El presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó someter su mandato a un referendo revocatorio que él mismo propuso hace unos meses y que hoy el Senado, controlado por la oposición, aprobó de forma sorpresiva y por unanimidad.

La crisis política boliviana ha dado así un nuevo giro que encamina al país a una consulta popular para revocar o ratificar el mandato de Morales, de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y el de los nueve prefectos (gobernadores), la mayoría opositores.

Fue Morales quien presentó en diciembre de 2007 el proyecto de ley sobre el referendo ante el Congreso Nacional, cuando el país vivía una tensa situación relacionada con el proceso constituyente.

Esa propuesta, tras ser aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados, permaneció varios meses bloqueada en el Senado.

"Quiero reiterar mi posición de someternos al pueblo, que nos diga quién sirve y quién no para gobernar", dijo hoy el mandatario, para quien esa consulta "es una forma de profundizar la democracia" en el país y una expresión de respeto a la legalidad, al Estado de Derecho y al Congreso Nacional.

El presidente izquierdista pidió que el Congreso le envíe cuanto antes la ley de convocatoria del referendo para promulgarla de inmediato.

Según la legislación boliviana, la consulta deberá llevarse a cabo dentro de los noventa días siguientes al visto bueno del mandatario.

En este referendo se preguntará a los bolivianos si están de acuerdo con "la continuidad del proceso de cambio" encabezado por Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, así como con la permanencia de los gobernadores.

La ley establece que para revocar los mandatos hace falta que el "no" supere tanto el porcentaje de apoyo obtenido en los comicios nacional y departamentales de 2005, en los que fueron elegidos Morales, su vicepresidente y los actuales prefectos, como el número absoluto de votos.

En el caso de Morales y su vicepresidente, quedarían revocados si el "no" a su continuidad es superior al 53,7 por ciento de apoyo que consiguieron en 2005 y a los 1.544.374 votos que cosecharon.

Si los bolivianos decidieran revocar al presidente y al vicepresidente, Morales debe convocar a elecciones generales en un plazo de tres a seis meses.

Sin embargo, los prefectos tendrían que dejar su cargo de inmediato si su mandato no obtiene el apoyo suficiente y ser sustituidos por un gobernador interino designado por el presidente de la República.

Los senadores del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) respaldaron la aprobación de la ley sobre el referendo revocatorio porque no tienen "ningún temor" a una eventual derrota del mandatario, comentó a Efe el legislador oficialista Santos Tito.

Horas antes de producirse esta decisión, Morales había convocado a los prefectos opositores a una reunión el próximo lunes para buscar una salida a la crisis política del país, agravada con el referendo autonomista celebrado el pasado domingo en Santa Cruz.

En los últimos meses, la crisis boliviana ha estado marcada por el enfrentamiento entre el proyecto constitucional de Morales y el proceso autonomista liderado por la próspera región de Santa Cruz y secundado por los departamentos opositores de Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.

Las autoridades y líderes cívicos opositores de Santa Cruz celebraron el domingo un referendo sobre el estatuto autonómico regional, considerado ilegal por la Corte Nacional Electoral y por el Gobierno, que llamó a no participar en él.

El "sí" a ese estatuto ganó con un apoyo cercano al 85 por ciento, según los últimos datos de la Corte Electoral Departamental cruceña cuando el escrutinio se encuentra casi finalizado, aunque el Gobierno de Morales tacha de "fracaso" la consulta por la alta abstención.

El anuncio ahora de un referendo revocatorio en todo el país y en el ámbito departamental plantea dudas sobre la celebración de las consultas autonomistas previstas en junio en Beni, Pando y Tarija para ratificar también sus estatutos.