Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos, ha dedicado la mayor parte de la legislatura a sacar adelante, desde la presidencia de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, la primera Ley de Cambio Climático de la historia de España. Una norma necesaria para que el Estado consiga avanzar en su descarbonización y llena de luces y sombras. El político ecologista habla con Público sobre el polémico porcentaje de reducción de emisiones –criticado por algunas grupos conservacionistas–, sobre las presiones "explícitas" de los lobbies petroleros y sobre la necesidad de seguir mirando hacia adelante.

Este jueves se aprobó el proyecto de la Ley de Cambio Climático en el Congreso, ¿está contento con el resultado final del texto?

Estoy muy contento porque hemos conseguido un respaldo importante. Ese respaldo, con el único voto en contra de Vox, lo que garantiza es que realmente la ley vaya a tener continuidad. Es la primera ley de cambio climático que se aprueba en nuestro país y que pone un horizonte al fin de los combustibles fósiles. Todo ello, con un amplio apoyo parlamentario. Hay motivos para estar satisfechos porque era, por cierto, uno de los compromisos firmados en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos.

La norma llega con una década de retraso, ¿es demasiado tarde para actuar para España?

La primera ley de cambio climático de Europa la aprueba el Reino Unido en el año 2008. Es decir, vamos con mucho retraso, lo que demuestra lo dificultoso que es legislar sobre este tema y, de hecho, ningún Gobierno había sido capaz de hacerlo. El de Rajoy no fue capaz ni siquiera de ponerse de acuerdo en un borrador, porque las peleas entre Tijerina y Nadal lo hicieron imposible. Nosotros presentamos nuestra propuesta en 2017 y, efectivamente, son años de retraso. Pero bueno, nunca es tarde para la acción climática y es importante que esta ley haya salido adelante.

El objetivo de reducir las emisiones de CO2 un 23% de cara a 2030 ha sido muy criticado por estar lejos del 55% que se marcó la Comisión Europea, ¿considera que en este punto la ley es poco ambiciosa?

Lo primero que me gustaría destacar es que la ley es mucho más amplia y que hay muchísimas medidas que están quedando oscurecidas por ese debate parcial. Hablo de medidas como el fin de la extracción de combustibles fósiles, el find e la mineria de uranio, la obligación de establecer zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes, la obligación de que el desarrollo de energías renovables respete la biodiversidad, el establecimiento de una red de electrolineras… Es decir, la gama de medidas es amplísima y reducir el debate a los objetivos, como algunos están pretendiendo, me parece que tapa todo lo demás.

Sobre el objetivo que hemos marcado, tenemos una realidad en España y la ambición desde el momento actual, que es cuando el país tiene que actuar, es similar a la de otros países europeos, por lo tanto para nuestro tejido industrial y nuestra sociedad estaremos haciendo el mismo esfuerzo que otros países europeos. No sólo eso, sino que se introduce en la última enmienda la obligación de revisar esos objetivos en el año 2023. Creo que eso refleja que hay una voluntad de ir más allá, de avanzar y eso es lo que realmente importa. La ley establece unos objetivos importantes y una voluntad de ir más allá.

Si sólo dependiera de usted, ¿le hubiera gustado que el objetivo de reducción de emisiones fuera más ambicioso?

Indudablemente el texto que finalmente sacas adelante es el que puedes conseguir con los apoyos parlamentarios que tienes. En muchas ocasiones lo hemos dicho, la fuerza de nuestros 35 diputados está consiguiendo muchas cosas que son cualitativamente más importante que esa suma aritmética. Claro que habríamos ido más allá, pero la realidad de los apoyos políticos son los que son y, en ese contexto, es el mejor resultado que hemos podido sacar.

Poniéndose en la perspectiva del activismo, ¿considera que las críticas que estos días han hecho los grupos ecologistas son desmedidas?

