El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo hoy que, personalmente, no ve "causa de inconstitucionalidad" en la ley del matrimonio homosexual, que el PP tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional. Pero al tiempo que decía eso, no confirmó que el Gobierno del PP fuera a mantener la ley y remitió a lo que diga el Tribunal Constitucional al respecto.

En una entrevista en la cadena Ser, Gallardón dijo que respecto al matrimonio homosexual, "el criterio de mi partido y, por tanto, de mi Gobierno es que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional". Sin embargo, señaló que su "criterio particular es que no existe, yo no aprecio, causa de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico".

Insistió en que es el Constitucional el que debe realizar el "diagnóstico" sobre la ley del matrimonio homosexual, decisión que será la que marque la "pauta legislativa" del Ejecutivo.

Tras conocer las declaraciones del ministro, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) le emplazó a ser "coherente" con su opinión personal y retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Según José Luis Ramírez, portavoz de JpD, la retirada de este recurso "sería lo coherente", puesto que "en esta ambigüedad no pueden seguir". Por este motivo, el portavoz de JpD dijo sospechar que el PP quiere "nadar y guardar la ropa a la vez" en este asunto.

A su juicio, estas "manifestaciones a título particular" del ministro sobre las bodas homosexuales pueden tener como fin "no perder apoyo social", después de que haya anunciado otras medidas, como cambios en la normativa del aborto.  "No se explica cómo el ministro de Justicia pueda mantener una postura personal que difiera de la del resto del Gobierno", aseguró Ramírez, quien cuestionó que el titular de Justicia pueda estar haciendo un "doble juego" respecto al matrimonio homosexual.

Menos tolerante se mostró Gallardón cuando se le preguntó por el aborto. En cuanto a la modificación de ley de plazos, aprobada en la segunda legislatura de Zapatero, el titular de Justicia dijo que intentarán buscar un "gran consenso" en este asunto. Pero ese consenso no es el de 2012, sino el de 1985 (aunque olvida el ministro que entonces el PP se opuso también a la ley del aborto).

Gallardón confirmó una vez más que el objetivo del Gobierno será volver a la ley de 1985 y atenerse a los pronunciamientos que sobre este asunto ha tenido el Constitucional.

Destacó, en este sentido, que se buscará paliar la "total desprotección" en que el no nacido queda en la legislación de plazos aprobada por el último Gobierno socialista.

Por otra parte, en cuanto a la prisión permanente revisable, señaló que su departamento pretende introducir un "mecanismo muy moderno": se establecerá un "mínimo de condena" para delitos graves y "casos brutales", como los atentados terroristas. Explicó que tras el cumplimiento de un "mínimo de condena", se revisará la situación de estos condenados para ver si quedan en libertad.

En cuanto a la situación legal del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el titular de Justicia manifestó que la "mejor respuesta" en esta cuestión la dio el Rey, en el sentido de que hay que respetar los procedimientos judiciales.