El endurecimiento de las prejubilaciones que planea el Gobierno podría afectar a Telefónica, que la semana pasada anunció un recorte del 20% de su plantilla (hasta ahora, todas sus reducciones han incluido prejubilaciones) al mismo tiempo que presentó un plan de incentivos millonarios para sus directivos. Así lo dijo ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, que subrayó que la operadora reúne las características que el Ejecutivo está perfilando para determinar qué empresas tendrían que asumir la parte del coste de las prejubilaciones que actualmente cubre el Estado. El Gobierno puede introducir esta medida a través de una enmienda en el decreto de políticas activas de empleo o en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, lo que apresuraría la modificación y estaría en vigor antes de que se pactara el ajuste laboral en Telefónica.

La prejubilación no existe como figura jurídica. Es un acuerdo privado entre un trabajador y su empresa, que implica dos años de desempleo durante los cuales el trabajador percibe la prestación por paro desembolsada por las arcas públicas. La intención del Gobierno es limitar esta práctica para que, en el caso de las grandes empresas con beneficios que las lleven a cabo, "contribuyan a que el gasto (para las arcas públicas) disminuya pagando ellas misma la prestación", según Gómez. "Telefónica sí entraría dentro de esas condiciones", destacó.

Trabajo ultima los criterios para limitar estos ajustes de plantilla

Trabajo ultima los criterios que serán necesarios para aplicar esta limitación a las empresas; es decir, a partir de qué tamaño y de qué beneficios se verían afectadas. Y también cómo se aplicará esta limitación, si las empresas pagarán directamente las prestaciones o mediante contribuciones a la Seguridad Social, por ejemplo.

En cualquier caso, el Ministerio considera que en las prejubilaciones se desvirtúa el sentido de las prestaciones por paro, cuyo fin es el reenganche al mercado de trabajo y no el retiro, como ocurre en estos casos.

Trabajo tendrá que negociar con CEOE, UGT y CCOO este cambio. "Ocurrencias las justas", dice un responsable sindical, que considera más importante hablar de otros factores, como las causas de los despidos. "Y para eso es imprescindible hablar de reforma laboral", señala. El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, se mostró ayer de acuerdo en estudiar un cambio legal para limitar las prejubilaciones "si es necesario". También el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, abogó por "modificar la legislación para impedir a una empresa con beneficios reducir empleos".

El Ejecutivo quiere aprobar mañana el plan contra el empleo sumergido

El presidente de Coca Cola en España, Marcos de Quinto, envió ayer un duro mensaje a través de la red social Twitter a Telefónica, a la que pidió "un poco de patriotismo": "Hay quienes hacen el dinero AQUI con tarifas altas y lo reivierten fuera con bajas. Luego sacrifican el empleo del lugar que les da el cash", dice en uno de sus tuits .

Por otro lado, sindicatos, patronal y Trabajo mantuvieron ayer su primera reunión para hablar del plan contra el empleo sumergido que el Gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros de mañana. "Si alcanzáramos un acuerdo con un grado de madurez suficiente, lo llevaríamos al Consejo del miércoles", dijo Gómez. No obstante, los sindicatos salieron del encuentro insatisfechos por lo que consideran un plan "desequilibrado" del lado de los empresarios. La centrales piden una nueva redacción del texto, por lo que ven improbable que pueda aprobarse mañana, al menos con su consenso.