Quizás los casos de los expresidentes Felipe González (consejero de Gas Natural) y José María Aznar (consejero de Endesa) son los más conocidos. Pero la lista de políticos o familiares de políticos que pasan a formar parte de los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas de España es extensa y de variado tinte político: Narcís Serra, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes, todos ellos en Endesa; Ángel Acebes e Ignacio López del Hierro en Iberdrola; Ana Palacio en Hidroeléctrica del Cantábrico; María de los Ángeles Amador en Red Eléctrica; Marcelino Oreja  en Enagás...

Estos nombres, junto a otros muchos, aparecen en la denuncia que la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético, integrada por varias agrupaciones ecologistas, partidos políticos y sociedad civil, han presentado esta mañana ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue las consecuencias que esta práctica de puertas giratorias están teniendo en consumidores y medio ambiente.

 "En el presente documento se detallará la aprobación de distintas normas por parte de autoridades pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, que con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector", señala el escrito que la plataforma ha hecho llegar al Ministerio Público junto a decenas de miles de firmas de apoyo a la iniciativa.

En especial, la denuncia hace hincapié en cómo esta connivencia entre políticos y empresas ha servido para "hacer agonizar" al sector de las renovables con el objetivo de beneficiar a las grandes compañías eléctricas.

En la misma línea se ha desarrollado también esta mañana la última acción de Greenpeace, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que ha desplegado una pancarta de 9 metros sobre el edificio de Capitol en la Gran Vía de Madrid para denunciar el "matrimonio de conveniencia" entre los presidentes de Iberdrola, Endesa y Gas Natural.

Greenpeace pide que se modifique la ley de incompatibilidades

"Que lo que ha unido el interés por los negocios, el poder y el dinero no lo separe los ciudadanos que no llegan a fin de mes", ironizaba una activista de la ONG desde la Plaza de Callao donde han representado una boda múltiple entre los presidentes de estas corporaciones y Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Lo que queremos es que la Fiscalía investigue si todo esto es legal. Si es legal, entonces reafirma nuestra petición para que se modifique la ley de incompatibilidades para que no se permita que haya puertas giratorias", ha señalado José Luis García, responsable del Área de Investigación e Incidencia de Greenpeace a Público.