El presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay (PSOE), han sido imputados por la policía en la investigación de la "operación Mar Blau", sobre supuesta corrupción entre los funcionarios de puertos del archipiélago balear.

Fuentes de la investigación han informado a Efe de que Díaz Ferrán será citado como responsable de la empresa Tracsayates, beneficiaria de una concesión que está siendo investigada en este caso, y es posible que pueda prestar declaración en Madrid.

La declaración del presidente de la CEOE, cuyo sustituto será elegido el día 21, tendrá lugar después de que se tome declaración a los principales y primeros implicados en la trama, que han comenzado hoy a prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía de Baleares, aunque no se descarta que Díaz Ferrán comparezca ya después de las fiestas navideñas.

Entre los principales implicados que han sido hoy citados hoy figuran el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Francesc Triay; su antecesor Joan Verger, y el director de la institución, Ángel Matías.

Triay encabezó la candidatura del PSIB-PSOE al Govern balear en los años 1987 y 1995 y fue nombrado en el cargo en la actual legislatura del socialista Francesc Antich y Joan Verger fue presidente del PP de Baleares y del Consell de Mallorca y dirigió el organismo de puertos durante el mandato de Jaume Matas.

A las 16:46 horas, Triay llegó acompañado de abogado a la Jefatura Superior de Policía de Baleares para prestar declaración ante la policía y los fiscales anticorrupción.

Tras él compareció el director de la APB, Ángel Matías, cuyo despacho fue registrado ayer al inicio de la "operación Mar Blau", y el último en hacerlo será Joan Verger.

Esta mañana, por la jefatura policial han pasado tres responsables de la empresa Trapsa de Palma, dos de ellos como imputados, según las fuentes. En total, la policía ha citado hoy a cinco imputados y un testigo.

La policía tiene previsto continuar mañana con las declaraciones de otros presuntos implicados en este caso de supuesta corrupción que ha salpicado a varios puertos de Baleares.

En la "operación Mar Blau", que intruye desde hace dos años el juzgado de instrucción 8 de Palma, se investiga, entre otras cosas, un supuesto amaño en la adjudicación de dos concursos por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares en Mahón y en Ibiza.

En relación a estos concursos, se indagan presuntos delitos cometidos por funcionarios portuarios con motivo de una concesión a la empresa Trapsayates.

Los delitos que se investigan son los de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa, entre otros.

El miércoles la policía registró la sede de la APB en Palma y las oficinas de la empresa Trapsa, adjudicataria de los concursos y propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, en el puerto de Mahón y en Palma, así como el domicilio en la capital balear de un empleado de la sociedad.

En relación con este nuevo caso sobre supuesta corrupción entre funcionarios de puertos del archipiélago, el presidente de Baleares, Francesc Antich, ha asegurado esta mañana que "conociendo como conoce" al presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Francesc Triay, no tiene ninguna duda de que ha sido y es "muy escrupuloso" en su gestión y, de hecho, apostilló, no está siendo investigado en la "operación Mar Blau".

Con ocasión de un acto público, Antich ha comentado a los periodistas que los investigadores no cuestionan el trabajo de Triay, sino que estudian la gestión del anterior presidente, Joan Verger, y de algunos técnicos.

Antich ha expresado su respeto y ha ofrecido todo su apoyo a las instituciones judiciales para que analicen si se ha producido alguna actividad delictiva: "Cuanto antes se aclare, mejor", ha afirmado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Ramon Socias, ha confiado en que si "alguien ha hecho mal las cosas" tenga que responder ante la ley.

Tras destacar que este es el momento en el que los inculpados "se puedan defender también" de las acusaciones, Ramon Socias ha pedido dejar trabajar al fiscal y al juez porque "en definitiva" lo que interesa "a todos los ciudadanos es que salga la verdad".