El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha negado irregularidades en la concesión del crédito por valor de 26,6 millones que la entidad otorgó al grupo de empresas de Díaz Ferrán y en el que, según Manos Limpias, figuraba como garantía 'un holding empresarial que se encontraba en quiebra', en referencia al Grupo Marsans.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, José Silva, ha tomado declaración este miércoles a los dos empresarios por los préstamos acordados entre 2004 y 2009 que alcanzan una deuda de 26,6 millones de euros, según la acusación. Díaz Ferrán era entonces consejero de la entidad bancaria. Tras la vistilla, el juez ha acordado la retirada del pasaporte para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz-Ferrán, mientras que no ha impuesto ninguna medida cautelar para Miguel Blesa.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez Silva no descarta pedir documentación sobre el crédito a Bankia y al Banco de España. Les imputa indiciariamente delitos societarios, falsedad documental y estafa.

El sindicato ultra Manos Limpias considera indiciariamente a ambos autores de delitos societarios, falsedad documental y estafa, y añade que a los 26,6 millones habría que sumar una partida de cerca de 'cinco millones de euros en préstamos que estaban bajo el epígrafe 'familiar'.

En el año 2009 se intentó refinanciar el crédito pero se detectó que las acciones de la empresa de viajes Marsans estaban pignoradas a favor de Banesto. Fue en ese momento, cuando Blesa abrió el expediente contra Díaz Ferrán para expulsarle del Consejo por el impago del crédito.

Según fuentes jurídicas, el que fuera presidente de Caja Madrid ha negado este miércoles la irregularidad del crédito al asegurar que se adjudicó con todas las garantías, que el Consejo de Administración estaba informado de la operación y que la Comunidad de Madrid la autorizó, como marca la Ley de Cajas de Ahorros de la comunidad.

El exjefe de la patronal ha afirmado que obtuvo el crédito con toda regularidad

Tras la declaración de Blesa, que se ha prolongado durante casi dos horas, Díaz Ferrán ha acudido a la sede judicial y lo ha hecho con semblante serio y escoltado, aunque no esposado, por dos policías y dos guardias civiles.

Tras un receso de diez minutos, el exjefe de la patronal ha afirmado que obtuvo el crédito con toda regularidad y que pagó la deuda con el producto de la venta de la concesión del servicio de autobuses de Alcalá de Henares (Madrid), según las citadas fuentes.

La defensa de Díaz Ferrán ha pedido deducir testimonio contra Manos Limpias por un presunto delito de denuncia falsa, durante la declaración, que se ha prolongado por espacio de media hora.

A la salida de los juzgados de Instrucción de Madrid, con sede en Plaza de Castilla, el abogado designado por Manos Limpias, Luis Pineda, ha llamado la atención de que 'el 90%' de los préstamos concedidos a los miembros del Consejo de Administración iban a pagar a Díaz Ferrán. 'Era un cortijo de amigos', ha advertido.

'Era un cortijo de amigos', asegura el abogado de Manos Limpias

El sindicato Manos Limpias ha pedido ampliar la investigación por un préstamo concedido a Martinsa-Fadesa y por la compra en 2008 del banco City National Bank of Florida (CNBF), que resultó ruinosa para las cuentas de la entidad.

A las puertas del tribunal, un jubilado, ataviado con una camiseta verde con el lema 'Bankia. Nido de corruptos. Ruina de jubilados', gritaba durante las declaraciones en protesta contra los 'chorizos y los ladrones'.

'Echemos al mar a los banqueros. Nos han saqueado España', exclamaba.

En su querella Manos Limpias acusa a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como 'garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra'.

La querella asegura también que Blesa concedió otro crédito irregular, en este caso al promotor inmobiliario Martinsa-Fadesa. Manos Limpias considera, además, que el exgobernador del Banco de España Fernández Ordóñez cometió una imprudencia grave 'al no prestar la diligencia debida como órgano supervisor y de control'.

El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de la querella argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación 'de una forma muy genérica y sin ninguna concreción', pretendiendo la ampliación del procedimiento 'a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente'.