La Iglesia de la Cienciología se encuentra en una encrucijada histórica, que podría definir su futuro e incluso su mera existencia en Europa. Estos días, sus líderes franceses afrontan un juicio por estafa que podría llevar a la disolución del grupo religioso en caso de ser condenados. Algo que no preocupa demasiado al líder de la Cienciología en España, Iván Arjona, quien califica este proceso como "una caza de brujas convenientemente orquestada".

Arjona, hijo y marido de cienciólogos, no duda en señalar a la supuesta mano negra: "La mayor de nuestras luchas es contra las drogas y los medicamentos, en especial los psicofármacos: el lobby de la industria farmacéutica es muy poderoso y no le gusta lo que hacemos".

Una mujer denuncia que pagó 5.000 euros por el e-metro

En el centro de las demandas de la acusación francesa contra la Cienciología, que en virtud de su legislación sí es una secta, se encuentra el electrómetro o e-metro. La demandante francesa que ha sentado en el banquillo de los acusados a los líderes de este peculiar credo asegura que la obligaron a gastarse 5.000 euros en uno de esos aparatos. "Es lo único que tenemos que se pueda considerar sagrado en nuestra religión", asegura Arjona.

Para demostrarlo, el máximo responsable de la Cienciología en España se presta a hacer un simulacro de auditación con dos escépticos. La demostración es en la sede que este grupo tiene en el centro de Madrid. Efectivamente, la simple evocación de recuerdos incómodos e incluso un pellizco disparan la sensibilidad de la aguja del e-metro. La máquina parece funcionar, pero Arjona asegura que "sólo se vende a quienes aspiran a ser ministros dentro de la Cienciología, que necesitan tener uno en propiedad".

Para el resto, sólo se usa en las audiciones, una especie de terapia emocional por la que cobran un "donativo fijo" por sesión. "Claro que cobramos, no somos como la Iglesia católica que vive de las ayudas del Estado. Nuestra religión está diseñada para saber autofinanciarse y así ser independientes", dice Arjona.

Creen que la nueva Ley de Libertad Religiosa no les perjudicará

De hecho, una vez constituida legalmente como religión en EEUU, lo primero que se hizo fue crear una empresa paralela (Religious Technology Center) que se encarga de gestionar todos los derechos de autor y marcas registradas de la Scientology (en su nomenclatura original). De este modo, además de recaudar cantidades ingentes de dinero por los artículos que comercializan, mantienen su controvertido universo ideológico lejos de miradas escépticas. A los niveles más avanzados de conocimiento sólo accede quien la Cienciología quiere, y después de pasar por caja.

Pero la polémica por el e-metro no es el único tema que trae de cabeza a los cienciólogos en España. El Ejecutivo central prepara la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa que, como adelantó esta semana el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pretende avanzar en la aconfesionalidad del Estado. Una ley que podría modificar el estatus de un credo recién aceptado como tal por España.

En cambio, Iván Arjona, está tranquilo. "Estamos en un punto de inflexión. Pero saldremos reforzados". De hecho, está convencido de que la próxima Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia no les perjudicará en absoluto: "Cuando Justicia se planteó la reforma, incluso me llamó Chema Contreras [Director General de Relaciones con las Confesiones] para pedirnos que participáramos aportando nuestras ideas al texto".

Precisamente, José María Contreras, en calidad de director de la Fundación Pluralismo y Convivencia su anterior destino en Justicia estuvo presente en el acto celebrado en la sede de esta peculiar Iglesia, en el que la Cienciología celebraba la sentencia de la Audiencia Nacional que permitió su inscripción como entidad religiosa.

Desde Justicia reconocen estos contactos, "una mera formalidad con todas las confesiones registradas en España". El subdirector de Relaciones con las Confesiones, Juan Ferreiro, confirma que la nueva ley no supondrá ningún peligro para la existencia de esta religión ni para su reconocimiento estatal. "La legislación española no puede entrar en calificar a determinados grupos como sectas; la aconfesionalidad del Estado le impide plantear una relación material de lo que es una religión", recuerda Ferreiro. "En el pasado, esta dirección general le denegó en tres ocasiones la inscripción, pero mientras no se pruebe que se trata de un grupo contrario al orden público, ahora cuentan con toda la legitimidad".