La Fiscalía Anticorrupción dio el miércoles un paso de relevancia al solicitar que el Tribunal Superior de Valencia y el de Madrid crucen datos sobre la trama Gürtel. Esa es, según fuentes del caso, una de las peticiones formuladas por el ministerio público al juez José Flors hace dos días en la vista que celebró con todas las partes personadas en la instrucción judicial abierta sobre el presidente Francisco Camps y otros tres cargos del PP valenciano por un presunto delito de cohecho pasivo, es decir, por haber aceptado los trajes.

Entre las nuevas diligencias propuestas por Anticorrupción figura la de solicitar al Tribunal Superior de Madrid que remita al de Valencia copia de toda aquella documentación que afecte a ambas diligencias. Y que con esa documentación se abra una pieza separada secreta. En otras palabras, que se segregue del asunto principal la investigación sobre los trajes de Camps la parte relativa a los papeles que envíe Madrid. En poder del tribunal madrileño obra la contabilidad de Orange Market, que pagó los trajes, así como los papeles y archivos informáticos incautados en su sede de Valencia. Orange Market obtuvo de la Generalitat contratos por ocho millones de euros pese a tener sólo cinco empleados.

Esos documentos, en los que desde el primer momento el Tribunal Superior de Valencia decidió no hurgar, podrían resultar muy valiosos para determinar si, además del llamado cohecho pasivo impropio, hubo un auténtico soborno. O, lo que es lo mismo, si hubo alguien que pagó a cambio de recibir una contrapartida, en este caso, contratos.

En su auto del día 6, por el que imputaba a Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret un delito de cohecho pasivo impropio, Flors sostenía que entre los regalos y los contratos obtenidos por Orange Market no hay ninguna relación causal.

Que prospere la petición de la Fiscalía parece difícil a tenor de cómo se ha desarrollado la instrucción. Limitado por el auto del 21 de abril por el que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Valencia (TSJV) aceptó investigar sólo lo relativo al regalo de trajes, chaquetas y pantalones, el juez Flors no ha aceptado practicar ninguna diligencia que pudiera ampliar la dimensión penal del caso.

Ahora, Flors ha denegado la petición del PSOE, personado como acusación popular, para que seis consejeros de la Generalitat expliquen en sede judicial los contratos que sus departamentos otorgaron a empresas de la trama. Los socialistas también pedían el análisis de la contabilidad de Orange Market, prueba que también ha sido denegada.

El magistrado ha rechazado por tercera vez la petición socialista. Su argumento es que debe ceñirse al delito de cohecho pasivo. Tanto es así que el juez ni siquiera ha aceptado el requerimiento de la Fiscalía para imputar al trío responsable de la trama en Valencia: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.