La Europa del bienestar realiza esfuerzos muy diferentes a la hora de proteger a sus ciudadanos de situaciones de riesgo o necesidad. Según un estudio publicado la semana pasada por Eurostat, los países de la UE-27 se gastaron de media en 2005 un 27,17% de su PIB, esto es, casi un tercio de la riqueza de todo el continente, en acciones de protección social.

Dentro de este ránking, España se sitúa en el puesto número 16 con un gasto del 21,05% del PIB en protección social. La mayor parte (un 20,55%) se canalizó en forma de prestaciones. En la parte baja de la tabla de países acompañaban entonces a España los países del Este, como Polonia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania y Eslovaquia, además de Chipre. Sólo forma parte del grupo un país de la Europa tradicional, Irlanda, que dedicó a la protección social el 18,15% de su PIB.

Las pensiones de jubilación se llevaron el 10% del PIB comunitario

Aunque los datos son atrasados (es el último estudio comparativo), las grandes magnitudes que se manejan (en España se desembolsaron aquel año 191.338 millones de euros en protección social) hacen difícil que las variaciones con proporción al PIB haya cambiado significativamente.

Así, España desembolsó aquel año menos que la media de los países comunitarios en prestaciones sociales, con excepción de las destinadas a paliar las situaciones de desempleo. En pagar el paro a los desempleados, España gastó un 2,53% del PIB, mientras que la media de los países europeos invirtió el 1,56% de sus economías. Precisamente, en aquel ejercicio, España registró una tasa de paro en línea con la de la UE, alrededor del 9%. De hecho, en cuanto a gasto en prestación por desempleo, España fue el segundo país europeo, por detrás de Bélgica, que más desembolsó en proporción a su PIB. La prestación por desempleo es muy diferente en cada país, siendo muy baja en los países bálticos y del Este.

Las pensiones de jubilación son las que más cantidad de fondos públicos se llevan y alrededor del 10,44% del PIB de la Unión Europea se dedicó a esta finalidad en 2005. España gastó un 8% de su PIB en esta partida. El país que más aportó en pensiones (siempre en proporción al tamaño de su economía) fue Italia, que destinó el 13% de su riqueza a los jubilados.

Países tan heterogéneos como Francia, Grecia, Dinamarca, Austria y Estonia, pusieron el equivalente al 11% de su PIB a disposición de la nómina de las pensiones. Irlanda, que tiene un sistema de pensiones mixto público-privado, sólo echó mano del 3,84% del PIB en pensiones pagadas desde las arcas del Estado. Esta fuerte diferencia es la que lastra el gasto total en protección social en Irlanda que, sin embargo, destina más recursos que la media de los países de la Unión a paliar la exclusión social o a ayudas para acceder a una vivienda.

La lucha contra la exclusión social es el campo con menos recursos

Son estos dos apartados a los que menos recursos destinan los países europeos, con un 0,32% destinado a aliviar situaciones de exclusión y un 0,58% para la vivienda. España destina a estos dos apartados un 0,34% y un 0,32%, respectivamente.

Destaca el 1,22% del PIB que los holandeses destinan a reducir la exclusión social, ligeramente superior al 1% que destina Dinamarca y al 0,8% de Chipre. El país que más recursos moviliza para acceso a la vivienda es Reino Unido, casi un 1,45% del PIB, seguido de Francia con un 0,81% con ayudas para este fin.

Las otras grandes prestaciones que gestiona el Estado, (incapacidad temporal, incapacidad permanente, pensiones de viudedad y de orfandad), también se mueven en un amplio arco a lo largo de los 27 países de la UE, debido a las distintas legislaciones. La más abultada, la incapacidad temporal que cubre las bajas laborales, supuso en 2005 un 7,53% del PIB. En viudedad, países como Bélgica aportaron hasta un 2,84% del PIB mientras que en Rumanía apenas se liberó un 0,07% de la riqueza nacional. Las prestaciones en favor de hijos o familiares rozaron el 4% del PIB en Dinamara, tres veces más de lo que se destinó en España.