Un nuevo fantasma recorre Europa y no es precisamente el mismo del que hablaba Marx. Va en dirección contraria, provisto de tijeras, y apunta al corazón mismo del modelo social europeo desde hace al menos 60 años: el Estado del bienestar.

Tras el plan de rescate del euro lanzado en mayo, y que movilizará otros 750.000 millones de dinero público con los déficit ya disparados, en todos los países de la UE se han sucedido los recortes, siempre en la misma dirección: adelgazamiento del sector público, reducción del gasto social, rebajas en las pensiones... Y muy pocos dudan de que se trata sólo del comienzo. Vendrán más.

Las recetas de recorte abrupto del gasto en plena crisis han dejado estupefacto al penúltimo premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que esta semana insistía en Alemania que no es prioritario un ajuste que cortará en seco el crecimiento. Pero han sido asumidas en todo el continente, ahora ampliamente dominado por la derecha, que ya gobierna en todas las potencias internas (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia) y que las considera el único salvavidas para preservar el modelo europeo.

"Está clarísimo que esta crisis no tiene nada que ver con el Estado del bienestar"

En los islotes de izquierda como España, las medidas se han presentado como "un paréntesis", como una especie de NEP de la socialdemocracia: un paso atrás, pero para tomar impulso y salvar el Estado del bienestar. Y aquí está el meollo: ya no se discute que el Estado del bienestar está en peligro. No necesariamente por su supuesta insostenibilidad. Pero la amenaza se ha hecho real para todos.

"Está clarísimo que esta crisis no tiene nada que ver con el Estado del bienestar ni con el gasto, pero todo indica que la presión sobre los gobiernos seguirá. Y una vez que han aceptado la austeridad como prioridad por encima del crecimiento, la dinámica es imparable", advierte Costas Lapavistas, economista de la Universidad de Londres. Y añade: "Vamos hacia decisiones drásticas que eran inimaginables hace apenas tres años. Es difícil creer lo que ha pasado en tan poco tiempo".

Su tesis coincide con la de Vicenç Navarro, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los mayores expertos en el Estado del bienestar. "El mundo empresarial, incluyendo el capital financiero, ha querido reducir la protección social como una forma de debilitar el mundo del trabajo y quieren utilizar la crisis para conseguirlo", afirma.

Un 'parte' grave

Los expertos discrepan sobre las causas de la enfermedad y, por tanto, sobre las recetas a aplicar. Pero el parte es grave: los déficit y la deuda se han disparado en toda Europa, los ingresos de los estados se desploman, la financiación se encarece, el envejecimiento es imparable... Hace 50 años, el gasto en pensiones equivalía en España al 1,5% del Producto Interior Bruto. Hoy se acerca al 8,5%. Y las proyecciones para 2050 rozan ya el 15%.

"El Estado del bienestar requiere ajustes, sí, pero los Tesoros están menos endeudados que en los años noventa y el modelo no tendría por qué estar en peligro", apunta Valeriano Gómez, ex secretario general de empleo del PSOE, hoy en la Fundación Ortega y Gasset. Su receta: "Hacer más eficiente el gasto público, reducir el consumo interno y no deprimir los ingresos públicos. ¡Cuánta ingenuidad había en aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas!".

"Estamos a más de diez puntos de países como Dinamarca"

La reforma fiscal debería ser la prioridad de cualquier política que se proponga salvar el Estado del bienestar, muy por encima de la austeridad, subraya Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, en línea con la mayoría de expertos consultados.

Zubiri es uno de los expertos en pensiones más respetado de España y nadie podría confundirlo por un radical. Está indignado: "Lo más lamentable es que se nos imponen recetas que son pura ideología, como la obsesión por bajar impuestos, reducir el déficit y dejarlo todo en manos del mercado, como si se tratara de soluciones científicas".

