El exministro de Fomento y último portavoz del Gobierno socialista, José Blanco, se ha decantado finalmente por solicitar su declaración voluntaria ante el juez del Tribunal Supremo que investiga su posible participación en una trama de supuestas concesiones fraudulentas por parte de la Administración a empresarios gallegos. Blanco, diputado por Lugo, evita así esperar hasta que el Congreso resuelva el suplicatorio al que obliga su condición de aforado.

La defensa de Blanco presentó un escrito el pasado 5 de enero ante el juez instructor, José Ramón Soriano, en el que además de la solicitud de declaración, requiere le sea entregada la querella o actuación procesal que ha motivado la imputación, tomar parte para tener conocimiento de las actuaciones que se realicen y poder instar a la práctica de diligencias. El exportavoz del Ejecutivo deseaba acelerar el proceso para poder demostrar cuanto antes su "inocencia", aún a riesgo de declarar ante el magistrado sin conocer el contenido del sumario, que está bajo secreto.

"Quiero que se disipen cuanto antes las falsas acusaciones", señala

El juez Soriano ha citado finalmente a José Blanco para el próximo 26 de enero a las 10.30 horas. ESte martes, el que fuera secretario de Organización del PSOE se mostró "satisfecho" de que el Supremo haya accedido a su petición. "Quiero que se disipen cuanto antes las falsas acusaciones vertidas contra mí y por eso pedí declarar voluntariamente sin necesidad de que se solicitar la preceptiva autorización al Congreso de los Diputados", declaró.

El Alto Tribunal decidió investigar a Blanco por cohecho y tráfico de influencias a finales de diciembre, después de examinar la información suministrada un mes antes por la jueza instructora del caso en Lugo, Estela San José, que remitió al Supremo el testimonio de uno de los empresarios detenidos, así como conversaciones intervenidas y mensajes de teléfono y correo electrónico que le permitían inferir indicios de delito en la actuación del diputado del PSOE. La decisión del Tribunal Supremo estuvo precedida del informe favorable de la Fiscalía

Su defensa exige conocer la denuncia y poder instar a la práctica de diligencias

El 25 de mayo de este año, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a 15 personas en el marco de la operación Campeón, que investiga fraudes en subvenciones públicas a distintas empresas gallegas. Entre los arrestados figuraba un director general de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, en manos del Partido Popular. Tras interrogar a todos los detenidos, la titular del Juzgado número 3 de Lugo sólo vio indicios suficientes para dictar prisión sin fianza contra el dueño de la empresa farmacéutica Nupel, Jorge Dorribo.

El empresario pasó casi tres meses en prisión, hasta que el 8 de agosto volvió a pasar por el despacho de la jueza San José, incriminó a José Blanco y salió en libertad provisional. A raíz de la declaración de Dorribo, la magistrada ordenó incorporar las transcripciones de mensajes y correos electrónicos que hasta entonces no había considerado relevantes para la causa y que apuntan a Blanco. En uno de esos mensajes, uno de los empresarios imputados, José Antonio Orozco, se refiere a un "préstamo" que acaba, según dice, en manos de "Pepe Blanco". En otra conversación, el mismo empresario se jacta de que "siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno".