Las feministas exigen claridaden la ley del aborto

Las 18 asociaciones de mujeres que conforman la Red Feminista mostraron ayer al Gobierno su inquietud por aquellos casos en los que las malformaciones fetales se detectan más allá de las 22 semanas, el plazo máximo contemplado en la reforma de la ley del aborto que prevé el Ejecutivo. Fue en el marco de la ronda de contactos que la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, comenzó la semana pasada para escuchar las sugerencias sobre la futura normativa y que concluyó ayer.

Aunque las feministas apoyan modificar la legislación, ayer reclamaron la necesidad de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio y a través de la red pública de salud, así como una mayor protección jurídica de las mujeres y de los profesionales médicos a través de la regulación de la objeción de conciencia.

En cuanto a la reciente campaña puesta en marcha por la Iglesia y las asociaciones antiabortistas, materializada el pasado domingo en las manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades de España, la presidenta de la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, Paloma Alfonso, criticó la actitud que, en su opinión, ha adoptado la "jerarquía eclesiástica". "Muchas católicas abortan y usan preservativo. Nosotras queremos que nuestros derechos sean reconocidos", aseguró Alfonso.

Tras su reunión con el colectivo feminista, Bibiana Aído se entrevistó con la Federación Española de Asociaciones Provida y un grupo de científicos antiabortistas. Durante este encuentro, apenas diez personas se manifestaban contra la ley a las puertas del Ministerio. El único punto en común fue, según la ministra, que la ley actual "no satisface" a ninguna de las partes. A su juicio, mientras estos colectivos quieren "retroceder" e impedir el aborto en todos los plazos y supuestos, la intención del Gobierno es "avanzar" con "más información, más educación afectivo-sexual, más prevención de embarazos no deseados y más garantías" en una ley de plazos y supuestos "perfectamente definidos".

Aído insistió en que el Gobierno defiende la vida "tanto" como los antiabortistas, pero "no puede someterse a criterios religiosos extremos". A pesar de ello, la ministra señaló que, aunque "difíciles", hubo algunas coincidencias. Entre ellas, el establecimiento de un procedimiento de información inexistente hasta ahora por el que las mujeres conozcan las ayudas de las que disponen en el caso de optar por seguir adelante con su embarazo.

Un «paripé»

Mucho más crítica se mostró la portavoz de la plataforma provida Derecho a Vivir, Gádor Joya, quien tachó de "paripé" la reunión con Aído. En su opinión, la ministra sólo pretendía "dar la impresión de que escucha a la sociedad".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, también se refirió ayer a la reforma de esta ley. Habló, en concreto, de uno de los apartados más controvertidos: la posibilidad de que las jóvenes puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno a partir de los 16 años. En este sentido, Caamaño recordó que, a esa edad, una mujer puede, entre otras cosas, "contraer matrimonio" o "permitir una operación a corazón abierto". "Si puede hacer todas estas cosas debemos reflexionar también sobre si debe o no hacer otras", aseguró el ministro.