El Canal de Isabel II lanza una emisión de bonos por un importe máximo de 500 millones de euros a diez años. Se trata de la primera salida del ente público al mercado, en un momento en el que se especula con una próxima privatización.

Actualmente el gestor de aguas de la Comunidad de Madrid posee una deuda que asciende a 1.168 millones de euros, lo que supondría un incremento de la misma cercano al 50%. 

Según una portavoz de la gestora, la emisión, que estará dirigida por Santander, CaixaBank, BBVA, HSBC y Société Générale, se destinará a amortizar créditos a tipos de interés bastante más altos que los actuales. La idea es aprovechar los bajos costes de financiación actuales —con la rentabilidad de los bonos del Estado a diez años en mínimos históricos— y realizar la emisión a lo largo del primer trimestre del año, sujeta a las condiciones de mercado.

Desde la gestora aclaran que la emisión es de renta fija y, por lo tanto, no abre su capital a terceros, simplemente se financia con inversores, previsiblemente institucionales.  Asimismo, la gestora ha solicitado a las agencias de rating S&P y Fitch la calificación de su solvencia. Esta última destacó "el bajo perfil de riesgo" de la compañía, otorgándole una calificación de BBB+.

En la reunión que la empresa mantiene este miércoles con la Junta de Accionistas, se aprobarán, además del "el establecimiento del programa de emisión de valores negociables de renta fija", el reparto de nuevos dividendos entre los accionistas y la modificación de los estatutos sociales para poder remunerar a los miembros del Consejo de Administración, designado en su totalidad por el Partido Popular.

Pero ya hay quien critica que esta emisión de bonos lo que hace es abrir aún más la puerta a la privatización de la empresa. Así, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II advirtió este martes de que la aprobación de la primera salida al mercado del Canal podría provocar "un endeudamiento insoportable" del ente, y la consiguiente "privatización por la puerta falsa del agua de todos los madrileños".

Para la Plataforma, integrada por 66 organizaciones y colectivos sociales, los bonos constituyen un sistema de financiación "rígido, regulado con mano de hierro a nivel internacional", y que podría incrementar a largo plazo el endeudamiento del Canal. Además alertan de que los compradores son "los mismos que posteriormente comprarían las acciones para quedarse con el Canal".

En ese sentido, la Plataforma se concentró el pasado domingo en la Puerta del Sol para evitar la "continuación de la privatización del Canal" y este miércoles lo hace ante la sede del Canal de Isabel II Gestión, "para protestar ante la Junta de Accionistas", compuesta actualmente por los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid.

A la concentración acudirán también delegados sindicales. El presidente del Comité de Empresa de los trabajadores del Canal Isabel II, Saturnino Ariza, se ha mostrado "convencido" de que aumentará la deuda de la entidad. "Esto se puede refinanciar por otros medios y lo que tiene que hacer es ir amortizando la deuda con los beneficios", ha manifestado. "A los trabajadores nos han recortado los salarios en un 30% y se ha reducido la partida en personal enormemente. Hay cerca de 700 contratados con una rotación constante, con lo cual, están un máximo de dos años y cuando están formados se les despide", critica Ariza.

El 16 de septiembre, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid,  Esperanza Aguirre, anunció la privatización del Canal de Isabel II —empresa pública desde su creación en 1581— mediante la creación de una sociedad anónima responsable de la gestión integral del agua en la Comunidad. Su dimisión hizo que su sucesor, Ignacio González, remodelara el Consejo, designando a Salvador Victoria como presidente del consejo de administración del ente público a propuesta de él mismo en calidad de consejero de Presidencia del Gobierno regional.

Desde 2011 las inversiones han caído más de un 56%, mientras los beneficios han aumentado un 43%. La empresa cerró el último ejercicio con unos beneficios de 210 millones de euros, repartidos entre los accionistas, principalmente la Comunidad de Madrid, con el 82,4% de su capital. La fórmula consiste en una reducción de los gastos de personal del 12,5% sumada al recorte de los gastos de explotación y menores amortizaciones, como consecuencia del desplome de la inversión.