Alan García se apoya en el partido de Fujimori para salvar sus leyes

Los colectivos indígenas calificaron ayer de "insuficiente e hipócrita" la decisión del Congreso peruano de suspender durante 90 días los 11 decretos aprobados por el Gobierno que originaron graves disturbios en la ciudad amazónica de Bagua. El miércoles, en una maniobra de última hora, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Alan García logró recabar el apoyo de los 13 parlamentarios del Grupo Parlamentario Fujimorista y los 15 del derechista Unión Nacional para demorar la puesta en marcha de las controvertidas leyes "y ganar tiempo para que la protesta se enfríe", expresó ayer vía telefónica a Público un representante político de Perú.

El movimiento indígena celebró ayer un paro nacional que el Gobierno consideró un fracaso. Otras fuentes no fueron tan categóricas y prefirieron apuntar que en la región afectada "la rebelión es cada vez mayor". Cientos de indígenas se manifestaron ayer hasta el Palacio Presidencial en Lima para exigir una investigación independiente sobre los sucesos ocurridos en Bagua. La delegada de la Federación de Comunidades Nativas de la Amazonia (Fenocaya), Valvina Miguel, aseguró que "las movilizaciones no se detendrán hasta que las leyes que atentan contra nuestros derechos sean derogadas".

El Gobierno decidió ayer excluir a la principal organización indígena la Aidesep de Alberto Pizango del diálogo sobre este conflicto. El representante español en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, Bartolomé Clavero, tildó de "burla" esta decisión del Ejecutivo peruano. En su opinión, el principal problema "es el racismo que emana de unas normas que pretenden asimilar al indígena".