La empresa multimedia Amazon, que se dedica fundamentalmente al comercio en Internet, pretende instalar en Andalucía algunas de las fábricas de equipamientos anejas a sus servicios habituales. Sólo que, para ello, desea operar desde Gibraltar en donde las tasas del centro financiero le resultarían más favorables.

Fabian Picardo, ministro principal del gobierno gibraltareño, ha confirmado dicha información aunque sin entrar en detalles precisos: "Necesitan mucho espacio y en el Peñón no lo tenemos -argumentó Picardo en una conversación informal--. Así que podrían instalarse en La Línea. Hay muchas otras empresas interesadas en este tipo de operaciones que podrían trabajar a un lado y a otro de la frontera".

Se trata, como es sabido, de una frontera problemática, que ni siquiera es calificada como tal por parte de las autoridades españolas que insisten en que la soberanía sobre la Roca es innegociable, a pesar de que el primer rey de la dinastía de los borbones se la cediera a Gran Bretaña a perpetuidad, en 1713, hace casi trescientos años.

En el caso de que el Gobierno español aceptara la propuesta de Amazon, su sociedad instrumental quedaría inscrita en el Registar of Companies de Gibraltar, creado en 1930 y que cuenta ya con alrededor de 40.000 sociedades. Sin embargo, desde enero de 2011, Gibraltar ya no es un paraíso fiscal propiamente dicho, puesto que ha pasado de la consideración de centro financiero off shore a centro on shore, lo que obliga a cualquier firma a pagar la llamada company tax, equivalente a un impuesto del 10% sobre la actividad global.

Sin embargo, el grueso de la creación de puestos de trabajo se localizaría en La Línea de la Concepción, con una de las tasas de desempleo mayores de España y cuyo ayuntamiento lleva más de seis meses sin poder pagar regularmente su nómina. En dicho término, o en cualquiera otro donde se decidiera establecer las naves de almacenaje y la factoría propiamente dicha, Amazon pagaría lógicamente la contribución a la seguridad social de sus trabajadores y los impuestos locales, incluyendo el IBI y otras tasas al uso.

"Se trataría del típico negocio conjunto que favorecería a ambos lados", opinaba Picardo el pasado viernes en un encuentro con periodistas españoles. Sin embargo, dicha iniciativa choca de frente con la posición del actual Gobierno español que no reconoce a Gibraltar como interlocutor válido en asuntos que, como éste, podrían rozar aspectos sensibles del contencioso histórico que Gran Bretaña y España mantienen en torno a la soberanía de la Roca.

Ya en el pasado, hubo iniciativas de esta índole que se vieron condenadas al fracaso. Durante el periodo de mandato de Joe Bossano al frente del gobierno del Peñón, una empresa danesa intentó una fórmula parecida, al querer establecer en La Línea una fábrica de componentes tecnológicos, pero operando comercialmente desde Gibraltar. Entonces, la operación se vio entorpecida por el hecho de que se trataba entonces de un centro off shore que merecía garantías internacionales mucho menores que las actuales.

Sin embargo, el argumento decisivo sigue siendo el del litigio por la españolidad del Peñón, que el Partido Popular ha vuelto a situar en el centro de las relaciones hispano-británicas sobre su última colonia europea, al no reconocer el Foro Tripartito en donde, hasta este año y desde 2006, se venían dirimiendo asuntos domésticos que no afectaban a los intereses de Estado propiamente dichos.