La crisis no existe para los dueños de la prostitución. Es un negocio oscuro, hermético y que genera grandes beneficios a las mafias que lo promueven. Parte de ese dinero se invierte en publicidad. Muchos periódicos dedican más páginas a anuncios de contactos que a la sección cultural, por ejemplo. Y las vallas con propaganda erótica son multitud en localidades de toda España. Una publicidad que llega hasta lugares inverosímiles.

Es el caso de los autobuses metropolitanos de Valencia, de titularidad pública, que durante meses han exhibido en su parte trasera enormes carteles con teléfonos, webs y direcciones de burdeles de la ciudad, como adelantó Público el pasado miércoles. En cuestión de horas, la Generalitat pasó de la condescendencia a la inflexibilidad y dio un plazo de tres días para que las empresas adjudicatarias se deshicieran de los anuncios.

El Govern valenciano pasó en horas de la condescendencia a retirar la publicidad

La retirada fue paulatina. Fernanbus descolgó los carteles de diez autocares entre el miércoles por la noche y el jueves. Por su parte, Auvaca mantuvo la publicidad en dos buses hasta la madrugada del sábado. "Resultaba inmoral contemplar por las avenidas de Valencia a esas señoras a gran tamaño, en esas posturas y ofreciendo esos servicios", critica Marina Calatayud, de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno.

Una opinión que secunda la presidenta de Dones Progressistes, Amàlia Alba, a quien le parece "deplorable que se degrade a la mujer públicamente, con dinero público y con publicidad". Según Alba, estos anuncios ensalzan "la trata de mujeres con finalidad de explotación sexual" y apunta que el 95% de las jóvenes en los burdeles son extranjeras, carecen de papeles y están "totalmente "indefensas frente a las mafias.

La polémica de los buses valencianos reabre un debate antiguo e intermitente, el del ordenamiento de la prostitución y sus difusos límites legales. Y también el del atmósfera delictiva que envuelve a este negocio. Algo de lo que sabe mucho el periodista Joan Cantarero, quien estuvo cuatro años infiltrado en la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA). De aquella experiencia publicó en el 2007 Los amos de la prostitución en España (Ediciones B).

Empresarios de clubes tildan el fin de los anuncios de "hipócrita"

ANELA emitió este jueves un comunicado en el que tildó de "hipócrita" y "prohibicionista" al Gobierno valenciano por erradicar los anuncios de prostíbulos en sus buses. Esta entidad representa a 80 de los cerca de 2.900 burdeles registrados en España y apuesta por la legalización de la prostitución. Un argumento "postizo", según Cantarero, quien advierte de que, a la luz de las leyes, las casas de citas no procurarían beneficios tan ventajosos a los proxenetas.

"Antes, los chulos se quedaban con gran parte de lo que ganaban las prostitutas. Ahora, aplican la tarifa plana. Es más seguro". Cantarero se refiere así a la férrea estructura interna a la que, destaca, son sometidas la mujeres en los clubs de alterne. "Los amos les alquilan las habitaciones por 60 euros al día y las obligan a trabajar de cinco de la tarde a cinco de la madrugada. Si se duermen y se retrasan, las multan. El 75% del importe de las copas va a la caja del burdel. Y, cada cuatro meses, las chicas se someten a análisis clínicos que corren a cuenta de su bolsillo". Esta explotación se intensifica cuando se trata de inmigrantes a las que cobran cifras desorbitadas por llegar a España.

Uno de los casos más escabrosos de trata lo protagonizó Marcos Montoya, extesorero y vocal de ANELA en el momento de su detención, en junio de 2010, en el aeropuerto de Asunción (Paraguay) cuando se disponía a enviar a una joven a España para prostituirla en alguno de los numerosos locales que regenta.

Según expertos, los burdeles someten a los mujeres a una férrea disciplina

Según la Fiscalía paraguaya, Montoya llevaba años trabajando en Asunción y cada semana reclutaba 20 mujeres, que acababan en burdeles españoles después de contraer una deuda de cerca de 3.000 euros por el viaje. Según el escrito de la Fiscalía, "la mayoría creían que viajaban para trabajar como meseras o limpiadoras". El destino que les aguardaba era el de esclavas sexuales para saldar sus deudas con Montoya, que vive bajo arresto domiciliario en Paraguay a la espera de un juicio que le puede suponer 15 años de cárcel por un delito de trata de seres humanos.

Pero si existe un nombre asociado al tenebroso mundo de la prostitución valenciana, ese es el de José Luis Roberto, padre de ANELA y presidente del partido ultra y xenófobo España 2000. "Su gran sueño es ser diputado", apunta Cantarero, cuya investigación explica cómo parte de los beneficios de ANELA van a parar a formaciones de ultraderecha y organizaciones afines. Un hecho que Roberto nunca ha negado. "Con mi dinero hago lo me da la gana", afirmó en un programa de televisión. "En ANELA no se mueve un dedo sin que Roberto lo sepa", subraya Cantarero.

De hecho, la Central de Compras de la asociación está en la misma dirección que el despacho de abogados de Roberto, quien no quiso atender a Público. "Está muy tocado, la presión mediática contra él es enorme", precisa Cantarero. El Ultra o el Cojo son algunos de los apodos con los que también se conoce a quien, entre otros litigios, fue detenido durante la Transición por colocar bombas en una concentración independentista.