Doctrina provida en los centros de inmigrantes

La Fundación Vida, una de las organizaciones antiabortistas que estos días combaten la nueva ley que promueve el Gobierno, fue invitada el pasado 6 de marzo a dar una charla en el Centro de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) Hispano-Peruano, en Majadahonda (Madrid). La Fundación Altius-Universidad Francisco de Vitoria perteneciente a los Legionarios de Cristo gestiona este y otros tres centros de titularidad pública en la Comunidad de Madrid, que cuenta con un total de 17.

La reunión del mes pasado en el CEPI de Majadahonda no fue un hecho aislado. Miembros de la Fundación Altius organizan, cada primer viernes de mes, una reunión en uno de los CEPI que gestiona. Estas actividades poco tienen que ver con el objetivo de estos centros, destinados a organizar cursos y talleres para facilitar la integración de los inmigrantes. Cada uno de ellos está destinado a un colectivo de extranjeros.

Charlas "adoctrinadoras"

Las charlas consisten en reunir a los trabajadores de los CEPI y a miembros de la Fundación Altius para "adoctrinarles", según criticó ayer a Público un antiguo trabajador de uno de estos centros. La negativa de esta persona (que pide mantener el anonimato) a incorporarse al Regnum Christi , el ala laica de la Legión de Cristo, le valió el despido, denuncia.

El director de la Fundación Altius, Pablo Aledo, desmintió de forma tajante que en sus centros se intente inculcar una ideología determinada: "Somos un centro público y no intentamos darle una orientación a los asistentes hacia ninguna postura ideológica ni política. Un CEPI no debe de dedicarse a ello". En la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, que firmó la concesión con estos centros, también niegan que se realicen "charlas doctrinarias".

Pablo Aledo remite a los programas mensuales de los centros, en los que, efectivamente, no se detalla ninguna charla sospechosa de perseguir el adoctrinamiento. De hecho, en el programa del mes pasado del CEPI de Majadahonda no figuraba ninguna conferencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Pero esta sí se impartió, como reconoció ayer por la tarde un miembro de la Fundación Vida, la responsable de impartir la charla, sorprendido de que alguien ajeno a los legionarios supiera de su existencia. Según matizó, fue un encuentro "privado", sólo para los miembros de la Fundación Altius.

Proselitismo

La Fundación Vida combate el aborto "ofreciendo apoyo psicológico" a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Al recibir la llamada de una persona interesada en sus actividades, un miembro de la Fundación intenta recabar todos los datos posibles sobre el interesado. A continuación, le ofrecen, por ejemplo, ejercer como voluntario en una guardería, cuidando a niños o combatiendo los abortos, "ofreciendo apoyo psicológico" a las mujeres que quieren abortar.

Inquietud por la orden papal

Hoy está prevista otra sesión de "adoctrinamiento" a puerta cerrada con los trabajadores en el CEPI de Centroamericanos, en el barrio madrileño de Lavapiés. Se hablará, entre otros temas, de la orden del Papa de inspeccionar los centros que gestionan los Legionarios de Cristo, según un antigu trabajador de Altius. El Vaticano vigilará sus cuentas y controlará que ninguno de sus seglares se vean implicados en escándalos sexuales como el que salpicó a su propio fundador, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, que tuvo una hija en secreto y fue acusado de abusar de menores seminaristas.

Desde 2006, cuando la Comunidad de Madrid empezó a concertar estos centros con la Fundación Altius-Universidad Francisco de Vitoria, la oposición en la Asamblea de la Comunidad de Madrid ha increpado en repetidas ocasiones al Gobierno de Esperanza Aguirre porque los Legionarios de Cristo gestionen cuatro CEPI. "Son centros para manipular y tener controlado el movimiento asociativo y el voto inmigrante", denunció ayer María Antonia García Fernández, portavoz de Inmigración y Cooperación del grupo socialista de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la oposición socialista denuncia que no se está cumpliendo la función integradora con la que se justificó su creación porque los centros "segregan por nacionalidades". En la Consejería de Inmigración se cubren las espaldas e insisten en las cifras de inmigrantes (70%) y españoles (30%) que se benefician de las actividades de formación y ocio que se realizan en estos centros. En total, 220.000 usuarios en 2008.