 personas.
Como respuesta a la reivindicación de ese potente sector, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente aprobó la orden para la acreditación y las funciones de los controladores de predadores cinegéticos y los métodos de captura homologados. En ella se establece el control excepcional de especies cinegéticas y ejemplares asilvestrados (gatos y perros abandonados) cuando concurren razones por daños a las poblaciones de otra fauna silvestre o perjuicios importantes a la ganadería, agricultura, bosques y montes.
La Junta entiende que ha habido "un incremento natural de algunas poblaciones de depredadores", aunque no precisa la cantidad, y considera necesario regular su control cuando la caza de esas especies en los periodos autorizados no sea suficiente para ello. El zorro, la urraca, el jabalí y animales de compañía asilvestrados son las especies que, según la orden, podrán ser capturadas, en unos casos con lazos de cables de acero y en otros con jaulas trampa.
Los ejemplares de zorros y urracas capturados deberán ser sacrificados, según la orden de la Junta, "a la mayor brevedad posible" mediante el uso de pistolas de perno o arma de proyectil libre, mientras que los animales de compañía asilvestrados habrán de ser puestos a disposición de la entidad local correspondiente para su protección. Cuando caigan en las trampas otras especies, entre ellas las que están protegidas, tendrán que ser liberadas inmediatamente, si es que no han muerto mientras se hallan atrapadas a causa de una deshidratación, autolesiones o ataques de otros depredadores, algo que deberá ser también comunicado.
La normativa regula la formación de las personas que podrán ejercer como controladores y manejar las trampas homologadas, previa solicitud de los titulares del coto o del terreno no cinegético donde se vaya a llevar a cabo el control de daño de los depredadores, cuyos artificios deberán ser supervisados al menos una vez al día. Además, el texto recomienda la limitación del uso en determinadas áreas y, en particular, en las zonas donde hay una presencia estable del lince ibérico.
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Una norma "innecesaria y contraproducente"
La orden de la Junta ha sido, sin embargo, muy discutida por diferentes organizaciones conservacionistas y ecologistas. Una de las que presentó alegaciones es la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), integrada por un millar de profesionales del ámbito de la investigación, la docencia, el estudio y la gestión ambiental, que considera "innecesaria y contraproducente" para las especies silvestres la nueva normativa.
A juicio de la SECEM, no hay fundamentos ni datos científicos que sustenten la necesidad de establecer nuevos métodos y periodos de captura para eliminar zorros, jabalíes y urracas en Andalucía, fuera de la propia actividad cinegética a la que ya estaban sometidas esas especies, si lo que pretende realmente la Junta es mejorar el estado de conservación de las especies cinegéticas afectadas.
"Establecer una nueva figura, la del controlador de depredadores, puede tener un efecto llamada y aumentar la demanda del control de depredadores como medida de gestión de especies presa. Este planteamiento, sin supervisión científica, imparcial y rigurosa, puede ser nocivo para el medio ambiente, pudiendo llegar a comprometer la funcionalidad de los ecosistemas", advertía la Sociedad Ibérica en sus alegaciones.
Su presidente, Javier Calzada, profesor de Zoología en la Universidad de Huelva, que ha estudiado durante varios años el comportamiento del lince ibérico y el zorro, sostiene que en la orden de la Junta hay "muchos despropósitos", entre los cuales algunos pueden afectar a otras especies silvestres no contempladas en la normativa, como tejones, ginetas e, incluso, linces. "A la sociedad -dice a Público- se le transmite una idea del siglo pasado, que debíamos erradicar: que los depredadores son nocivos y los campos tienen que estar libres de ellos, cuando todos son imprescindibles y forman parte de nuestro ecosistema".
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Otro aspecto muy negativo de la orden, a juicio de la SECEM, es que las personas que podrán ejercer como controladores de depredadores no necesitarán tener una amplia formación y capacitación. "Es muy sorprendente que no se les pida titulación alguna, solo que hagan un curso de 30 horas, cuando, incluso, en el borrador de la orden figuraba que serían 40 horas. Les debió parecer mucho eso y lo han reducido. Es ridículo", se lamenta Calzada.
