El debate sobre el hundimiento del petrolero Erika en 1999 se reabrió el lunes en un tribunal de apelaciones francés, reavivando un conflicto legal sobre quién es el responsable de un vertido que ha tenido implicaciones para la industria mundial del petróleo.

El Erika se rompió en dos y se hundió durante una tormenta invernal en aguas de la costa de Bretaña, en el oeste de Francia, vertiendo 20.000 toneladas de petróleo que contaminaron 400 kilómetros de costa y causaron la muerte de decenas de miles de aves y de otros animales marinos.

El gigante energético Total, que fletó el buque, apela la sentencia dictada en 2008, cuando se le ordenó que pagara 192 millones de euros en indemnizaciones a grupos ecologistas, ayuntamientos y otros que participaron en la operación de limpieza.

Total sostiene que no puede ser considerada responsable de los fallos en la empresa italiana de certificación que dio el visto bueno al decrépito Erika. Los dueños italianos y la empresa de certificación fueron condenados y multados en 2008.

La primera sentencia apoyó firmemente el argumento de que las petroleras deberían ser consideradas responsables del estado en el que se encuentran los buques que utilizan para transportar sus productos, así como la idea de una "responsabilidad ecológica" en este tipo de casos.

Esto podría ser utilizado como precedente por los demandantes en otros casos de daños medioambientales en todo el mundo.

Ahora el tribunal de apelación va a revisar la sentencia, y las petroleras esperan que la anulen y declaren que los únicos responsables son las navieras.

A pesar de presentar una apelación, Total llegó a un acuerdo con 37 de los demandantes después del primer juicio y les ha abonado 170 millones de euros. Además, había gastado otros 200 millones en sacar el resto del petróleo de los restos hundidos del Erika.

Estas cifras son relativamente pequeñas para una compañía que es el primer grupo industrial de Francia y tuvo un beneficio neto de 10.600 millones de euros el año pasado. El conflicto es más sobre los principios legales y las futuras responsabilidades que sobre el dinero.

Alrededor de 60 demandantes más, entre los que hay particulares, autoridades locales de Bretaña y grupos ecologistas, se han negado a tomar el dinero de Total e insisten en que el tribunal de apelaciones debería reafirmar las decisiones adoptadas por el tribunal de primera instancia.

"Esta decisión debe ser una señal y una herramienta para los que quieren proteger nuestras costas, sea en Bretaña, en Tailandia o Túnez", dijo Jean- Pierre Mignard, un abogado que representa a varios de los ayuntamientos y regiones implicadas, que piden mayores indemnizaciones y su derecho a demandar en casos de contaminación ambiental.