El Consejo de Ministros aprobó ayer el plan para la regularización del empleo sumergido, con una importante novedad respecto al último borrador: no se reconocerán las cotizaciones de los trabajadores cuya situación regularicen voluntariamente las empresas, por lo que estas no deberán saldar esa deuda con la Seguridad Social. El último borrador del Ministerio de Trabajo establecía que los efectos de las altas se retrotraerían hasta el pasado 1 de enero, y que computarían para la futura percepción de prestaciones (paro y pensiones) por parte del empleado. La oposición de Hacienda a que la no aplicación de sanciones o el plazo limitado de reconocimiento de atrasos se extendiera a las retenciones por IRPF lo han impedido.

Actualmente se reconocen hasta cuatro años de cotización retroactiva del empleado no dado de alta, pero sólo si se detecta tras una denuncia o como consecuencia de una inspección de Trabajo.

Las empresas que den

En la práctica, y a la espera de que se publique el decreto con todas las medidas, el plan se quedará en un considerable endurecimiento de las sanciones contra el empleo en negro. La referencia del Consejo de Ministros no incluye ninguna alusión a la obligación de que las empresas respondan del empleo sumergido en las subcontratas que presten servicio en sus centros de trabajo, como establecían los últimos borradores; ni a la prohibición de optar a contratos públicos (cruciales en sectores como la construcción) para las empresas que hayan cometido una infracción grave.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicó que "no habrá derechos reconocidos para nadie", sino que "se reconocerán a partir del momento en que el trabajador y la empresa sean dados de alta en su nueva situación". Gómez subrayó que el plan no supone una "amnistía"; que está pensado "mirando al futuro", y que "la regularización se va a hacer desde el primer día en que se den de alta en la Seguridad Social".

Los empresarios con empleados a sueldo de forma irregular tendrán hasta el 31 de julio para darles de alta voluntariamente, sin que exista un mayor control del fraude que el actual por parte de la autoridad laboral. A partir de esa fecha, se intensificará la vigilancia y las sanciones se multiplicarán hasta por cinco. El plan incluirá "medidas extraordinarias" de estímulo a la regularización que la referencia del Consejo no especifica.

A partir de agosto, las sanciones se endurecerán considerablemente

En cuanto al endurecimiento de las sanciones, en caso de incumplir la obligación de afiliación y alta en la Seguridad Social, la sanción pasará del actual mínimo de 625 euros a 3.126 euros; y el máximo, de los actuales 6.250 euros a 10.000 euros; en caso de compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones de paro y otras de la Seguridad Social que sean incompatibles, se elevará el mínimo actual (6.251 euros) a 10.001 euros. El máximo se mantiene en 187.515 euros.

Gómez reiteró que es muy difícil calcular cuánto empleo sumergido puede aflorar con el plan, que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a aprobar hace más de un mes ante la UE. Según el ministro, España no se distingue "especialmente" del resto de países europeos. Algunos estudios cifran la economía sumergida entre el 15% y el 20% del PIB.

El plan no convence a patronal ni sindicatos. CEOE y Cepyme lamentaron ayer que no contenga aspectos fiscales y sólo contemple cambios laborales; la asociación de autónomos ATA cree que el Gobierno se ha precipitado con un "mal" plan cuyo fin, aseguró, es "edulcorar" los "aterradores" datos de paro; y su homóloga UPTA criticó que las medidas "son muy limitadas, vinculadas directamente al empleo y no a la economía en general". Antes de aprobarse el plan, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, volvieron a rechazarlo porque creen que desatiende a las trabajadoras del hogar, a los autónomos y a los inmigrantes.