En las cunetas y en el Registro Civil

Varias asociaciones de memoria histórica han iniciado una campaña para que los desaparecidos de la Guerra Civil y de la represión franquista acaben por fin inscritos en los registros civiles. Reclaman a todos los grupos parlamentarios una modificación de la ley para facilitar a las familias, que en muchos casos han acudido a los tribunales, la anotación.

El proceso es esencial para cualquier investigación sobre la represión de la dictadura y va encaminado directamente a recuperar personas, con nombres y apellidos, que sufrieron una doble muerte, la real y la de esfumarse de la historia. Esto sucedió sobre todo en las zonas donde triunfó antes el golpe de Francisco Franco y donde avanzaron los generales: Andalucía occidental, Extremadura, Castilla-León, Galicia, Navarra y zonas de Aragón y Asturias.

El proceso es vital para cualquier investigación sobre la represión

Pocos días después de la rebelión de 1936, "se dictaron órdenes precisas para que no se inscribiera a los asesinados con la clara intención de dejar el menor rastro posible", aseguran las asociaciones de memoria en el manifiesto ¡¡¡Todas las víctimas del franquismo en los registros civiles!!!, que ya han firmado 233 personas de toda la península.

No hay cifras de cuántas personas dejaron de apuntarse, pero una idea de lo que se pretende reparar la da la historia de Manuel Escobar Moreno y de Castilleja del Campo, un pequeño municipio (633 habitantes) de la provincia de Sevilla. Como documentó el profesor estadounidense Richard Barker en su libro El largo trauma de un pueblo andaluz, 17 personas fueron asesinadas en 1936. Nueve de ellas no constan en el registro y algunos ni siquiera tienen familiares. "La intención era ocultar el número de asesinatos", asevera Cecilio Gordillo, responsable del grupo de trabajo sobre memoria histórica de CGT-Andalucía.

En el caso de Escobar Moreno, cuya familia pudo inscribirlo en 1946, en la hoja número 76 se lee: "Falleció [...] el día 27 de agosto de 1936 a las [en blanco] a consecuencia de aplicación del bando de guerra". "En otros casos pone por herida de bala, nunca asesinato", asegura Noelia Rodríguez, concejal socialista del ayuntamiento y nieta de Escobar Moreno.

"Se trata de rescatar a una persona. No desaparecieron por arte de magia"

Decreto de 1936

La cobertura normativa de la inscripción de Escobar Moreno y tantos otros la dio el franquismo en noviembre de 1936, coincidiendo con el declive de la represión al amparo del bando de guerra, según el historiador Francisco Espinosa. En esa fecha, se publicó un decreto por el que miles de personas pudieron legalizar la muerte de sus familiares. "En el mejor de los casos se hizo falseando la causa de la muerte. Al daño causado, se añadió la humillación de unos procedimientos ideados para que los asesinados no pudiesen adquirir ni siquiera la condición de víctimas", aseguran las asociaciones CGT, ARMH, Memoria Antifranquista, Aremehisa, Memoria Histórica y Justicia, Dime y Guerra y Exilio.

En los tribunales

Muchas personas han acudido a los tribunales para lograr la anotación

Ahora, quienes quedaron fuera plantean en los tribunales la inscripción. Noelia acudió hace tres años a los juzgados con la lista completa de los no inscritos en Castilleja. Aún no han recibido respuesta. En numerosos casos, los jueces deniegan la inscripción y en otros, los menos, la aceptan, aunque sea fuera de plazo. Lo que quieren las asociaciones es eliminar esta discrecionalidad.

IU prepara una batería de mociones en los ayuntamientos en apoyo del cambio legal y baraja una iniciativa en el Parlamento andaluz. ERC, cuyo diputado Joan Tardá ha firmado el manifiesto, baraja la posibilidad de dar la batalla en el Congreso.

"Se trata de rescatar a una persona. Un monolito es una forma simbólica de recordarlos, pero no desaparecieron por arte de magia. Fueron asesinados", resume Noelia.

Sin familiares: que decidan los municipios
El manifiesto de las asociaciones de memoria histórica persigue facultar a los ayuntamientos para inscribir en el Registro Civil a los vecinos censados en la población cuando murieron y que no tengan familiares que no puedan hacerlo.

Las familias: asesoramiento gratuito
También quieren que las familias dispongan de asesoramiento jurídico gratuito para facilitar la inscripción, previa presentación de documentación oficial. Se exigen testigos que ya son muy mayores o han muertos.

Los jueces: inscripción de oficio
También piden que se agilice la inscripción de oficio por los juzgados cuando exista documentación oficial de la época de la que tengan conocimiento que acredite una muerte. “72 años después de la masacre y 30 de las primeras elecciones, ningún gobierno ha favorecido la modificación de la ley de registros civiles”, recalcan las asociaciones.