La Comunidad de Madrid, pionera en España en crear la figura del Defensor del Menor para velar por los derechos de los niños, cerrará la institución el próximo 1 de julio a causa de la crisis, que ha disparado el déficit y la necesidad de ahorro en la Administración regional.

El pleno de la Asamblea madrileña así lo ha acordado el jueves pasado, con los votos a favor del PP y UpyD y el rechazo de IU y PSOE.

El PP justifica el cierre por motivos de ahorro y para evitar duplicidades. La diputada regional del PP Gádor Ongil considera que las funciones del Defensor del Menor las puede acometer el Instituto del Menor y la Familia (IMMF) -depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales- y el Defensor del Pueblo estatal.

Por contra, la diputada socialista Matilde Fernández y la diputada de IU Josefa Amat coinciden en señalar que el momento para suprimir la institución es "malo", ya que la crisis económica está haciendo crecer la pobreza en las familias, lo que afecta en gran medida a la infancia.

En sus dieciséis años y medio de vida, la institución ha tenido tres responsables: el psicólogo Javier Urra; el exdelegado del Gobierno en Madrid y diputado regional del PP, Pedro Núñez Morgades, y el abogado Arturo Canalda, curtido en la política desde las filas del PP en los Gobiernos central y autonómico.

Urra y Morgades consideran "dolorosa" su eliminación, pero mientras el primero sostiene que el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y la Fiscalía de Menores "no podrá sustituir" al Defensor, el segundo "confía" en que los niños no quedarán desprotegidos.

No obstante, Javier Urra (defensor del Menor de la Comunidad de Madrid desde su creación, en octubre 1996, hasta septiembre de 2001) ha manifestado que "respeta" la decisión, aunque no tiene respuesta a la pregunta de si es necesaria su eliminación.

El ahorro será "muy escaso", asegura el ex defensor del Menor, Javier Urra

"Fue la Asamblea de Madrid la que creó la institución y si ahora decide suprimirla por los recortes, sólo puedo respetar esa decisión", ha afirmado.

Sobre el posible ahorro que supondrá la medida, sostiene que será "muy escaso". "A los trabajadores funcionarios (de la Oficina del Defensor del Menor) habrá que recolocarlos, por lo que el ahorro va a ser muy poco", sostiene Urra.

En su opinión, la institución del Defensor del Menor "empezó a morir" el día que se "politizó" con el nombramiento de su sucesor, Pedro Núñez Morgades, por el que siente "admiración", aunque considera que es un hombre de partido (fue nombrado delegado del Gobierno por el PP) y con él la institución perdió "independencia y autonomía".

Para Urra, aunque la Fiscalía de Menores tiene competencias en la protección de la infancia, ésta no podrá cubrir, entre otros asuntos, la divulgación de cuestiones relacionadas con los menores y sus problemas, ni crear opinión, aspectos que sí desarrollaba el Defensor del Menor.

Pedro Núñez Morgades (defensor del Menor desde octubre de 2001 a octubre de 2006) ha reconocido que los "recortes" son dolorosos, pero "ojalá no hubiéramos tenido que hacerlos".

"Si en 2008, cuando se inició la crisis, el Gobierno anterior (el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero) hubiese adoptado las medidas necesarias contra la crisis, a lo mejor ahora no estaríamos hablando de la desaparición del Defensor del Menor", ha añadido.