'O Marisquiño'¿Qué es la Autoridad Portuaria de Vigo y por qué es tan importante para la ciudad?

La Autoridad Portuaria de Vigo, la entidad propietaria y titular de las instalaciones que se derrumbaron durante un concierto el pasado lunes causando más de 300 heridos, es una de las instituciones más importantes de la urbe más poblada de Galicia y objeto de añejos enfrentamientos entre partidos. De hecho, desde hace lustros funciona como plataforma personal para muchos de quienes han querido ser alcaldes de la ciudad. También como puerta giratoria para acoger a regidores salientes y a figuras políticas huérfanas de sillón.

El actual alcalde, el ex ministro socialista Abel Caballero, presidió la Autoridad Portuaria entre el 2005 y el 2007. Dejó el puesto para presentarse a las primeras elecciones que lo convirtieron en alcalde. El actual presidente es el popular Enrique López Veiga, exsenador y exconselleiro de Pesca en dos ocasiones con Manuel Fraga. La última coincidió con la marea negra del Prestige, que le dio cierta popularidad en España porque en los primeros días de la crisis solía aparecer en algunas ruedas de prensa con botas de agua y chubasquero marinero, entre otros altos responsables de la nefasta gestión de la catástrofe que vestían impecables traje y corbata.

Vigo es la definición perfecta de ciudad portuaria. Las dársenas cubren prácticamente toda su fachada marítima a lo largo de más de veinte kilómetros de costa, y han condicionado el paisaje y el desarrollo urbanístico del municipio desde hace siglos. También la forma de vida de los vigueses. Frente al ruinoso paseo marítimo de O Marisquiño pasan hoy buena parte de las mercancías y materias primas que llegan y salen por mar de Galicia, una actividad sobre el que se ha desarrollado la red comercial e industrial más tupida de la comunidad.

El de Vigo es uno de los puertos pesqueros más importantes del mundo. El primero de España en descargas de pesca fresca y congelada, con más de 743.000 toneladas el año pasado. Allí tienen su sede Pescanova y varios centenares de compañías congeladoras y conserveras y de la industria auxiliar del procesado de pescado. Su volumen de negocio superó los 26 millones de euros el año pasado, y la mayoría no provinieron de la pesca.

Vigo también es una dársena de referencia en mercancías y contenedores, y un centro logístico fundamental para la economía gallega. Especialmente para grandes compañías como Inditex y PSA Peugeot-Citroën, la mayor empresa de Galicia y que recibe a través del puerto las piezas y componentes para fabricar los vehículos que luego exporta a Europa y al resto del mundo, en buena parte por vía marítima.

A apenas kilómetro y medio en línea recta del muelle de O Marisquiño está la sede del Consorcio que gestiona la Zona Franca, una institución que da servicio a más de 600 de empresas que a su vez dan trabajo a más de 21 .000 personas. Esas firmas se benefician de un régimen aduanero especial concedido a Vigo por el Estado en 1947 para proteger y fomentar la importación y exportación de mercancías. Su actividad proporciona el 25% del empleo y el 29% del PIB de la comarca.

El Consorcio, de cuyo consejo forma parte la Autoridad Portuaria, tiene un presupuesto anual de 45 millones de euros, es decir el 17% del presupuesto municipal. Se creó hace más de setenta años y se ha convertido en una agencia de desarrollo que participa directamente el capital de una docena de firmas y fundaciones, a las que ofrece instalaciones, financiación, asesoramiento y apoyo logístico.

Motor económico y símbolo de poder

Vigo forma parte de la red de puertos de interés general del Estado, cuya titularidad no recae en las comunidades autónomas, sino en el Ministerio de Fomento. Es un verdadero motor económico y, por ello, un relevante centro de poder, que proporciona a quien lo maneja relaciones constantes con las redes empresariales, comerciales y financieras de todo el mundo, además de la responsabilidad sobre la gestión de un presupuesto millonario. Mandar en el puerto permite hacer política en Galicia, y por sus despachos han transitado las carreras de muchos políticos gallegos.

Cuando Caballero fue elegido alcalde en el del 2007 llevaba dos años presidiéndolo. Y la exregidora a la que él sustituyó, Corina Porro, del PP, ocuparía el sillón del puerto dos años después. También otros dirigentes populares gallegos como Juan Corral y Julio Pedrosa, y una exministra socialista, Elena Espinosa, entre 1988 y 1996.

El hoy presidente, Enrique López Veiga, se define como liberal y galleguista. Fue uno de los candidatos que disputó sin éxito a Feijóo la presidencia del PP gallego en el Congreso que en el año 2006 decidió al sucesor de Manuel Fraga. Tras perder, volvió a su puesto de funcionario de la Comisión Europea hasta que en el 2012 fue elegido senador por designación del Parlamento de Galicia. En 2015, el Gobierno de Rajoy lo nombró presidente de la Autoridad Portuaria.

Cobra un sueldo anual de más de 83.000 euros entre retribuciones básicas y variables, es decir más que el presidente de la Xunta, quien recibe alrededor de 79.500. Si se le suman los 60.000 euros de pensión que percibe cada año como funcionario europeo jubilado, resulta que López Veiga es, con diferencia, el político gallego con mayores ingresos por rentas del trabajo en instituciones públicas.

Nunca ha estado en el círculo más cercano a Feijóo, lo que puede explicar el escaso sostén que el jefe del Ejecutivo gallego le ha mostrado por la tragedia de O Marisquiño. Tras conocer los hechos, Feijóo dijo sentirse “abochornado” por el suceso y eludió apoyarle en la disputa que mantiene con Abel Caballero sobre la responsabilidad del mantenimiento del muelle y, por lo tanto, del derrumbe de la plataforma.