El informe aprobado el jueves por unanimidad en la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que avala el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hace además una serie de consideraciones que tiran por tierra muchos de los argumentos de los que se oponen a la reforma. Así, al defender la constitucionalidad de la ley de plazos, en el dictamen se afirma que 'las mujeres no abortan de forma irreflexiva'.

Los diez consejeros que respaldan el texto de carácter no vinculante creen además que el feto tiene la suficiente protección con las medidas previstas en el anteproyecto. En el caso de las menores, el Consejo cree que los padres deben estar informados, aunque con excepciones. Al referirse a los comités médicos, asegura que el veto a los antiabortistas es inconstitucional.

Respecto al punto más polémico del anteproyecto que la menores de 16 y 17 años aborten sin el consentimiento paterno, los consejeros creen que la decisión corresponde a la menor, aunque los padres tienen que ser informados. El Consejo establece como excepciones que la menor esté emancipada o que haya 'fundadas razones' para creer que la comunicación con los progenitores 'puede desencadenar un grave conflicto'. En caso de que este afecte a una menor entre 12 y 16 años, la decisión debe ser de un juez.

Los consejeros no creen que el aborto sea un derecho tal y como recoge el anteproyectopero sí opinan que debe ser la mujer quien 'adopte la decisión final sobre la prosecución de su embarazo', ya que de lo que se trata es 'de garantizar, en el lícito hacer de la mujer gestante, su derecho general a la intimidad'. El Consejo asegura que 'no es fácilmente concebible' que la mujer aborte 'irreflexivamente', ya que 'si opta por interrrumpir su embarazo [...], será por causas de la mayor gravedad'.

Para los expertos, el bien jurídico del feto se salvaguarda con la información dada a la gestante sobre las consecuencias del aborto y las ayudas a la maternidad. Pese a creer que la ley de plazos se ajusta a la Constitución, opinan que el límite debería ser de 12 semanas dos menos de lo fijado en el anteproyecto, como en la mayoría de países europeos.

Para el Consejo de Estado, la actual ley, aprobada en 1985, supone 'un creciente fracaso'. La razón: 'La interpretación laxa que se le ha dado [...] ha llevado en España a una indeseable situación de aborto libre cuando no arbitrario'. La regulación actual 'ha hecho de España un paraíso del turismo abortista'.

Además, el informe apunta a 'la inseguridad reinante en la materia, la falta de garantías para la intimidad de la mujer y la quiebra del principio de igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias relacionadas con la salud reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo'. Esta desigualdad, dicen los expertos, se da entre jóvenes e inmigrantes y también entre diferentes autonomías.

Los consejeros opinan que no es constitucional vetar en los comités clínicos a los médicos que se hayan manifestado contra el aborto como prevé el anteproyecto en los grupos que deciden más allá de las 22 semanas. En su lugar, proponen que el comité dé el diagnóstico y que sea luego la mujer la que tome la decisión de interrumpir su embarazo. O bien que ella tenga capacidad de veto sobre los facultativos.

Información reglamentada

Al igual que proponía el informe redactado por la vocal del CGPJ Margarita Uría y que finalmente no fue aprobado, el dictamen del Consejo de Estado propone que la información facilitada a la mujer que decide abortar debe ser personalizada y ofrecida de forma verbal, no sólo a través de un sobre. Piden que el Gobierno elabore un reglamento para todas las comunidades autónomas en el que se especifique qué tipo de información se va a facilitar.

La ALta Inspección no es suficiente

El anteproyecto establece que la Alta Inspección del Estado vele por que se garantice la igualdad en la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo. Para los expertos del Consejo, esta 'ha demostrado ser una categoría en exceso imprecisa y vaga'.

Penas mayores a los facultativos

El Consejo recomienda imponer penas más duras a los médicos que incumplan la ley. Para ello, pide que se les inhabilite para cualquier tipo de práctica médica.