Las dos principales figuras de la oposición paquistaní, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, se reunirán hoy para discutir un posible boicot de las próximas elecciones legislativas de Pakistán, convocadas para el 8 de enero.

Sharif, líder de la formación Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N), aseguró hoy que su reunión con Bhutto tendrá lugar en interés de Pakistán, según recogió el canal televisivo Geo Tv.

La formación de Sharif forma parte de la alianza opositora APDM, que ha decidido boicotear los comicios en protesta por el estado de excepción en vigor desde hace un mes, una posición de la que discrepa por el momento la también ex primera ministra Benazir Bhutto.

Bhutto, que encabeza el Partido Popular de Pakistán (PPP, principal fuerza de la oposición), asegura que un boicot beneficiará sólo a las fuerzas leales al presidente, Pervez Musharraf, aunque ha dicho también que reconsiderará su posición si los partidos opositores llegan a una agenda común.

"Decimos que tomaremos parte en las elecciones bajo protesta, pero la puerta (para un boicot) está abierta", aseguró Bhutto este domingo.

Sharif, por su parte, ha dado muestras de estar recapacitando sobre la idoneidad del boicot, ya que no sólo Bhutto sino algunos de sus socios en la APDM han advertido de que sólo beneficiará a Musharraf.

De hecho, el opositor celebró ayer su primer mitin electoral en una localidad próxima a Lahore (este), que siguió al que Bhutto había dado el sábado en la de Pesháwar (noroeste).

Aunque Musharraf ha anunciado que pondrá fin al estado de excepción el próximo 16 de diciembre, la Comisión Electoral paquistaní tiene ya previsto completar hoy el escrutinio de las candidaturas para las elecciones y la campaña ya está en marcha.

La Comisión debe decidir sobre la validez de la candidatura del propio Sharif, después de que la de su hermano, Shehbaz, fuera rechazada este domingo debido a que tiene pendientes cargos penales.

Musharraf impuso el estado de excepción en Pakistán el pasado 3 de noviembre escudándose en el aumento de las actividades de los insurgentes integristas y la injerencia del Poder Judicial en los asuntos del Gobierno.

La medida supuso la detención inmediata de cientos de activistas de la oposición y de derechos humanos, así como de los jueces que rehusaron jurar de nuevo su cargo ante Musharraf, incluido el presidente del Supremo, Iftikhar Chaudhry.