El presidente de Chile entre 1964 y 1970, Eduardo Frei Montalva, no murió por complicaciones médicas sino que fue asesinado. El homicidio fue confirmado ayer por el juez especial, Alejandro Madrid, al decretar el procesamiento de seis personas por participar en el magnicidio el 22 de enero de 1982.

Ese día, Frei se sometió a una operación quirúrgica por hernia simple. Sin embargo, su estado de salud empeoró de manera repentina y falleció a los 71 años por una infección bacteriana aguda, según se determinó en la autopsia. Veintisiete años más tarde, se ha demostrado que, en realidad, murió envenenado.

El juez Madrid ordenó ayer el arresto de quien fuera el chófer y hombre de confianza de Frei, Luis Becerra, así como de un médico militar que aún trabaja en el Ejército, por considerarles coautores del crimen. Además, acusa como encubridores a dos doctores de la Universidad Católica de Chile que participaron en la falsificación de la autopsia de Frei.

La investigación judicial ha logrado establecer que el chófer de Frei recibió dinero de la Dirección de Inteligencia del Ejército para convertirse en agente e informar sobre los movimientos del ex presidente. De este modo, el crimen queda vinculado directamente con el dictador Augusto Pinochet.

El juez Madrid había ordenado la exhumación del cadáver de Frei

Meses antes, el juez Madrid había ordenado la exhumación del cadáver de Frei. Entonces, gracias a un peritaje científico, se pudo determinar que el ex jefe de Estado fue envenenado con talio, un químico con el que se produce el gas mostaza. Se cree que la sustancia letal habría sido introducida en el organismo de Frei a través de las compresas que le ponían para cubrir la herida de la operación.

Pinochet salió fortalecido tras el asesinato, ya que, tras la muerte de Salvador Allende, el líder demócrata cristiano encabezaba la oposición a la dictadura.

"Esto demuestra que en Chile la Justicia tarda pero llega, y en este caso ha llegado y sabemos que nos hace bien como sociedad", comentó la presidenta, Michelle Bachelet, tras enterarse de la resolución judicial.