Son absolutamente legítimas. Ellos hacen lo que tienen que hacer, su trabajo. Su trabajo es reclamar la máxima ambición. El nuestro, como diputados, es el de conseguir la máxima ambición en la realidad política en la que nos movemos. Lo hemos conseguido en muchos aspectos y muchos de los cambios que ha habido son enmiendas que hemos puesto nosotros sobre la mesa. Insisto, la aportación cualitativa de nuestra fuerza política es muy superior al impacto cuantitativo real.

La ley obliga a establecer zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, el texto deja mucho margen de actuación a los ayuntamientos, ¿le preocupa que esa falta de concreción permita a determinados consistorios eludir la transformación de las ciudades?

Cuando se legisla hay que respetar las competencias de otras administraciones. Precisamente esa introducción de las zonas de bajas emisiones surge ante la dificultad que se encuentra en su momento el Ayuntamiento de Madrid para tener un enganche legal que justifique a nivel superior el Madrid Central. Esta ley lo que intenta es dar ese enganche legal e impulsar la acción contra la contaminación de los ayuntamientos. Evidentemente, si hay ayuntamientos que no quieren hacerlo, pues tenemos un problema.

La diputada María del Carmen Martínez (Cs) le dijo ayer en el Congreso que había una falta de consenso en esta ley y denunciaba que corre el peligro de ser como las leyes de educación, que cambian constantemente en función de la ideología del Gobierno, ¿qué opina de ello?

Creo que detrás de las escusas de las formas hay diferencias de fondo. Realmente cuando hay dos posiciones que son encontradas es muy difícil alcanzar consensos. El resultado de la votación del jueves muestra que se ha llegado a un texto con el máximo apoyo. El hecho de que el PP no votara en contra hace que sólo se hayan quedado fuera los negacionistas de Vox, que siempre estarán en contra de una ley climática. Ese riesgo está disipado y el resultado consolida la ley en el largo plazo. No ha habido ningún discurso firme y con mucho apoyo en contra de la ley.

Varios partidos han acusado a Unidas Podemos y a PSOE de falta de diálogo…

Es algo falso. Sería imposible sin diálogo haber conseguido todos los apoyos: Bildu, ERC, PNV, Ciudadanos, Teruel Existe… Ha habido mucho diálogo dentro del Congreso y fuera del Congreso, porque hemos tenido decenas de actos y discusiones. Es un debate que lleva en marcha más de diez años y, por lo tanto, ha habido diálogo. Lo que ocurre es que ha utilizado este argumento para excusar diferencias de fondo. Si tu estás reclamando cosas que van en contra del fondo de la ley…

¿Cuáles?

Por poner un ejemplo, Ciudadanos y PNV han defendido a lo largo de todo el proceso posicionamientos más cercanos a la industria petrolera, como la neutralidad tecnológica o las emisiones netas, que en ningún momento se han contemplado porque van en contra de la esencia de la ley. Eso no es que no haya habido diálogo, es que había diferencias de fondo, y eso es muy diferente.

La ley pone fin a la exploración y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos, ¿ha recibido presiones directas del lobby de los combustibles fósiles durante todo el proceso?

La industria petrolera ha sido muy explícita. Por cierto, hablando de diálogo, entre los comparecientes externos de la ley estuvo Josu Jon Imaz, que es el CEO de Repsol. Su oposición y sus críticas a la ley han sido explícitas. Eso es una realidad que está ahí y pone en valor la importancia de la ley, que ha salido adelante con independencia de los poderes económicos.

Teruel Existe dijo el jueves que hacía falta que la ley pusiera más énfasis en garantizar que el despliegue de las renovables no altere los ecosistemas y el medio rural, ¿qué opina de esta crítica? ¿Se debería de haber enfocado más la ley hacia el autoconsumo?

