Con el inicio de la cumbre del Banco Central Europeo Barcelona se ha convertido en una ciudad prácticamente en estado de sitio. Ante el temor por las protestas ciudadanas contra la institución bancaria, miles de agentes de Policía patrullan por toda la capital catalana y las fronteras continúan cerradas por la suspensión del Tratado de Schengen, con la que el Gobierno pretende evitar la entrada de activistas y manifestantes extranjeros. Bajo el amparo de esta medida, la Policía Nacional ya ha detenido a 17 personas en los puestos fronterizos y ha negado la entrada a otras 43 desde el pasado 28 de abril.

Según un comunicado emitido por el Ministerio de Interior, más de 242.400 personas han sido controladas mientras intentaban entrar a España por los pasos fronterizos de La Jonquera, Port Bou, Puigcerdá, Camprodon, Les y Canfranc, así como en las aduanas de los aeropuertos de Barcelona y Girona.

Además, las autoridades han preparado un dispositivo de 8.000 agentes con el objetivo de controlar la calle ante el encuentro de bancos centrales que se inicia esta noche con una cena oficial en el Palau de la Generalitat. Posteriormente será el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien viajará mañana a Barcelona para cenar en el Palacio de Pedralbes con el Consejo de Gobierno del BCE, con la esperanza de que este organismo apueste por nuevas inyecciones de liquidez para respaldar las reformas emprendidas por el Gobierno de España.

Pero el cartel que ha poblado las calles de Barcelona avisa: "Nos da igual. 3M cumbre BCE. Hagáis lo que hagáis, acabaremos con vosotros".

El 15-M ha convocado caceroladas contra el "estado de excepción" de BarcelonaEn protesta por la cumbre el movimiento 15-M ha convocado una serie de caceroladas desde hoy y hasta el próximo viernes 4. Así, pretenden denunciar "el estado de excepción en que Barcelona se ve sumida por la celebración de esta cumbre".

La convocatoria, difundida hoy por todas las redes sociales de Internet, llama a salir "al balcón, a la ventana o a las plazas de los barrios" a las 21.00 horas "para mostrar ruidosamente nuestra indignación en repulsa al Banco Central Europeo". De esta forma, el movimiento pide que durante tres días (hoy, mañana y pasado mañana) los ciudadanos hagan sonar cualquier instrumento metálico, preferentemente cacerolas, durante 15 minutos.

Los Mossos d'Esquadra ensayaron ayer por la tarde en Barcelona durante la manifestación alternativa del Primero de Mayo algunas de las pautas de trabajo que utilizarán a partir de hoy frente a las protestas. Así, implantaron controles en todos los accesos a la marcha, se incautaron de material y mantuvieron una fuerte presencia, especialmente con decenas de agentes de paisano. 

Por su parte, la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (PUDUP), que agrupa a estudiantes y profesores, ha aprovechado la reunión del BCE para convocar en Barcelona una huelga estudiantil contra la subida de tasas universitarias para este jueves.

A modo de preludio de esta movilización, un grupo de estudiantes de Filología de la Universidad de Barcelona ha dado hoy clase en la calle, frente al edificio histórico de la plaza Universitat.

El jueves hay convocada una huelga estudiantil contra la subida de tasas

En un comunicado, los estudiantes de la facultad de Filología de la UB indican que, en un referéndum realizado los días 25 y 26 de abril, el 99,7% de los participantes votó en contra del aumento de las tasas universitarias. "Con estos resultados, en los que la participación ha sido mucho más elevada que las mismas elecciones estudiantiles promovidas por la UB, queda patente el desacuerdo de los estudiantes con el secretario general de Universidades, Antoni Castellà, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert", aseguran los estudiantes.

Según los estudiantes, la participación en el referéndum fue del 52 % de los alumnos, mientras que en las elecciones estudiantiles sólo participaron un 2 %.

Los sindicatos catalanes han querido aprovechar la ocasión para acusar a los gobiernos español y catalán de mantener una actuación "represiva" hacia los movimientos de protesta y los derechos y las libertades de la ciudadanía. También reclamado la puesta en libertad de los detenidos durante la huelga general del 29-M.

CCOO, UGT, USOC, CGT, IAC y la Intersindical-CSC han dado a conocer hoy un comunicado conjunto en el que denuncian que, con la excusa de "neutralizar a los violentos", ambos ejecutivos "pretenden vincular la respuesta sindical y ciudadana a las políticas de recortes sociales y laborales a los desórdenes y la violencia urbana".

Estas organizaciones sindicales, que piden que cese la represión, consideran que ambos gobiernos ignoran el carácter pacífico de estas protestas y que mientras el Gobierno del PP ha adoptado un "giro autoritario", con anuncios de modificación del Código Penal, la Generalitat ha llevado a cabo "acciones absolutamente desproporcionadas" en las calles.

Los sindicatos denuncian el "giro autoritario" del Gobierno y piden la libertad para los detenidos el 19-M

En concreto, los sindicatos censuran la detención de tres jóvenes y de una sindicalista de la CGT, todos ellos aún en prisión, y de otros dos representantes sindicales -uno de CCOO y otro de UGT- a las puertas de la fábrica de Seat en Martorell, en Barcelona.

Además de reclamar la excarcelación de las primeras personas, que como el resto fueron detenidas acusadas de incidentes durante el día de la huelga general, los sindicatos mencionados critican la web "de dudosa constitucionalidad" creada por los Mossos d'Esquadra para delatar a personas "supuestamente violentas".

También han denunciado el "creciente y preocupante protagonismo" que están adquiriendo "las políticas de represión e intimidación de los poderes públicos" para limitar las libertades y negar los derechos de la ciudadanía. Por eso, han hecho un llamamiento a las "autoridades políticas" a que pongan fin a esa "actuación represiva" contra el movimiento sindical y "asuman las consecuencias de una huelga general que tuvo un seguimiento masivo", insisten.

Respecto a las personas detenidas o encarceladas por incidentes durante la huelga general, subrayan que no se puede abusar de la prisión preventiva y que resulta "inaceptable" que se trate como "delincuentes" a quienes ejercen su derecho a reivindicar cambios sociales y económicos.

Los sindicatos concluyen asimismo que no permitirán que "el conflicto social abierto por las injustas e ineficaces políticas de ajuste y eliminación de derechos derive en un conflicto de orden público".