La decisión del juez Baltasar Garzón de solicitar su traslado a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la Haya (Holanda), ha despertado las reacciones de colectivos, agrupaciones políticas, de jueces y fiscales.

Ese es el caso, por ejemplo, del portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds en el Congreso, Joan Herrera, quien ha declarado que "han hecho todo lo posible" para que el juez no pudiera investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en nuestro país. "Espero que se vaya a La Haya a investigar lo que no puede investigar aquí".

En este mismo sentido se ha expresado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Este organismo ha lamentado que el juez de la Audiencia Nacional tenga que "exiliarse" en la CPI y ha acusado a los tribunales de convertir al magistrado en un "refugiado político".

Para la ARMH, "la amputación que se le puede hacer a la justicia española del único juez que ha tratado de investigar las terribles violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista es de extrema gravedad" y un "precedente para otros jueces que traten de investigar los crímenes del franquismo".

La imagen de Garzón en el banquillo "tendría unas duras consecuencias"

Aunque no sabe los motivos que han llevado al juez a realizar esa solicitud, la asociación asegura que la imagen de Garzón sentado en el banquillo de los acusados por investigar 113.000 desapariciones forzadas "tendría unas duras consecuencias políticas".

"Si se llevara a cabo la vista oral, es muy probable que pasaran como testigos en el juicio contra Garzón algunos de los principales exponentes de Derecho Penal Internacional y sus declaraciones podrían haber continuado evidenciando la persecución política que se le ha hecho al juez", añade la ARMH.

Asimismo, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha señalado que la decisión del juez va a traer consigo que el Tribunal Supremo tenga que "cargar" con la imagen de una justicia que, "como el Tribunal de Orden Público", condena "a los mejores jueces al exilio".

Otros de los primeros en realizar manifestaciones públicas han sido las asociaciones de jueces y fiscales, que coinciden en que Garzón, como cualquier otro juez, es libre de aprovechar la oportunidad de ocupar un puesto en la CPI, lo que califican como una situación normal que no interfiere en la investigación del Tribunal Supremo.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, ha destacado que el juez de la Audiencia Nacional está amparado por la presunción de inocencia, por lo que a su juicio poco importa que "pida el traslado a la Corte Penal Internacional o se dedique a la cría del jilguero".

"Es el adalid desde el punto de vista de la justicia universal"

No obstante, García reconoce que podría plantearse un problema jurídico si al final en el Supremo, que instruye tres querellas contra Garzón, se produce una situación "penalmente relevante" cuando el juez forme parte del tribunal de La Haya. "Lo que es evidente desde el plano jurídico es que este señor tiene sus derechos en todos los sentidos intactos y que en este momento, desde el punto de vista profesional, puede intentar definir su futuro inmediato en los términos que considere más oportunos", ha añadido.

Con él coincide el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio Espinosa, quien además cree que Garzón es "la persona idónea" para ocupar un cargo en la CPI "por su experiencia y el buen hacer" en asuntos de relevancia internacional. "Es el adalid desde el punto de vista de la justicia universal, ahí está el caso Pinochet, Vileda, Guatemala...", ha recordado Espinosa, a quien no le extraña que Garzón acepte el puesto si le surge esta oportunidad, mientras que "aquí no se lleva nada más que malos ratos".

Manos Limpias ha tachado la decisión del juez de "cobarde"

Las asociaciones de fiscales también comparten que la decisión de Baltasar Garzón de pedir una plaza "transitoria" en otro sitio no repercutirá en los casos que se siguen contra él. Así lo han manifestado la portavoz de Asociación de Fiscales (AF), Pilar Jiménez, y Emilio Sánchez, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quienes reiteran que el magistrado es "perfectamente libre" de aceptarlo o solicitarlo si así lo decide.

Por su parte, Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Acción Política y Programa de UPyD, reclamó que Garzón "haga frente a lo que tiene que hacer frente" para evitar "maniobras" y "dilaciones" que perjudican a la Justicia Española. Y por último, Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias tildó el hecho de "cobarde" y una "huida hacia adelante", ya que "sabe que en esta semana iba a salir el auto de apertura de juicio oral e iba a ser suspendido".