Los juzgados españoles han condenado hasta la fecha a los bancos a devolver más de 3,76 millones de euros a clientes suscriptores de participaciones preferentes. Son apenas quince sentencias, pero dan esperanza a unos inversores, generalmente de edad avanzada y poca formación económica, que depositaron sus ahorros en un producto complejo y de alto riesgo, y que estuvieron mal asesorados por sus sucursales de toda la vida. Los bancos españoles han emitido unos 30.000 millones en preferentes que fueron colocadas a 700.000 clientes aproximadamente.

De acuerdo a la documentación recopilada por Público con datos del Consejo General del Poder Judicial entre 2004 y 2012, las condenas han recaído en Bankpyme, Banco Santander, Caja Madrid, Sa Nostra (caja de ahorros de Baleares), Deutsche Bank, Bankinter, Banif, Novagalicia, BNP Paribas, Banco Espirito Santo, Banco Popular,  y Catalunya Caixa.

En estos pleitos, la justicia ha anulado los contratos de adquisición de preferentes, y ordenado la devolución del importe invertido previo descuento de los intereses cobrados, que inicialmente fueron muy elevados. En la lista de pleitos resueltos hasta la fecha, que no es exhaustiva y que está a expensas de los recursos que eventualmente presentaran las entidades, aparecen casos en la que los bancos españoles actuaron como comercializadores de preferentes de otras entidades, singularmente Lehman Brothers o bancos islandeses que terminaron quebrando, y también supuestos de emisión de participaciones del propio banco.

Pero en lo que toca a la argumentación de las sentencias, no hay diferencia entre unos supuestos y otros. La práctica totalidad de los demandantes alegaron que dieron su consentimiento al contrato de compra de preferentes sin saber realmente el alcance de lo que firmaban, debido a que la entidad no les dió la información adecuada, bien por error o con dolo, es decir, de forma intencionada. De acuerdo al artículo 1.265 del Código Civil, ello es causa de nulidad del contrato. Los juzgados, analizando cada caso particular, han dado la razón al cliente en estos 15 casos por entender que el banco incumplió su obligación de informar suficientemente de la complejidad de las preferentes, o bien no dió datos de la marcha negativa de la entidad que había emitido las participaciones.

Las preferentes ofrecían una alta rentabilidad, pero a cambio de su contratación a perpetuidad y con un elevado riesgo. No suponían participación en el capital de la sociedad ni derecho a voto. La CNMV establece además que, en caso de quiebra del banco, los suscriptores de las preferentes cobren después de todos los acreedores ordinarios y subordinados de la entidad. Más de 50 bancos y cajas españolas emitieron preferentes, de forma masiva desde que se desató la crisis en 2008, para reforzar su capital, y ofreciendo estas participaciones a sus clientes minoristas, aunque no eran "el producto ideal de inversión para un jubilado", en palabras de Mario Fernández, presidente de Kutxabank, entidad que se mantuvo al margen de estas emisiones.

Demandas colectivas

La reclamación ante los bancos ha comenzado a organizarse de forma agrupada en algunas comunidades autónomas. La Fiscalía de Galicia ha presentado en los juzgados una demanda civil colectiva en defensa de 1.623 afectados por las preferentes de Novagalicia, para que se declaren nulos los contratos de suscripción que contuviesen cláusulas abusivas. Pide una fianza de 1.108 millones de euros a la entidad para cubrir la posible devolución del dinero en el futuro. Una sentencia favorable sería extensible a los 43.000 clientes de este producto en la comunidad. Novacaixagalicia, intervenida por el FROB, ha propuesto como alternativa llegar a arbitrajes con cada cliente para solucionar el problema.

En Andalucía, con 67.000 personas afectadas, la Fiscalía Superior advierte incluso indicios penales de delito de estafa en la colocación de las preferentes, al considerar que eran una práctica totalmente abusiva, contraria al ordenamiento jurídico y dirigida a personas con escasos o nulos conocimientos financieros. Así lo expuso el fiscal en un decreto dirigido al Defensor del Pueblo andaluz, que se interesó por la situación de los clientes de preferentes en la comunidad.

El propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha declarado en los últimos meses que no descartaba impulsar procesos penales en este asunto. En las causas penales abiertas en la Audiencia Nacional contra entidades como Bankia, varios clientes de preferentes han pedido personarse en las actuaciones como perjudicados. Y en la instrucción contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), se investiga quien dió la orden de la emisión masiva de preferentes.

Con este panorama en el frente judicial, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno aprobará el próximo 24 de agosto una modificación de la regulación de las preferentes. El objetivo es proteger a los inversores, evitando la comercialización masiva de este producto entre los minoristas y aumentando la transparencia sobre los riesgos. Así, se elevaría la cuantía mínima para suscribrir preferentes y se endurecerían los tests de idoneidad de los clientes interesados en su suscripción.

Entidades como el Banco Sabadell, el Santander, BBVA o Bankia, comenzaron hace tiempo a canjear las preferentes por acciones del banco. Las participaciones perdieron valor después de que la CNMV obligará a ajustar el mismo al vigente de mercado.