Los barones socialistas vuelven a marcar distancias con su secretario general. A los nuevos recortes propuestos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya le han salido detractores en las filas de su propio partido. Y el más crítico fue, una vez más, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que ayer arremetió contra la decisión del Ejecutivo de retirar la ayuda de 426 euros a los desempleados de larga duración.

"Quitar prestaciones que pueden ser fundamentales para familias que tengan a todos sus miembros en paro es un problema muy grave con el que yo no estoy de acuerdo", advirtió Barreda durante su intervención en el Foro Cope, en Madrid. Y es que, en su opinión, pese a la crisis "hay unas prestaciones que se tienen que mantener" y que no se pueden ver "como un hándicap o como un impedimento al mercado de trabajo".

Otro barón socialista, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no fue tan explícito en sus críticas a las nuevas medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo, pero sí emplazó el pasado miércoles a Zapatero a "buscar nuevas fórmulas" para compensar los recortes y que de esa forma "no haya gente que caiga en la exclusión social" como consecuencia de la crisis económica. En esta misma línea, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tampoco se mostró explícitamente en contra de lo anunciado por Zapatero. Pero sí anunció, nada más conocerse los recortes, que su Gobierno sustituiría la prestación de 426 euros que hasta ahora daba el Gobierno a los parados por becas para la formación de los desempleados.

El secretario general de los socialistas madrileños y candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, también intervino en el debate y recordó que él es "partidario de que en este país no se rompa la cohesión social". Gómez fue más contundente al responder al anuncio realizado por Zapatero sobre la privatización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, y de parte de las Loterías del Estado. El dirigente socialista madrileño quiso dejar claro que, "en general", él no es partidario de impulsar "ninguna privatización".

Con menos matices, otro socialista, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ex ministro de Felipe González, Jerónimo Saavedra, mostró su oposición a las últimas decisiones del Ejecutivo. "A mí me repugna, por muy socialista que sea el presidente del Gobierno", señaló el regidor canario. Saavedra aseguró que le "duele" que desde su partido "se defienda que el AVE va a llegar a donde sea y que, al mismo tiempo, se diga que se suprimen las ayudas a los desempleados".

"Respeto" a las "opiniones"

Los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, respectivamente, no quisieron pronunciarse ayer sobre estas críticas por parte de algunos dirigentes socialistas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ambos se limitaron a expresar su "respeto" por las "opiniones" vertidas por sus compañeros de partido.

 

El 40% de los parados, en situación límite

El 40% de los parados que viven en España reside en hogares donde ninguno de sus miembros trabaja, según el último boletín del Banco de España. A pesar de que, en 2007, en el conjunto del Estado este porcentaje era de los más bajos de la zona del euro, con un 26%, se ha situado ya dos puntos por encima del máximo alcanzado en 1994, cuando se situaba en el 37,7%. Estos desempleados representan aproximadamente el 8% de la población activa, una tasa de magnitud similar a la tasa de paro total de muchos países de la zona del euro, señala el Banco de España. En su boletín de noviembre, subraya que, dado el aumento de las tasas de paro del cabeza de familia y del cónyuge en la crisis actual, se observa una mayor incidencia de situaciones de desempleo simultáneas entre los miembros del hogar. Por ello, el máximo organismo supervisor financiero sugiere que la capacidad de protección adicional contra el desempleo que pueden constituir los vínculos familiares es ahora menor que en recesiones anteriores, lo que "hace más patente la urgencia de llevar a cabo las reformas necesarias para potenciar rápidamente la creación de empleo".