La Fiscalía de Sevilla acusa a Antonio Rivas, exdelegado en Sevilla de la Consejería andaluza de Empleo (PSOE), de un delito de cohecho por pedir a dos empresarios comisiones ilegales de 450.000 euros "con el pretexto de que eran para la Junta de Andalucía". En su escrito de acusación, el fiscal concluye que Rivas, junto a los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la coordinadora de la Fundación del mercado público Regla Pereira, reclamaron a los representantes del grupo Alazar las comisiones a cambio de que ellos gestionaran una Escuela de Hostelería, que había recibido una subvención de 900.000 euros de Empleo.

La Fiscalía solicita para cada uno de los implicados 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y 900.000 euros de multa, el doble de las comisiones ilegales reclamadas. Este asunto originó la investigación que ha desembocado en el escándalo de la colocación de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía y en el reparto ilegal de 647 millones de euros en ayudas sociolaborales, según la Policía.

Los conservadores han estado acusando en falso
a la Fiscalía de SevillaNi la subvención ni las comisiones llegaron a abonarse. Los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas Rodríguez grabaron la segunda de las reuniones que mantuvieron con Mellet, Ponce y Pereira y entregaron la cinta a la Junta de Andalucía, que posteriormente la llevó a la Fiscalía. Los conservadores han venido acusando en falso a la Fiscalía de Sevilla de inactividad en la investigación. Sin embargo, fueron sus pesquisas las que llevaron a la imputación del exdelegado Rivas. Los fiscales abandonaron después la investigación por imperativo legal porque el caso pasó a la jueza Mercedes Alaya, que admitió una denuncia precisamente del PP.

El fiscal hace el siguiente relato: "Rivas, tras conocer la concesión de la subvención por importe de 900.000 euros, se puso en contacto con Fernando Mellet, y de común acuerdo, con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir a los responsables del grupo Alazar una comisión o dádiva de al menos 300.000 euros". Agrega el fiscal: "Enterados de dicha decisión, Ponce y Pereira aceptaron colaborar con los otros acusados".

El 16 de enero de 2009, Ponce y el empresario Sánchez mantuvieron un encuentro en las instalaciones de Mercasevilla en el que el primero les instó además a pagar "la instalación eléctrica de la Escuela de Hostelería, lo que suponía escribe el fiscal entregar 150.000 euros más". Once días después, se celebró una segunda reunión en el mismo lugar, a la que asistieron los cuatro acusados, Sánchez y su socio De Rojas. Este fue el encuentro que se grabó.

En la reunión, los acusados Ponce y Mellet insistieron en la petición de los 450.000 euros y reforzaron su petición "con el falso argumento de que lo pedido no era para ellos, sino para colaboración con la Junta, prometiéndoles además que si accedían, el grupo Alazar obtendría luego favores tales como más subvenciones, la concesión de todos los catering que se organizaran...", remacha el fiscal.

La grabación ha sido capital en las investigaciones de la jueza Mercedes Alaya sobre la corrupción en Mercasevilla. Mellet y Ponce trataron de convencer a los dos empresarios para que pagasen así: "El funcionamiento es muy simple: la Junta colabora con quienes colaboran. De todas las subvenciones hay que destinar una parte a donde la Junta nos dice. Que es para los niños saharauis y yo me lo tengo que creer, luego será para carteles de Felipe González".