Los conocimientos zoológicos y veterinarios que requiere la labor de una persona que debe decidir si se mata o no a un animal capturado, si es una especie protegida o no, si está herido y dónde, o cómo debe liberarlo, entre otras muchas tareas, no pueden aprenderse en un curso de tan solo 30 horas, según la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos. A su entender, los informes y certificaciones de excepcionalidad para dicho control deberían ser elaborados, en todo caso, por profesionales con formación superior oficial relacionada con la gestión del medio natural, y nunca por el guarda de un coto de caza.
Javier Calzada teme, además, que la norma aprobada por la Junta provoque una "espiral" que favorezca la eliminación de otros depredadores, si los dueños de los cotos de caza presionan para que disminuya en sus propiedades la densidad de sus poblaciones, pero sin evaluar previamente las consecuencias para el ecosistema.
La vuelta de los "alimañeros"
Ecologistas en Acción es otra de las organizaciones que se ha mostrado muy crítica con la orden de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ya que entiende que autoriza "prácticas que habían sido eliminadas de los campos de Andalucía hace décadas" tras causar un "enorme daño" a la biodiversidad. A su juicio, lo que ha hecho la Junta es recuperar la figura del "alimañero" que desde la Edad Media y hasta el final del franquismo se ocupó de eliminar depredadores a los que se calificaba como alimañas, a cambio de dinero u otras prebendas.
"Mataban zorros, lobos, águilas y les pagaban por cada pieza abatida. Eso fue así hasta que salieron los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70 y los ecologistas empezaron a protestar", explica a Público el histórico activista de Ecologistas en Acción Juan Clavero. "En vez de restablecer los equilibrios ecológicos, lo que hacen es alimentar a los alimañeros", añade.
La organización ecologista sostiene que la orden se ha aprobado para cumplir un compromiso del PP con el sector de la caza, pero incumpliendo la Ley andaluza de la Flora y Fauna Silvestres, que dispone que se podrá autorizar excepcionalmente su captura cuando no haya otra solución satisfactoria y no se ponga en peligro a las especies afectadas. "Se vuelve a criminalizar a especies como zorros y córvidos (urraca), sin que exista estudio científico alguno sobre sus poblaciones y los supuestos daños que provocan a unas especies cinegéticas que no son propiedad de los titulares de cotos de caza, sino de toda la sociedad", subraya Ecologistas en Acción.
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Juan Clavero advierte también de que en las trampas y lazos pueden caer otros animales no incluidos en la norma de controladores. "Si cae un hurón o un tejón, no los declararán, porque son depredadores que también quieren eliminar en los cotos. Lo único que quieren es que haya muchos conejos y perdices para cazarlos. Así que Andalucía se llenará de trampas y provocarán un gran daño a su biodiversidad y fauna silvestre", pronostica el histórico activista.
La Sociedad Española de Ornitología, SEO Birdlife, por su parte, admite que se trata de un tema "delicado" que genera diversidad de opiniones. Su delegado en la comunidad andaluza, Jesús Pinilla, ha dicho a este periódico que, según estudios científicos como los del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) del CSIC, hay zonas con sobreabundancia de depredadores que constituyen un problema para la conservación de determinadas especies que nidifican en el suelo, como la perdiz roja.
Los métodos de captura selectiva para los depredadores de esas especies han conseguido, según Pinilla, una mejora de las poblaciones de perdiz roja. "En ese sentido, consideramos que las medidas que se adopten deben ir encaminadas al mantenimiento de poblaciones de animales silvestres. La actividad cinegética no debe dirigirse o prohibir caza de especies con tendencias regresivas", precisa el portavoz de SEO Birdlife.
Atendiendo al alto grado de especificidad de los métodos de control autorizados, y siempre que sean respetados, Pinilla considera que no hay evidencias de que la norma aprobada en Andalucía pueda repercutir en poblaciones silvestres en regresión. "Otra cosa -añade- es lo que haga la gente en el campo. Pero ateniéndonos a la evidencia científica y a cómo está redactada la norma, no creemos que vaya a ser un problema de conservación".
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El zorro, uno de los más afectados
El zorro es uno de los animales más afectados por la orden de la Junta. Según el Plan Andaluz de Caza, es el depredador terrestre más abundante en Andalucía y su tendencia poblacional es "ligeramente decreciente", aunque de forma muy variable según las zonas. De acuerdo con los datos incluidos en ese documento, se han llegado a capturar más de 55.000 zorros anualmente solo en esta comunidad. Dos de sus presas, el conejo de monte y la perdiz roja aparecen como de las más importantes a nivel cinegético y de las que están pasando por "un mal momento".
