La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a pedir informes a la Generalitat sobre el acto convocado para el próximo sábado en Barcelona para celebrar la liberación de Laura Riera, una colaboradora del "comando Barcelona" de ETA que saldrá de prisión en los próximos días tras cumplir una condena de 9 años.

Así lo han informado fuentes fiscales, que han precisado que el objetivo del Ministerio Público es recabar todos los datos acerca del acto antes de decidir si solicita o no su prohibición porque con su celebración podría incurrirse en un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Quien sí ha pedido la prohibición del acto ha sido la asociación Dignidad y Justicia, que hoy ha presentado un escrito ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional en el que reclama que se libren oficios a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra para que "en su mayor urgencia" emitan informes sobre la convocatoria del acto de homenaje y posteriormente se prohíba.

Según la asociación que preside Daniel Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en 2000, el homenaje consistiría en un acto de bienvenida en la plaza del Raspall de Barcelona, seguida de una marcha con antorchas que homenajearía a otras dos miembros de ETA: Marina Bernardó y Lola López.

El homenaje a Riera, del que por ahora no tienen constancia oficial ni el Ayuntamiento de Barcelona ni los Mossos d'Esquadra, ha sido publicitado en carteles y en Internet por el Casal Popular de Gracia, con motivo de la celebración alternativa de la fiesta mayor de Gracia, que empieza el próximo domingo.

En concreto, el acto de apoyo a Riera, bajo el lema "Benvinguda Laura! (presa política catalana)" ha sido convocado para el próximo sábado 21 de agosto a las 19.00 horas en la Plaça Raspall, donde a las 20.00 horas del mismo día se celebrará una marcha de antorchas para defender la liberación de las "presas políticas", según consta en los carteles y en la web de la plataforma convocante.

Laura Riera fue detenida y encarcelada provisionalmente en 2001 por su supuesta colaboración con ETA, acusada de aprovechar su trabajo en el Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) para facilitar al "comando Barcelona" el número de matrículas de coches de sus supuestos objetivos.

Posteriormente, en mayo de 2004, fue condenada por la Audiencia Nacional a 9 años de cárcel, al igual que otros dos supuestos colaboradores de ETA en Cataluña: Zigor Larredonda y Diego Sánchez, que ya quedaron en libertad el pasado febrero.

Según la sentencia, Riera, que trabajaba como auxiliar administrativo en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrassa, entró al menos en doce ocasiones, entre mayo y diciembre de 2000, en la base de datos de Tráfico para obtener el número de matrículas de varios objetivos de ETA, entre ellas la del concejal del PP de Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, que fue asesinado con una bomba-lapa en su coche el 14 de diciembre de 2000.

Larredonda y Sánchez ya fueron homenajeados en febrero pasado en un acto que el colectivo de apoyo a los presos convocó en las Cocheras de Sants.