La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)sancionó el pasado 24 de enero a cuatro entidades que cotizan en el mercado español por infracciones "muy graves", según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La más grave de todas ellas ha recaído sobre la empresa de alimentación Natra. Según el regulador de mercado, entre el 8 de enero y el 4 de febrero de 2008, Natra manipuló el mercado a través de diversas operaciones con acciones propias, lo que conlleva una multa de 150.000 euros para la compañía y de otros 60.000 para su presidente, Manuel Moreno Tarazona.

De igual cuantía es la sanción sobre Delforca 2008 (entidad cuya denominación anterior era Gaesco Bolsa). Esta sociedad de valores deberá abonar 150.000 euros, ya que la CNMV considera que su actividad presenta "deficiencias en su organización administrativa y contable así como en los procedimientos de control interno, incluidos los relativos a la gestión de riesgos". De todo esto, la CNMV deduce que la compañía "puso en peligro su solvencia y viabilidad". Además, su presidente y consejero delegado, Joan Francesc Gelonch, ha sido inhabilitado para ejercer cargos de administración o dirección en entidades similares durante cinco años.

Las otras dos compañías amonestadas son la inmobiliaria agrícola e industrial Rústicas S.A. y la aseguradora italiana Assicurazioni Generali. Aunque la sanción que reciben también está tipificada como "muy grave", las multas son inferiores.

Rústicas, cuyas acciones quedaron excluidas de negociación en Bolsa el pasado 24 de enero tras una oferta pública de acciones, fue sancionada con 15.000 euros por el retraso en 49 días sobre el plazo máximo previsto para el envío del informe financiero anual de 2008 a la CNMV. Además, cada uno de los miembros del consejo de administración de la empresa: Javier Martínez Casado, Hoteles Jeresa, Carlos Cremades Carceller, CYC, Azahar y Manuel María Cavestany deberán pagar una multa de 6.000 euros.

Por último, Assicurazioni Generali fue sancionada con 18.000 euros por incumplir la obligación de comunicar a al regulador las participaciones significativas en Banco Santander en su condición de administrador.

Las resoluciones que imponen estas sanciones no son firmes todavía, ya que todas las empresas han interpuesto recursos judiciales contra ellas.