Free Fox es una organización que se ocupa, con una amplia red de voluntariado, de la protección del zorro en España. Y su presidenta y fundadora, Alicia Roa, califica la orden que acaba de aprobar la Junta de Andalucía como "increíble" y "una absoluta vergüenza". "Se ha hecho sin censo de poblaciones de animales, sin criterio científico, solo basándose en lo que piden los lobbies de cazadores", se queja.
Al igual que Ecologistas en Acción, Free Fox cree que esta norma supone una vuelta a los tiempos de los alimañeros, a las juntas provinciales de extinción de animales dañinos y protección de la caza puestas en marcha durante la dictadura de Franco. "Esas juntas llevaron al borde de la extinción a especies como el buitre y el lince", asegura Roa.
El voluntariado de esta asociación ha rescatado en el campo a muchos zorros malheridos con disparos de cazadores o tras haber caído en alguna trampa. "Los lazos que ponen para capturarlos son como los cables de una bicicleta y, aunque sean homologados, les pueden ahogar, porque ellos se mueven para intentar liberarse. Y eso les causa un gran estrés, se muerden las patas, se mutilan intentando escapar. Muchos mueren deshidratados o son atacados por otros depredadores, por rapaces, por lobos... Es un horror, un absoluto infierno", describe Alicia Roa.
Free Fox se lamenta del trato que recibe el zorro, un animal, a su entender, odiado históricamente, condenado por el ser humano por tratarse de una especie oportunista que aprovecha para comer lo que encuentra a su paso, también frutos. "El zorro -dice la presidenta de la asociación que lo protege- contribuye a la expansión de las semillas de los frutos, es absolutamente imprescindible para los ecosistemas, mucho más que los cazadores que rompen las cadenas tróficas y dejan plomo en el campo, que forman parte únicamente de un negocio".
Sin embargo, según los datos que maneja Free Fox, cada año se llegan a cazar hasta 250.000 ejemplares de zorro, sin contar los que son capturados con mecanismos de control como los que acaba de aprobar la Junta de Andalucía y que ya están implantados en otras comunidades autónomas. "El zorro -asegura Alicia Roa- se puede cazar en todas las modalidades en España, hasta en sus madrigueras, con perros. Y ahora, además, los quieren coger con trampas cuando no es época de caza, así que van a estar todo el año en peligro".
La Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos también destaca la importante contribución que hacen los zorros a la regeneración del monte mediterráneo con las semillas de los frutos que comen y luego excretan. Y Ecologistas en Acción se queja de que la orden de la Junta que permite su captura con lazos fue informada por el Comité de Caza, pero no por el Pleno del Consejo Andaluz de Biodiversidad.
Estudios difundidos por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), el CSIC y la Universidad de Castilla-La Mancha revelan la existencia de alternativas a las capturas de depredadores como la que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz. En uno de ellos se detalla que ese tipo de controles constituye una práctica "relativamente costosa, que supone la muerte de los depredadores y tiene efectos negativos sobre los ecosistemas".
Como alternativa, en ese estudio se propone el control de la depredación mediante la inducción de aversión condicionada, que consiste en usar sustancias químicas en la presa (o en una imitación de esta) que produzcan un efecto adverso desagradable -tipo vómitos, náuseas o diarrea- en el depredador, de modo que éste aprenda a rechazar esa presa en encuentros posteriores. Según el estudio, la aversión puede detener la depredación de nidos de perdiz en el 78% de los zorros condicionados durante toda una temporada de cría.
La Junta forma a cazadores jóvenes
La Junta, además de la orden de controladores de depredadores, ha puesto en marcha otras medidas para apoyar la actividad cinegética, preocupada por el envejecimiento de sus practicantes, que han pasado de tener una edad media de 42 a 52 años en solo una década, tal como advirtió la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en una comparecencia en el Parlamento. Y para animar a los jóvenes a que se apunten a la caza, el Gobierno andaluz ha promovido jornadas de iniciación, zonas específicas para ellos en los cotos e incluso el uso de terrenos públicos. "Queremos garantizar el relevo generacional y la igualdad de oportunidades en un sector de tanta tradición en nuestra tierra", dijo la consejera.
Esta información ha sido actualizada tras una solicitud de la organización SEO Birdlife una vez publicado el artículo para matizar sus declaraciones respecto a la primera versión ofrecida a 'Público'.
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