El Consejo de Ministros, a propuesta del titular de Fomento, José Blanco, ha aprobado hoy un Real Decreto-ley que regulará los servicios de control aéreo. De esta forma, Blanco arregla por decreto el conflicto con los controladores aéreos que amenaza con sembrar el caos en los aeropuertos españoles en Semana Santa.

Con esta norma, Fomento quitará el poder a estos profesionales en la organización del trabajo. Será Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) la que asignará los turnos de trabajo y todas las funciones sin margen para cambios por parte del colectivo.

Se abrirá a la competencia europea las funciones de control aéreo 

Uno de los cambios fundamentales es que se fijarán 1.750 horas fijas al año por controlador, con lo que se eliminarían las extraordinarias, que son las que generan los salarios desorbitados de este colectivo. Ahora, un controlador hace 1.200 horas fijas más otras 600 extraordinarias, que cobra casi al triple de las normales y suponen en torno a la mitad de su remuneración. La media de la retribución ronda los 340.000 euros y, en el caso de una élite, llega hasta los 900.000 euros al año, según los datos que ya hizo públicos el ministro.

Con esta reorganización, cambian drásticamente los planteamientos para negociar el convenio colectivo. Aena y los controladores se acusaron el miércoles mutuamente de haber roto las conversaciones un día antes.

Por otro lado, el real decreto también introduce otra modificación que tendrá efecto a medio plazo, en unos dos años. Se liberalizarán los servicios de control aéreo para abrirlos a la competencia de empresas con certificado homologado. Esto posibilitará que compañías habilitadas para estas funciones, también de otros países europeos, se encarguen de las labores de control en los cielos españoles.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) estudia recurrir ante los tribunales el real decreto aprobado por el Gobierno. En declaraciones a la prensa, el secretario de Comunicación de USCA, Rafael López, señaló que el documento supone una intromisión "inaceptable" en una negociación colectiva y explicó que estudian el documento para recurrirlo ante la justicia porque "se salta por encima" el Estatuto de los Trabajadores y algunos aspectos de la Constitución. 

Remarcó que ellos no se oponen a la liberalización del servicio porque éste viene marcado por directivas europeas, a lo que se opone la USCA es, según Rafael López, es a la "imposición unilateral" de condiciones laborales que se habían abordado en el marco de la negociación colectiva.

El verdadero fin de AENA, "como ahora se demuestra, era la imposición de un nuevo marco laboral a los controladores, despreciando así cualquier vía legal de negociación", lo que a su juicio es un grave precedente para todos los trabajadores, añadió USCA en un comunicado.