El desbloqueo ya está logrado, pero aún habrá que esperar para cantar victoria. Sintéticamente, eso sucedió ayer en la reunión de la Mesa del Congreso. El órgano de gobierno de la Cámara Baja tenía que estudiar, una semana más, cómo desenredar la madeja de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago. Y resolvió darse más tiempo: encargó un nuevo informe a los servicios jurídicos del Parlamento para que ayuden a dilucidar a qué comisión promotora encomendar la recogida de 500.000 firmas. Como no hay programado un siguiente encuentro de la Mesa la próxima semana y en agosto hay vacaciones parlamentarias, el asunto no se abordará hasta septiembre.

Las asociaciones PAH y Adicae registraron la misma iniciativa

Para entender la complejidad del caso, hay que remontarse varias semanas atrás. El 3 de julio, Público informó de que una pantalla verde, Los Verdes Ecopacifistas, habían bloqueado la tramitación de la ILP a favor de la dación en pago -la entrega de las llaves al banco a cambio de la cancelación de la hipoteca- que habían presentado los sindicatos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El Congreso había admitido la propuesta de Los Verdes Ecopacifistas porque se había registrado antes. Ello abortaba cualquier otro intento de presentación de iniciativas similares, porque así lo exige la ley.

Pero Los Verdes Ecopacifistas es una formación con apenas 300 militantes y con escasa infraestructura como para recoger 500.000 apoyos en nueve meses. Este diario reveló las presuntas ligazones del partido, y especialmente de su vicepresidente, Alejandro Escribano, con el sector urbanístico del País Valencià. Los ecopacifistas, conocido el caso, retiraron su iniciativa el 8 de julio y pidieron a la Mesa que asumiera la propuesta liderada por la PAH.

Blindaje contra recursos

La semana pasada, la Mesa -compuesta por PSOE, PP, CiU y PNV- reclamó un informe a los letrados para que pasaran revista al estado de las ILP presentadas a favor de la dación en pago. El documento se conoció ayer, pero "no fue suficiente", confirmaron fuentes parlamentarias. Básicamente, porque ahora hay dos iniciativas similares en liza, la de la PAH y la de la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae), ambas con objetivos parecidos e infraestructura suficiente como para recabar el medio millón de firmas que se requiere para que la ILP pueda ser discutida por las Cortes.

La Mesa de la Cámara Baja deja para septiembre la decisión final

La PAH, tras la marcha atrás de los ecopacifistas, registraron el mismo 8 de julio, desde Catalunya, una nueva ILP. Y el pasado día 12 volvieron a presentarla en Madrid. Esa misma jornada, Adicae ingresó su texto en la Cámara. Como la ley que regula la Iniciativa Popular es taxativa al respecto -si hay dos iniciativas semejantes, tiene preferencia la primera que haya sido registrada-, el Congreso quiere curarse en salud.

"Queremos calificar lo que corresponda y no causar perjuicios en un tema tan sensible. Mejor tener la certeza de que lo estamos haciendo bien a caer en el pozo de los recursos judiciales. Queremos blindarnos", aseguraba ayer un miembro de la Mesa, quien recordaba que la ILP no caducará en ningún caso, aunque se disolviera el Parlamento y se convocaran elecciones generales. Así lo estipula el artículo 14 de la ley. La dación en pago pasaría a la siguiente legislatura.