Las críticas a la reforma eléctrica acorralan a Soria

Que iba a levantar las críticas del sector parecía inevitable. Pero lo cierto es que la reforma energética aprobada en julio por el Gobierno del PP no gusta a nadie, ni siquiera a los más cercanos. Los dardos, de todos los colores, se han lanzado desde cualquier ángulo.

El enorme paquete regulatorio (incluye un real decreto ley, siete reales decretos, cuatro órdenes ministeriales, una resolución y un proyecto de ley) del ministro de Industria, José Manuel Soria, ha recibido la estacada final esta semana con la reprobación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que calificó la normativa de "discriminatoria".

Pero no es la única. Tres días más tarde, el Ejecutivo extremeño (PP) anunció su "decisión firme" de recurrir la reforma energética ante el Tribunal Constitucional. Lo hacía "en defensa de los intereses de la región", según afirmó en el Parlamento autonómico el consejero de Energía extremeño, José Antonio Echávarri, que criticó la manera "unilateral, sin consenso y sin transparencia" en que había sido aprobada. Para rematar, la Comisión Europea alzaba la voz el viernes para recordar a España que debe garantizar que no se están poniendo en peligro las renovables ni los compromisos adquiridos en eficiencia energética y emisiones para 2020.

"Lo lógico en un país democrático es que el ente regulador sea escuchado y que el Gobierno le haga caso. Aquí vamos a esperar a ver qué pasa, confiamos en que se tenga en cuenta", señala en conversación con Público José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), al ser preguntado sobre las perspectivas de que la oleada crítica lleve al ministro a retractarse en alguno de los puntos más polémicos del texto.

Industria, por el momento, no ha dado señales de arrepentimiento. Este diario se ha puesto en contacto con el departamento de José Manuel Soria para preguntar sobre esta posibilidad, pero a la fecha de publicación de este artículo no se había recibido respuesta.

En la línea de lo que reclaman las organizaciones ecologistas y las empresas y productores de renovables, la CNE hizo público el lunes un informe en el que pide que se elimine el ‘peaje de respaldo' al autoconsumo por el uso de la red, es decir, un canon que se cobrará a quienes producen su propia electricidad con paneles solares o pequeños molinos de viento independientemente de si consumen o no esa energía. Además, la electricidad que no puedan consumir en ese mismo momento deberán regalársela a la compañía eléctrica, sin posibilidad de cobrar por ella o de compensar ese exceso de producción en las horas en las que no se está produciendo.

El órgano regulador, encargado de garantizar la competencia, objetividad y transparencia en los sistemas energéticos, señala que la propuesta resulta "discriminatoria con respecto al resto de consumidores" y que "adolece de una disfunción grave" al hacer "inviables los proyectos e imposibilitar el desarrollo del autoconsumo en la práctica".

La CNE criticó la reforma por "hacer inviables" los proyectos de autoconsumo

"Lo que plantea el Gobierno es desmantelar el sistema de las renovables, no sólo porque no crean en él, sino por contentar a las grandes eléctricas. El propio ‘peaje de respaldo' es un término inventado y propuesto por Iberdrola. Han hecho un lobby brutal y el Ministerio ha claudicado. Es una dictadura energética", señala a Público Julio Barea, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace España.

La ONG ecologista ha exigido al Ministerio de Industria la retirada "inmediata" del Real Decreto sobre autoconsumo tras conocerse el informe de la Comisión Nacional de la Energía, algo reclamado también por agrupaciones políticas como Equo y las asociaciones de empresarios y productores fotovoltaicos. Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, asegura que Soria incurrirá en un "fraude de ley" si no hace caso a las observaciones de la CNE. Por su parte, UNEF ha anunciado que recurrirá el peaje al autoconsumo si finalmente el Gobierno deja el texto como está.

Ecologistas, políticos y empresas reclaman a Soria que rectifique

Además, el Real Decreto propuesto por Industria contempla como una falta "muy grave", con multas de hasta 60 millones de euros, si los productores de electricidad no se inscriben en el registro que se ha creado para mantener un control sobre las instalaciones. El informe de la CNE también discrepa en este punto: la no inscripción "difícilmente puede poner en riesgo la garantía de suministro o generar peligro manifiesto a las personas, bienes o medio ambiente", indica el organismo, que advierte de que la legislación va a contracorriente de las directivas europeas.

José Donoso apunta a que el principal problema, además, es la repercusión económica que implican las nuevas medidas por la falta de seguridad jurídica que se genera (la regulación se aplicaría con carácter retroactivo). "Nadie va a poder vender su fotovoltaica porque nadie va a querer comprarla. Quitar las instalaciones supone perder toda la inversión hecha, así que lo que va a pasar es que mucha gente va a tener muchos problemas para poder pagar y van a tener que entregar las llaves a los bancos. Es una trampa, como ha ocurrido con las preferentes", señala.

UNEF calcula que el sector fotovoltaico adeuda a los bancos 20.000 millones

Según datos de UNEF, el sector fotovoltaico en España adeuda a los bancos unos 20.000 millones de euros. El tiempo para rentabilizar las instalaciones, calculan, se duplicará con la nueva regulación y 7.500 puestos de trabajo se verían condenados a desaparecer.  "Los grandes inversores tampoco van a volver, no van a querer tener nada que ver con nada que provenga de la Administración o esté regulado", sostiene. Por el momento, varios inversores extranjeros con intereses de más de 13.000 millones en energías renovables en España ya han anunciado que estudian acciones legales contra España por la reforma.

Aunque podría parecer que, visto lo visto, las grandes compañías del sector eléctrico estarían frotándose las manos, las críticas han llegado también por su parte. Unesa, la patronal que agrupa a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E-On y EDP, no tardó en anunciar una "drástica reducción de empleo e inversiones", justificado en que, según sus cálculos, tras las medidas anunciadas por el Gobierno tendrán que asumir un sobrecoste de 1.000 millones de euros, según un comunicado de la asociación.

"No tiene sentido, España es el Golfo Pérsico de las renovables"

"Yo lo llamaría contrarreforma. Lo que se quiere es destruir, volver a los años 60 y pasar por encima de lo que se ha hecho en renovables en los últimos años. Es para llorar, cierra España a la evolución tecnológica que tendrá lugar en todo el mundo", sostiene Donoso.

"No tiene ningún sentido", lamenta Barea. "España es el Golfo Pérsico de las renovables".