La lucha contra la corrupción se intensificará en 2008 pues la situación es grave, dijeron hoy ante la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) el fiscal general, Jia Chunwang, y el presidente del Tribunal Supremo, Xiao Yang, quien anunció el descenso de las penas de muerte en 2007, sin dar cifras.

Ambos responsables subrayaron que en 2008 los esfuerzos se concentrarán en la prevención e investigación de los casos más graves de corrupción (el de los funcionarios de mayor nivel, mayor cantidad de dinero o que susciten más preocupación popular), y que la pena de muerte se aplicará de forma "correcta" y en "los crímenes extremadamente graves".

El fiscal Jia expuso ante los congregados en la Asamblea que 35 funcionarios de nivel ministerial o provincial, 930 de nivel municipal y unos 14.000 de condados fueron investigados en los últimos cinco años por los delitos de grave corrupción, chantaje y apropiación indebida de fondos públicos.

Jia añadió que 117.000 funcionarios fueron encontrados culpables de estar implicados en 180.000 casos de delitos menores, un aumento del 30,7 en el último lustro.

"Aunque el mecanismo anticorrupción que estamos poniendo en funcionamiento desempeñó un importante papel para controlar el aumento y extensión de esos crímenes, la situación general es preocupante", destacó ante la ANP también Mu Ping, diputado y fiscal jefe de Pekín.

Mu reveló hoy que la mayoría de los casos de corrupción detectados en Pekín corresponden al lavado de dinero, que alcanzó un nivel histórico en los últimos tres años.

En su informe ante la sesión plenaria el día de la apertura el pasado día 5 de la ANP, el primer ministro chino, Wen Jiabao, dijo que "se dedicará todavía un mayor esfuerzo a combatir la corrupción y animar la integridad".

La Fiscalía destacó hoy que desde 2003 hasta 2007, se emitieron más de 4,2 millones de órdenes de detención y 4,6 millones de personas fueron llevadas ante la Justicia, lo que supuso un aumento del 20,5 por ciento y el 32,8 por ciento, respectivamente, respecto al lustro anterior.

También fueron detenidos 4.547 fugitivos que habían causado grandes pérdidas económicas y 1.200 funcionarios gubernamentales fueron perseguidos por ocultar graves delitos.

Sin embargo, el número de sospechosos que permanecieron en custodia prolongada se redujo a 85 en 2007 desde 25.000 en 2003.

En cuanto a la pena de muerte, el presidente del Tribunal Supremo se refirió al descenso de este tipo e condenas en 2007, aunque sin dar cifras.

Según Xiao, desde que el Supremo recuperó el 1 de enero de 2007 la revisión de las condenas a la máxima pena de los tribunales provinciales, éstas se dictaron de forma "estricta, cuidadosa y correcta" a "un pequeño número de graves crímenes".

"La transición (de los tribunales provinciales al Supremo) fue suave, ordenada y los casos de pena de muerte normales", dijo Xiao, en su informe ante la ANP, sin dar más aclaraciones.

El máximo juez de China destacó que el procedimiento para los juicios en segunda instancia de pena de muerte había mejorado y la revisión final se puso en práctica con criterios unificados.

"Hemos trabajado para que la pena de muerte se aplique sólo a los pocos que cometen crímenes extremadamente graves y atroces que originan graves consecuencias sociales", explicó Xiao a los legisladores.

Aunque Xiao no dio la cifra de ejecutados en China en 2007, el presidente del Primer Tribunal Criminal, Huang Ermei, declaró en una reciente entrevista a la agencia oficial Xinhua, que el Supremo rechazó desde enero de 2007 el 15 por ciento de las máximas sentencias por falta de claridad, evidencias o procedimientos erróneos.

El presidente del Alto Tribunal del Pueblo en la región noroccidental uigur-musulmana de Xinjiang, Rozi Ismail, manifestó a Xinhua que las ejecuciones en su región se redujeron en 2007 a la mitad de 2006.