Había una vez una economía donde pymes y autónomos, principales integrantes del tejido empresarial español, pactaban con sus clientes cómodos plazos de cobro, a pesar de tener que abonar el IVA ante Hacienda desde el momento en que emitían la factura. El banco, cuyo negocio era por aquel entonces dar créditos, adelantaba el importe facturado (IVA incluido), financiando de ese modo al empresario. Este podía seguir pagando sus gastos y a sus proveedores, mientras vencían y se convertían en efectivo los justificantes de cobro que iba depositando en la entidad. Días de crédito fácil. Vacas gordas.

Llegó la crisis. El miedo a reventar junto a la burbuja inmobiliaria provocó que la banca drenase la liquidez del sistema y empezaron a menguar, y en muchos casos cerrarse, líneas de descuento. Las facilidades se convirtieron en remilgos. Las cestas de crédito, en las que los bancos permitían cambiar justificantes de cobro por dinero en efectivo, se vaciaron.

Cambiar el pago del IVA al momento de cobro de la factura necesita el sí de Bruselas

El mecanismo chirrió. Los empresarios se encontraron esperando, para cobrar, el vencimiento de sus facturas, en ocasiones durante meses, a pesar de tener que seguir respondiendo del IVA desde el primer momento. Pymes y autónomos no sólo iban perdiendo la fórmula de financiación que engrasaba sus negocios. De la noche a la mañana, se estaban convirtiendo en prestamistas de Hacienda a través del IVA ya pagado de unas facturas que cada vez les era más difícil cobrar. La morosidad se disparaba, sobre todo, cuando el deudor era una Administración pública.

Según un estudio que está elaborando la asociación de autónomos ATA,sólo el colectivo de autónomos tenía el pasado mes de octubre, tras la última liquidación trimestral, 1.930 millones de euros pagados a Hacienda en concepto de IVA por facturas que aún no ha cobrado. ¿Es justo? Casi todos los implicados responden que no. ¿Tiene solución? No es tan fácil como algunos han dado a entender. El Partido Popular, vencedor en las pasadas elecciones, se comprometió en su programa a poner fin a esta situación. No era la primera vez que peleaba en este campo. Al igual que otros partidos, que se han encontrado sistemáticamente con la oposición del Ministerio de Economía y Hacienda, el PP ha presentado proposiciones de ley y enmiendas encaminadas a que se cambiara el criterio de cobro del IVA para pymes y autónomos, ligándolo al momento de cobro de la factura (criterio de caja) y no al de su emisión (criterio de devengo). Cuando en 2009 lo intentó con una proposición de ley, la normativa europea no lo permitía.

Eso ha cambiado, Europa se dio cuenta a mediados de 2010 de que la crisis financiera asfixiaba a las pymes y decidió abrir la puerta a que los países pudieran flexibilizar sus normas de IVA. Pero eso no significa que sea fácil. Por eso la promesa electoral de Mariano Rajoy lleva letra pequeña. "Modificaremos, de acuerdo con la normativa europea, el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que efectivamente se haya efectuado el cobro de las facturas".

Los inspectores alertan de que la fórmula puede costar 5.000 millones a la recaudación

Según explica Francisco de la Torre, secretario general y portavoz de los Inspectores de Hacienda, la normativa comunitaria a la que alude la promesa "permite el cambio, pero hay que pedir autorización a la Comisión Europea". A "Portugal", pone como ejemplo, se le ha autorizado "cuando el deudor es una Administración pública, porque no pagan".

En España, las administraciones públicas han disparado los plazos de pago, que ya eran laxos antes, y también su morosidad. Según Francisco de Palacio, vicepresidente de ATA, "algunas están tardando ya un año en pagar". En total, la deuda por facturas pendientes asciende a "45.000 millones de los que más de 15.000 se los deben a autónomos", asegura.

Sebastián Reyna, secretario general de la organización de autónomos UPTA, comenta que, aunque las administraciones públicas siempre han tardado más en pagar que la empresa privada, ahora "el plazo se ha extendido a 153 días de media en las primeras, frente a los 89 de las segundas". Reyna confía en que "el PP va a intentar cambiar la ley porque ha mostrado una clara intención", pero reconoce que "la directiva europea permite el cambio no como sistema general. Los estados pueden solicitarlo para determinados sectores y empresas y es la Comisión quien tiene que autorizarlo". Además, añade, "tiene que superar el análisis técnico de la Agencia Tributaria, que tiene mucho recelo a la fórmula y siempre ha informado en contra".

Francisco de la Torre da una explicación a ese recelo. "Podría convertirse en la medida con más coste recaudatorio. ¿Cómo comprobar si ha cobrado o no un empresario que te dice que aún no lo ha hecho con los medios que tenemos en Hacienda?", se pregunta. "¿Cómo establecer un control de las facturas?", añade. Se podría hacer con algunos sectores, "como las administraciones públicas", aunque advierte de que "esto transmitiría una imagen pésima al exterior, donde se está buscando generar confianza en el control del gasto y en que el país es solvente". También podría aplicarse el criterio de caja "cuando el IVA que un empresario paga, otro se lo deduce", como ocurre "con los arrendamientos de locales de negocio", porque tendría un efecto neutro en la recaudación. Pero en la mayoría de supuestos, "las situaciones injustas que se están creando no implican que, con la coyuntura que tenemos, debamos abrir un boquete en el segundo impuesto con mayor poder recaudatorio". Un roto que, según estima, "podría llegar a suponer entre 4.000 y 5.000 millones de euros al año". El cobro del IVA, que con la fórmula actual se hace con una declaración general cada trimestre, tendría que individualizarse para cada factura. Un sistema complicado también para autónomos y pymes que hace que incluso Reyna recomiende que, si se implanta, se haga "voluntario".

El problema de la morosidad, en especial de las administraciones públicas, "es extrafiscal y no se va a solucionar con medidas fiscales. Ligando el IVA al momento del cobro, pymes y autónomos sólo estarían un 18% menos fastidiados", comenta De la Torre. Lo que hay que hacer, en su opinión, es "que las administraciones paguen". Para José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), "cambiar el criterio de exigibilidad no es tan complicado ni arriesgado", aunque tendría "el efecto colateral de que habría que adaptar la contabilidad".

Mollinedo, De la Torre y Reyna coinciden, eso sí ,en que podría reducirse el plazo para que la Agencia Tributaria devuelva el IVA de las facturas que han entrado en riesgo de impago o pertenecen a empresas en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). El año pasado ya se cambió la normativa al respecto, reduciendo de dos años a seis meses el plazo para reclamar la devolución, pero los tres coinciden en que sería posible dejarlo en tres meses.

Otra solución, a la que apunta Francisco de Palacio y con la que está de acuerdo De la Torre, es permitir que los empresarios neutralicen sus deudas públicas (con Hacienda, la Seguridad Social, etc.) con lo que las administraciones les deban. "A medio plazo, las administraciones serían mucho más diligentes con el control del gasto porque verían reducirse sus principales fuentes de ingresos, que son el IVA y el IRPF, al descontarse la deuda de la liquidación por parte de la Administración central", comenta De la Torre.

El PP ha tenido en cuenta en parte este punto en su programa, en el que asegura: "Articularemos un mecanismo ágil y efectivo para compensar las deudas tributarias de pymes y autónomos con las cantidades que tengan reconocidas y pendientes de cobro por parte de la misma Administración".