Hay una preocupación legítima. Hemos pasado de que las renovables estuvieran prácticamente prohibidas a impulsarlas desde el Congreso. Y hay una preocupación legítima a cerca de que todo el espacio rural se ocupe con plantas renovables, lo cual no va a ocurrir porque la superficie que se necesita es pequeña, pero puede haber impactos locales importantes. En ese sentido, quienes hemos impulsado la ley compartimos esa preocupación y, por ello, se han introducido varias enmiendas donde se advierte de la necesidad de que el desarrollo de las renovables se haga protegiendo la biodiversidad. Es algo que debe primar y que se debe tener en consideración.

Sobre el autoconsumo, hemos pasado de que estuviera prácticamente prohibido con el impuesto al sol a comenzar a impulsarlo. Personalmente, yo creo en un modelo más descentralizado y basado en pequeñas plantas y es hacia donde debemos avanzar.

La educación ambiental será el eje transversal del currículum académico de colegios, institutos y universidades, ¿por qué no se ha ampliado el marco para incluir la educación ambiental en otros sectores como las empresas o la clase política?

Una frustración que tengo es que, después de años de debate, se aprueba la ley y los medios de comunicación reducen la cobertura a la intervención que tuvo un negacionista de Vox. Es lamentable y los medios de comunicación deberían hacer una reflexión sobre ello. Después de todos estos años de debates, la noticia que das es la de un tipo diciendo chorradas… Con todo esto, quiero decir que el asunto de la clase política no es una cuestión de mayor o menor educación ambiental, sino de ideología y planteamientos. Estoy convencido de que todos esos discursos son postureo político sin base científica.

La ley incluye un Comité de Expertos en Cambio Climático, pero se ha criticado mucho que el texto no garantice la independencia del Gobierno, ¿le preocupa?

Realmente la discusión era sobre hasta qué punto la ley debe desarrollar o no los detalles de ese comité. Entendemos que una cuestión como un organismo de este tipo debe desarrollarse en un decreto. Y la discusión sobre su independencia la tendremos cuando toque elaborarlo. Hay muchas otras cosas que se tienen que desarrollar, pero es que la ley no es el final de un camino, sino el comienzo de la lucha contra el cambio climático.

Pero, al depender de un real decreto, ¿no se da más opción a que el Gobierno de turno tenga más capacidad de transformar la esencia de ese comité?

Espero que no. Al final, de lo que se trata es de que sea un comité científico y no político.

El Artículo 11 habla del impulso de los combustibles alternativos, ¿se deja la puerta abierta al uso del gas en este artículo?

No. Lo que trata de resolver es cómo articular algunos transportes como el aéreo. Nosotros somos contrarios a esa idea de que el gas es un combustible de transición. Fundamentalmente creemos que el hidrógeno debe venir de la mano de las energías renovables y no de gas.

Van a obligar a las grandes empresas a diseñar sus propios planes de descarbonización, ¿los objetivos de reducción de emisiones que estas compañías se marquen serán vinculantes? ¿Se tendrán en cuenta sus inversiones y las actividades de sus filiales en el extranjero?

Es una buena reflexión. Una de las cuestiones que me preocupa es si la ley debe tener o no un régimen sancionador. Realmente, ¿qué ocurre con quienes no cumplen esto? Creo que debería existir algún mecanismo, pero insisto en que esta ley es el primer paso en el camino y que aún quedan muchas cosas por desarrollar.

Los colectivos de juventud por el clima han sido cruciales estos años. El jueves, tras la aprobación de la ley, se mostraron muy críticos y dijeron que estaban cansados, ¿cree que el texto no responde adecuadamente al clamor que estos dos últimos años ha habido en las calles?

No deben estar cansados. La lucha contra el cambio climático es un camino para corredores de fondo. No se puede pensar en cambiar el modelo producción de la noche a la mañana, es un proceso duro y de pugna contra muchos intereses económicos. Personalmente, me parece que la irrupción de Juventud por el Clima es una de las mejores cosas que le ha pasado al activismo ecologistas. No deben desanimarse, sino ver la botella medio llena para seguir adelante. Es una lucha muy larga y dura.