Fabra encuentra su "liquidador" para gestionar los 1.125 despidos de RTVV

Radio Televisió Valenciana (RTVV) ya tiene su propio verdugo. El hombre encargado de firmar los 1.125 despidos pendientes de ejecutar desde agosto y liquidar la actual empresa pública. El elegido para tal cargo ha sido Alejandro Reig de la Rocha, un veterano alto cargo que tras más de 20 años en puestos de dirección de empresas públicas de la Generalitat Valenciana llega a la dirección general de RTVV para asestarle el golpe de gracia. Lo hace al borde de su jubilación, 64 años, por lo que la liquidación de la radio y la televisión pública valenciana se presenta como su último servicio al Partido Popular de Valencia.

“Es un auténtico desconocido para nosotros. Sólo sabemos que llega desde la Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que también está en extinción, y que tiene 64 años por lo que llega aquí para liquidar esto como último servicio al partido ”, denuncia el vicepresidente del comité de empresa de RTVV, Vincent Misfud. El mandato de Reig al frente de RTVV no durará más que “unos cuantos meses”, según reconocen a Público fuentes cercanas a la dirección de la televisión valenciana. Su misión es concreta en el tiempo y en el objetivo: debe finiquitar las tres sociedades actuales que conforman RTVV: Canal 9, Ràdio 9 y el ente público -servicios centrales- para que surja la nueva RTVV, a la que espera ya su directora, Rosa María Vidal, una abogada que afirma no haber visto nunca Canal 9.

El Gobierno de Fabra soluciona, al menos de manera temporal, la caótica situación que generó la semana pasada, en pleno proceso de liquidación, la dimisión de José López Jaraba, director general de RTVV durante los últimos tres años, e ingeniero del ERE brutal que debe acabar con el despido de más del 70% de la plantilla. Hasta el momento, de los 1.198 salidas anunciadas sólo se han producido 53, que corresponde a las bajas voluntarias y a los trabajadores en excedencia sin reserva de plaza. Esta semana se debían haber comunicado a los trabajadores, según el calendario previsto, más de 260 despidos correspondientes a trabajadores de Ràdio 9 y el ente público -servicios centrales-. Sin embargo, el hecho de no tener director general, único con legitimidad para firmar despidos y contrataciones, ha vuelto a retrasar la ejecución del ERE.

La noticia del nombramiento de Reig ha pillado por sorpresa a consejeros y políticos de la oposición. Guillermo Sampedro, miembro del Consejo de administración de RTVV a propuesta de Esquerra Unida, se ha enterado esta mañana por la prensa. Nadie de la dirección de RTVV le ha comunicado nada. No obstante, según reconoce, la falta de información es la seña de identidad del Partido Popular de Valencia. “Su última actuación ha sido ejecutar un ERE en la Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias causado por su penosa gestión. Ya tiene en su currículum el puesto de liquidador. Suponemos que esta será la manera que tiene el PP de premiar su 'buen trabajo'. Si buscaban gente honesta y trabajadora no podían haber elegido peor porque este señor llega de cargarse otra empresa pública”, denuncia Sampedro.

Al servicio del partido

El curriculum de Reig, si bien es un desconocido para el gran público, está ligado desde hace 20 años con el Partido Popular de Valencia. Concretamente, desde que el partido conservador regionalista Unió Valenciana apoyara a Zaplana durante su primer mandato al frente de la Generalitat Valenciana, el llamado pacto del pollo. A raíz de este acuerdo, Reig fue nombrado director de la empresa urbanística municipal Valencia Antiga SA. Y poco después saltó a a dirigir la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA (Vaersa), cuando cuando en la Conselleria de Medio Ambiente estaba el unionista José Manuel Castellá.

Sin embargo, Reig no asentaría raíces en esta empresa. Con la caída de popularidad del partido regionalista, Reig dimite de Vaersa, en 1999 alejándose de Unió Valenciana y apoyando al Partido Popular. Quizá por ello, el Consell le volvió a encontrar un hueco en la dirección de otra empresas públicas: Seguridad y Promoción Industrial Valenciana SA (Sepiva). Su último trabajo para la Generalitat antes de aceptar este trabajo ha sido dirigir la ruinosa Fundación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), ahora en extinción tras efectuar otro ERE. “Nos sorprende que llegue un auténtico desconocido de la casa para hacer frente a un proceso tan complejo como este”, reconoce Misfud.

El pleno de Las Cortes Valencianas debe aprobar este viernes el nombramiento de Reig como director general. Para ello, el Partido Popular necesita el apoyo de tres quintas partes de la cámara en primera votación o la mayoría simple en una segunda vuelta.

Cuatro demandas colectivas

Esta caótica situación está desesperando a unos trabajadores que desconocen si dentro de unos meses tendrán trabajo o cuando le será notificado su posible despido. Y la situación no es nueva. La primera vez que se escucharon rumores de ERE en las redacciones de RTVV fue en agosto de 2011. El rumor se confirmó en enero de este año cuando la dirección se lo comunicó al comité de empresa de manera extraoficial. Aún no se había aprobado la reforma laboral ni se había reformado la ley audiovisual, los dos estandartes legislativos sobre los que se están apoyando los diferentes gobiernos para reestructurar sus televisiones públicas. Pero la dirección de RTVV tenía clara la hoja de ruta. “Nosotros pensamos que el PP tenía una hoja de ruta muy clara con todas las televisiones públicas que contempla el despido masivo en las empresas publicas de comunicación y su la externalización de su parrilla”, denuncia Alcover, presidenta del comité de empresa.

La comunicación oficial del ERE se produjo durante el mes de agosto. Desde entonces, los trabajadores han convocado varias jornadas de huelga, paros parciales, se han manifestado en Valencia y en Madrid y han llamado a todas las puertas que podían llamar para que alguien frene el “salvaje” ERE. Su última carta la jugarán en, previsiblemente, la Audiencia Nacional. Los cuatro sindicatos mayoritarios han interpuesto cuatro demandas colectivas ante el expediente de regulación de empleo con el fin de que sea declarado nulo de pleno derecho. A estas denuncias se sumarán las demandas individuales de algunos de los despedidos.