"El Estado del bienestar en España es pequeño, pero es insostenible si no se afronta en serio una reforma fiscal que nos acerque a Europa. Estamos a más de diez puntos de países como Dinamarca y la presión recae sobre los asalariados de renta media", lamenta Zubiri. "El origen del déficit es el colapso de la recaudación y ello puede ser letal: sin el aumento de ingresos y algunas reformas en el gasto podemos ir hacia la liquidación del Estado del bienestar", remacha.

Este momento está más cerca de lo que se cree, advierte Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona: "Vamos hacia atrás y muy deprisa, hacia un modelo de tipo anglosajón, con un Estado del bienestar mínimo para los más pobres y todo lo demás, privado".

"Vamos hacia atrás y muy deprisa, hacia un modelo de tipo anglosajón"

La presión sobre las pensiones, pese a que el sistema sigue en superávit y acumula una hucha de más de 60.000 millones, es en su opinión paradigmática: "Los planes de pensiones privados son los mayores inversores del mundo; ellos son en buena parte los famosos mercados, que presionan para conseguir disponer del ahorro y que la gente tenga que pagar por lo que hoy le aporta el Estado del bienestar".

En 1995, los fondos privados de pensiones en el mundo canalizaban inversiones por valor de 4,9 billones de euros. En 2009, el volumen había ascendido a 12, 7 billones, lo que representa ya el 27% del PIB mundial.

Inversores o especuladores

"A los que nos prestaron dinero les llamamos ahora especuladores", lamenta Germà Bel, catedrático de Teoría Económica de la Universitat de Barcelona. Bel sí considera que sobran las razones para "redefinir" el Estado del bienestar, con independencia de la crisis: "El sistema se ha esclerotizado, se ha vuelto injusto y a veces ineficiente por el desprecio a la excelencia. Como además no se ha mejorado la productividad y la sociedad envejece, las reformas son urgentes".

"¡Menos mal que los mercados nos exigen disciplina!"

"¡Menos mal que los mercados nos exigen disciplina!", añade. "De lo contrario, a lo mejor seguiríamos aún instalados en políticas miopes incompatibles con el sostenimiento del Estado del bienestar", concluye.

¿Pero no supone el Estado del bienestar una losa demasiada pesada para competir en un mundo globalizado? Al contrario, recalca Pablo Beramendi, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Oxford. Y cita como prueba los países escandinavos: "Hay un contrato social orientado a la eficiencia económica: de un lado, apertura y flexibilidad. Del otro, la protección del Estado del bienestar, que es una parte básica de la competitividad cuando en los países mediterráneos es remedialista".

El Estado del bienestar se tambalea en su cuna europea. Pero el epitafio global aún no está escrito. Quizá ni siquiera se escribirá, porque el fantasma que recorre EEUU se llama... Estado del bienestar.

España, muy lejos aún del nivel europeo

“Aquí hemos empezado a volver antes de llegar. Nuestro Estado del bienestar aún está lejos del nivel medio europeo y ello es consecuencia sobre todo de nuestro modelo fiscal”, opina Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. “¡El gran problema es que la vicepresidenta económica dice que no se puede gravar a los ricos!”, afirma. Le secunda Pablo Beramendi, de la Universidad de Oxford: “El Estado del bienestar se creó en España muy tarde, en los años ochenta, cuando los vientos internacionales ya soplaban en contra”. En su opinión, ello podría suponer ahora una ventaja si se reformara el sistema fiscal, que en relación al PIB recauda 11 puntos menos que Suecia o Dinamarca. Vicenç Navarro, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), es quien más ha cuantificado el déficit social español. Sus cálculos se publican periódicamente en la radiografía sobre la situación social en España que dirige desde el Programa de Políticas Públicas y Sociales de la UPF. España aparece sistemáticamente en el furgón de cola, con un gasto público en protección social equivalente al 20% del PIB, lejos de Suecia (31%), pero también de la media (26%). Sólo en prestación por desempleo se gasta por encima de la media si se mide en unidades de poder de compra por habitante.