El defensor del Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, pidió al Gobierno de Evo Morales "evitar cualquier otra acción de violencia contra la ciudadanía" en Pando, región del norte del país que cumple hoy su quinto día en estado de sitio.

La petición es una de los garantías que Albarracín solicitó al Ejecutivo para que prevalezcan los derechos fundamentales de los habitantes en esa región, donde se encuentra desde este martes, según dijo en declaraciones a Efe.

Además, el defensor del Pueblo solicita al Gobierno que las detenciones, de darse, se hagan con las "garantías constitucionales", de manera que la persona sepa "las razones de su detención y el derecho de defensa esté vigente en todo momento".

Albarracín se encuentra en Pando trabajando para asegurar el respeto a los Derechos Humanos en la región y recabando testimonios acerca de los hechos de violencia entre campesinos y opositores que la semana pasada se cobraron la vida de al menos quince personas, según datos del Gobierno.

"Los testimonios recibidos son muy impactantes", dijo el funcionario en referencia a sus conversaciones con los afectados.

Los testigos le relataron "cómo han sido emboscados y cómo la gente se refugió en las casas porque estaban siendo disparados con armas automáticas", dijo.

"Otra gente tuvo que refugiarse en el río y es allá donde los remataron. Hay imágenes que muestran eso", agregó.

Además, contó cómo unos quince campesinos fueron encarcelados por el juez local tras haber sido capturados y maltratados por los opositores autonomistas, según sus propios testimonios.

"El propio juez dispuso su detención preventiva, unos piensan que más que por juzgarlos, por salvarlos", dijo.

El defensor también aclaró que está "hablando con todos sin discriminar a nadie para escuchar las diferentes versiones" acerca de los sucedido.

Por eso, opina que "debe haber una investigación rigurosa para identificar a los responsables y promover las acciones penales" correspondientes.

El martes fue detenido el prefecto de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, para quien el Gobierno ha pedido 30 años de cárcel como presunto autor de un delito de genocidio por haber sido el autor intelectual de lo que considera una "masacre".

Sin embargo, según la versión de la oposición, fueron los campesinos quienes primero atacaron un bloqueo de carreteras montado por opositores autonomistas en protesta contra el Gobierno de Evo Morales.

A Cobija, la capital pandina, tiene previsto trasladarse mañana el enviado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Vegard Bye, según el propio funcionario confirmó a Efe.

El diplomático llegará para "preparar las condiciones para una negociación y para ver la situación de protección y seguridad de la gente".