Los defensores de la vigencia de la tauromaquia han agitado estos días el fantasma del coste económico para argumentar contra la abolición de las corridas de toros. El presidente de grupo mixto, Albert Rivera, volvió ayer a resaltar en su discurso ante el Parlament previo a la votación que la prohibición le costará a los catalanes 300 millones de euros. Una cifra que la Generalitat debería pagar al dueño de la Plaza Monumental de Barcelona, Pedro Balañá.

La cifra procede de un estudio que ha realizado el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona (UB) Vicente Royuela, que también es miembro de la Plataforma para la Promoción y Difusión de la Fiesta en Catalunya.

Sin embargo, la Plataforma Prou!, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), mantiene que no es cierto que el Govern tenga que indemnizar a Balañá y, menos, con esa cantidad tan generosa de dinero, que no es más que una estimación y al alza para los próximos cien años.

Alejandra García, portavoz del colectivo antitaurino Stop Our Shame, explica que el estudio de Royuela olvida, por un lado, que la modificación de la ley de protección de animales que prohibirá las corridas de toros en Catalunya no obliga a Balañá a cerrar la plaza. "La podrá utilizar para otros fines que no impliquen la tortura y muerte de un animal", asegura la activista. Además, esgrime García, para indemnizar a un empresario, primero es necesario realizar una auditoría de "al menos los últimos cinco años" de su actividad empresarial. Y Prou! mantiene que la Monumental, ahora gestionada por una empresa salmantina, no es rentable por la escasa afluencia de público. Según la entidad animalista, la Monumental sólo se mantiene por las subvenciones, ya que para los taurinos "que no hubiese una plaza en Barcelona sería un golpe moral".