Las primeras diligencias de la causa contra el ex ministro José Blanco en el Tribunal Supremo ya permiten extraer una conclusión provisional: la jueza Estela San José, titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo, comienza a reunir las condiciones para ser candidata a ocupar, cuando llegue la ocasión, un sillón en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sigue los pasos de otros magistrados premiados con ese honor en causas altamente politizadas.

Si hay alguna seña de identidad que define la conducta de Federico Trillo, actualmente en espera de destino, y de su partido, es que saben promover a los magistrados/magistradas que hacen méritos evidentes. El PSOE, en cambio, el de Zapatero y Rubalcaba, cuando llega la ocasión crucial aparta a José Antonio Alonso, el hombre que negoció la constitución del CGPJ en el verano de 2008, y deciden colocar al frente del CGPJ a Carlos Dívar "una operación para coger con el pie cambiado al PP".

Ayer, el periodista José Manuel Romero, apuntaba en el diario El País, que el empresario Jorge Dorribo "engañó a la juez [San José] para endosar un cohecho a José Blanco". Así, señala que "Dorribo aseguró a la juez que tenía un documento que probaba que había sacado 150.000 euros de un banco andorrano a principios de febrero de 2011 para sobornar a Blanco. Ese dinero, según la documentación en poder de un juzgado de Andorra, fue para pagar las deudas de una farmacia situada en el principado".

Veamos. ¿No es más cierto que la juez San José decidió ignorar cualquier diligencia que "le estropease la buena noticia" de enviar la causa al Tribunal Supremo, el pasado 3 de octubre, un día antes del inicio de la campaña electoral del 20-N? Pue sí, eso es más cierto.

Y recapitulemos cómo lo hizo. A iniciativa del fiscal jefe de Lugo, la juez había solicitado un informe pericial sobre la contabilidad de las empresas que presuntamente habían realizado y recibido los pagos declarados por el inculpado Dorribo a Blanco y a su primo, Manuel Bran, empresario de instalaciones eléctricas.

Pero la juez estaba en una carrera contrarreloj. Porque empezaba la campaña electoral. Y entonces solicitó informe al fiscal sobre la competencia. Habida cuenta de que Blanco era, y es, aforado, la competencia correspondía al Supremo.

El fiscal de Lugo confirmó que era así, pero añadió que un perito judicial estaba elaborando su informe sobre los apuntes contables, que podría acreditar, o no, la verdad de las afirmaciones de Dorribo. Y, además, quizá también debió de poner el dedo en la llaga al recordar que es doctrina del Supremo no interferir en política durante campañas electorales.

La juez, pues, dictó un auto el 31 de octubre, en el que dejaba constancia de que enviaba una exposición razonada al Supremo. Le daba 3 días al fiscal para recurrir en reforma y 5 para hacerlo en apelación a la Audiencia. Pero en lugar de notificárselo al fiscal se lo ocultó. El fiscal, pues, no pudo recurrir. Este periódico informó sobre la maniobra de enviar la exposición hurtando fiscal el recurso. Y, después de ello, la juez notificó el auto al fiscal el 4 de noviembre. ¡Lo mantuvo oculto cuatro días! 

La operación contra Blanco aporta una gran novedad a las relaciones entre medios de comunicación y acción judicial. Normalmente, las declaraciones o datos se filtran o son obtenidos por la prensa. Pero en este caso, el periódico elegido por Dorribo y su abogado Ignacio Peláez para la campaña informa de que el constructor en prisión ha declarado ante la juez (el 8 de agosto, tras lo cual obtiene su libertad) que ha entregado a Blanco 400.000 euros. Pero la declaración habla de 40.000.

Este cronista, al hallar esta contradicción, llama a Pélaez:

--Dorribo nunca dijo que eran 400.000, ¿de dónde sale esa cifra?

--Eso es lo que el ha dicho. No puedo dar datos -dijo el abogado.

Pero no es así. No lo había dicho. Sólo después de dejar constancia en este diario sobre esta contradicción, o quizá por pura coincidencia, Dorribo pidió declarar por segunda vez. Y dio nuevas cifras. No hablaba de 400.000 pero aumentaba la cantidad inicial de 40.000. No contento, aportó otros datos en una tercera declaración. Los peritos lo hubiesen aclarado, pero la jueza no quería que la realidad le estropeara su buena noticia.