La Justicia investiga si los colegios concertados de una fundación católica privaron al alumnado vulnerable de horas de refuerzo

El escándalo por el presunto mal uso de fondos públicos destinados a sufragar las nóminas de los profesores de seis colegios concertados pertenecientes a la Fundación de Enseñanza Santos Mártires del Obispado de Córdoba, se ha judicializado al derivarlo la Fiscalía al juzgado por considerar que existen indicios delictivos, según ha podido saber Público de fuentes jurídicas.

Es el Juzgado de Instrucción 6 de Córdoba el que practica las diligencias encaminadas a dirimir si existe responsabilidad penal por el presunto mal uso de las horas de sobredotación, subvencionadas por la Junta de Andalucía a través del llamado 'pago delegado', y si fueron empleadas en usos particulares del personal de la fundación. 

Las fuentes consultadas por este diario hablan de "descontrol" de los fondos públicos que recibían los colegios investigados desde al menos desde 2018, señalando que hay profesores titulares que no dan clases en realidad aunque perciben las nóminas a través del 'pago delegado' y que serían sustituidos por otros docentes remunerados por fondos de la fundación, con salarios más bajos que los que perciben los titulares. 

Además de en esta práctica, la investigación se centra en las horas de sobredotación, que son horas que los centros concertados emplean para apoyar en algunas materias al alumnado que más lo necesita o para la gestión administrativa encaminada a la atención educativa de ese alumnado o de sus familias, pero que en ningún caso pueden implicar un ahorro de costes para el centro, explican fuentes del sector educativo.

La última inspección de la Junta de Andalucía en los colegios bajo sospecha, en noviembre de 2025, reveló que esas prácticas seguían dandóse, pese a que en aquel momento la Fiscalía ya realizaba una investigación prejudicial  sobre los colegios Trinidad, San Rafael Obispo, Sansueña, Escuelas Pías de la Inmaculada, Jesús Nazareno y San Acisclo y Santa Victoria, todos ellos de la Fundación Santos Mártires, según indican fuentes conocedoras del asunto.  

El uso de esas 'horas de sobredotación' está regulado en los acuerdos firmados entre la Junta de Andalucía, la patronal y los sindicatos de educación para equiparar a los centros concertados con los públicos. En dichos acuerdos se reconoce un "exclusivo" uso de esas horas para labores propias de los equipos directivos de los centros, y sobre todo, para reforzar educativamente al alumnado que precisa un apoyo educativo. 

En este sentido, fuentes jurídicas indican que la Fiscalía apunta a que podría haberse vulnerado algún derecho de los alumnos y alumnas que han dejado de recibir horas de refuerzo durante años. 

El concierto educativo

El pago delegado es el sistema por el que las consejerías de educación autonómicas abonan las nóminas de los profesores de la concertada. La contratación corre a cargo de los colegios concertados, que reciben los fondos públicos para el abono de los sueldos de los docentes y a cambio los centros deben justificar las horas lectivas, así como las bajas, los permisos, etc.  de dicho personal docente. 

Según ha podido saber este diario, el juzgado va a llamar a declarar a algunos jefes de recursos humanos para que expliquen si cobran su salario del pago delegado o de los fondos propios de la fundación diocesana.

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Fuentes docentes de uno de los colegios investigados explican que es "habitual" que los profesores con responsabilidades en la gestión del centro no den clase, pese a que cobran con fondos públicos por ello, y envíen a sustitutos. La Fiscalía investiga si el exdirector de uno de los colegios pudo haber estado cobrando su sueldo como profesor sin dar realmente las clases, sino que dirigía la academia de idiomas propiedad de la fundación y era suplantado por otro profesor al que presuntamente se le pagaba una cuantía menor, con fondos incluso procedentes de subvenciones europeas del programa Erasmus+ .  

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía indica que no puede comentar nada relacionado con la investigación hasta que esta no concluya. Desde la Fundación Santos Mártires expresan a este diario su "tranquilidad y confianza a la espera de poder aclarar cuestiones de organización que pertenecen a la gestión del concierto educativo"; también indican que están "colaborando" con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía "en cuestiones de organización y coordinación que pertenecen a la gestión del concierto educativo de los centros".